Mientras la inseguridad y la violencia siguen superando récords históricos, el gobierno federal está entrampado entre los conflictos internos para la creación de la Guardia Nacional –principalmente la resistencia de elementos de la milicia y la policía federal-, la inconstitucionalidad de las leyes que la regulan -promovida por la CNDH- y las observaciones de organismos internacionales respecto a la estructura militar de lo que debe ser un organismo de carácter civil.

Para el gobierno de López Obrador, la creación de la Guardia Nacional ha sido un parto doloroso con un mal congénito: su marco legal y la ambigüedad de mando.

Este sábado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó sobre la promoción de cuatro órdenes de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra de diversas leyes de la Guardia Nacional. Las leyes a revisión versan sobre el uso de la fuerza, el registro de detenciones y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No hay que olvidar que la propia CNDH mantiene otras disputas jurídicas con el gobierno federal, como la recomendación emitida por la desaparición de las estancias infantiles. En este caso, la Comisión señala que se busca consolidar el marco jurídico que rige a la nueva corporación responsable de la seguridad pública; estas observaciones ya se habían hecho antes de aprobar las leyes, sin embargo, ni el gobierno ni el Congreso escucharon tales recomendaciones.

La Corte deberá revisar la constitucionalidad sobre la facultad para detener a los particulares, solicitarles información, intervenir sus comunicaciones privadas y localizar su posición geográfica en tiempo real, sin que exista denuncia alguna, para la prevención tanto de delitos, como de infracciones administrativas, lo que afecta la privacidad e intimidad de las personas sin fundamento legal para ello.

También se cuestiona la atribución para inspeccionar y vigilar la entrada y salida de personas en el país, así como verificar si los extranjeros que residen en el territorio cumplen con las obligaciones que establece la Ley de Migración transgreden los derechos de libertad de tránsito, seguridad personal, a la intimidad, de protección de datos personales, así como la prohibición de injerencias arbitrarias.

Además, según la CNDH, el Congreso de la Unión omitió regular en la Ley de la Guardia Nacional la forma en que esta corporación se coordinará con las Policías estatales y municipales, y los criterios para evaluar el desempeño de sus integrantes. En general, el recurso promovido ante la Corte asegura que los tres puntos centrales exigidos por la reforma Constitucional fueron reglamentados en la ley de manera «deficiente e incompleta», por lo que pidió su invalidez integral.

La inconstitucionalidad de algunos preceptos de la reforma constitucional y la ley general habían sido advertida de mucho tiempo atrás. En el contexto de las audiencias públicas en las que se estudió el dictamen, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derecho Humanos (ONU-DH) entregaron a la Cámara de Diputados un análisis técnico en el que identificaron, por separado, problemas en la reforma que pretende modificar la Constitución para habilitar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Entonces, Naciones Unidas advirtió que se normalizaría la intervención militar en tareas de seguridad pública, contrario al paradigma internacional moderno que establece que su intervención en estas tareas debe ser solo excepcional, situación que además se ha reiterado en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por abuso a derechos humanos. Ambas condiciones prevalecieron y hoy son el motivo de la controversia.

Pero no sólo lo, legal se ha convertido en un problema. La creación de una corporación a donde se han incorporado lo mismo miembros del Ejército, la Marina y de la Policía Federal, ha causado un conflicto organizacional, operativo y de mando. Cientos de agentes de la Policía Federal mantienen su protesta por la incorporación a la Guardia Nacional (GN) en la que se planea el traspaso de los federales al nuevo cuerpo de índole, aparentemente, cívico-militar.

La Guardia Nacional contará este año en sus filas con casi 65 mil elementos de las Fuerzas Armadas. En lo que resta de este año, en su primera etapa, se contempla un estado de fuerza de 82 mil 747 guardias adiestrados y capacitados, de los cuales 51 mil 915 provendrán del Ejército; 12 mil 837 de la Marina, y 17 mil 995 de la Policía Federal.

El “híbrido” inventado por el gobierno federal sigue dando serios dolores de cabeza. La corporación estrella del sexenio es un lugar al que pocos quieren ir, no sólo por sus condiciones laborales, sino porque siguen en un limbo jurídico que los ponen en riesgo.

Otra vez, las buenas y legítimas ideas del gobierno, naufragan en la improvisación y la arrogancia.

Las del estribo…

1.    La revista Campaigns & Elections México dio a conocer el ranking de los mejores y peores alcaldes del país. La empresa Massive Calle, hizo lo mismo, llegando a la misma conclusión: en Xalapa tenemos a uno de los alcaldes peor evaluados del país. Basta salir a las calles para confirmar el deterioro de las calles y la inseguridad que sufre la capital del estado. Lástima, Hipólito sería un buen ejercicio para probar la efectividad de la revocación de mandato.

2.    Debido al rezago legislativo que existe, es posible que durante el mes de julio –el último del periodo ordinario de sesiones- los diputados sesionen dos veces a la semana, como lo hace el Congreso federal. Por lo pronto, este martes se agendará el tema de Mixtla de Altamirano; para el matrimonio igualitario no hay prisa.