Que el gobernador Cuitláhuac García no hable del tema del quebranto financiero del estado financiero –ni de muchos otros-, no significa que los problemas se hayan resuelto. Por el contrario, el silencio intencionado pareciera tener el propósito de que no haya más escándalos sobre la parálisis del gobierno.

El 26 de octubre pasado, un mes antes de tomar posesión, el joven mandatario estatal anunció que solicitaría al gobierno federal, una vez que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión, un monto por hasta 30 mil millones de pesos para poder rescatar financieramente a la entidad.

Entonces, dijo que se reuniría con el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto precisamente para tratar el tema del presupuesto que será asignado a la entidad para este 2019 y se mostró confiado en que la Federación ayudaría a Veracruz para que no llegáramos a una catástrofe financiera.

Pero un mes después le enmendaron la plana y seguramente le advirtieron que no anduviera ofreciendo lo que no se iba a poder cumplir. El 24 de noviembre, una semana antes de su toma de posesión, Cuitláhuac reconocía que no habría rescate financiero de la Federación, ya que destinar 30 mil millones de pesos equivaldría a otorgar a Veracruz un monto adicional al 30 por ciento del gasto anual.

Aseguró que la federación estaba dispuesta a apoyar con fondos, pero serían a cuenta del monto que se va a ejercer a lo largo de 2019, como podría ser la entrega de adelanto de participaciones. Hasta ahora no sabemos si esa fue la salida para cumplir los compromisos de fin de año y si estos son los recursos que han permitido sobrevivir estas primeras semanas de gobierno.

Lo cierto es que hasta ahora, el gobierno federal no ha enviado un quinto adicional a lo que corresponde presupuestalmente al estado, de lo contrario esto se hubiera hecho público para tranquilidad de los muchos acreedores. Hoy no sabemos si el boquete de 30 mil millones de pesos era el petate del muerto con el que espantaba el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, o si efectivamente, esa era una necesidad urgente del gobierno que no ha podido ser atendida.

Como en el gobierno anterior, no hay información confiable al respecto. Si bien las demandas de pago –empresarios, comerciantes, Universidad Veracruzana, entre muchos otros- han amainado, lo cierto es que no se sabe si ya fueron cubiertos o sólo se logró un acuerdo transitorio para cumplir los compromisos pendientes. Nadie sabe con certeza cuál es el estado de las finanzas estatales.

Esto viene a colación porque luego de un par de años de litigio, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) dictó sentencia en el caso del adeudo del gobierno estatal a los Ayuntamientos y emplazó a que se entreguen los recursos desviados durante la administración de Javier Duarte y que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes se negó a cubrir, argumentando que no era una deuda de él, sino de su antecesor.

La Corte determinó que en realidad era una deuda del gobierno del estado y que por tanto debe pagarse. En términos de deudas, ya éramos muchos y parió la abuela.

Más allá de la grilla política sobre la intervención del Secretario de Gobierno sobre la negociación de estos adeudos, lo cierto es que hay serias contradicciones entre los que dicen los funcionarios del gabinete morenista y sus diputados en el Congreso.

Así, mientras la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado en el Congreso, Rosalinda Galindo Silva, asegura que se siguen cuadrando cifras del presupuesto para cumplir con la sentencia de la Corte, el subsecretario de Planeación, José Manuel Pozos del Ángel ha dicho que los acuerdos “de generosidad” entre el Gobierno del estado y los Ayuntamientos se harán con los municipios que accedan recibir solo el 50 por ciento de lo que les corresponde.

Cuestionado sobre los acuerdos que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ha hecho con al menos 20 ayuntamientos para pagar solo la mitad de los recursos federales, dijo que estos acuerdos son para pagar “en abonos” y no como único pago, a pesar de que Cisneros dijo lo contrario. Hasta hoy, el gobierno del Estado sigue sin definir cómo pagará mil 394 millones de pesos de recursos federales que les fueron retenidos a 72 municipios en 2016, durante el gobierno de Javier Duarte.

Los veracruzanos tenemos el derecho a saber la verdad sobre la deuda que nos ha sido heredada y la situación financiera del estado. El quebranto no es responsabilidad de quien tiene un mes en el gobierno, por ello, no se explica la opacidad, a menos claro, que no tengan idea de cuál es el verdadero daño patrimonial de las últimas dos administraciones.

Mientras, el gobierno estatal seguirá sólo pagando su nómina.

Las del estribo…

  1. Pues resulta que a pesar de la polarización que vivimos, sí somos capaces de ponernos de acuerdo en algo. Ayer no hubo un solo comentario a favor de la incontinencia verbal y política de Ana Miriam Ferráez y su penosa ignorancia: ni su partido, ni instituciones, ni medio de comunicación alguno abonaron a la lamentable ocurrencia de establecer un toque de queda a las mujeres para prevenir los feminicidios. Otra vez, fue el hazmerreir nacional.
  2. La suspensión definitiva otorgada al Fiscal Jorge Winckler podría ser una buena noticia para el gobierno estatal. En principio, se agota una de las instancias de un camino que podría no tener futuro; en la interpretación de un juez federal, la inconstitucionalidad podría darle la razón. Se abre el camino del juicio político, una decisión que se resolverá en casa.