Que el gobierno federal haya convertido cientos de millones de pesos destinados a la Cruzada contra el Hambre en dólares que fueron a parar a cuentas personales en países y paraísos fiscales de todo el mundo, es un verdadero crimen. La corrupción de Enrique Peña y su gobierno alcanzaron niveles nunca antes vistos, ejerciendo complejos procesos de transferencia de recursos, siempre con la complicidad del presidente, particularmente en el caso de Rosario Robles.

Que se hayan extraviado obras de arte, muebles y hasta enseres domésticos de la residencia oficial de Los Pinos, es irrelevante ante el desfalco en contra de los más pobres; acaso sólo confirma que se trató de un gobierno de funcionarios muertos de hambre.

Según una investigación de la Auditoría Superior de la Federación dada a conocer este miércoles, una parte de dinero destinado a medir el impacto de los programas sociales se cambió a dólares y se dispersó en cuentas bancarias extranjeras. Entre 2014 y 2015, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) le pagó a Radio Televisión de Hidalgo (RTVH) 955 millones de pesos para que realizara estudios que permitieran medir el impacto de los programas sociales del gobierno. Nunca se hizo pero el dinero se pagó.

En la investigación que realizaron el diario Milenio y el portal La Silla Rota, se indica que el dinero comenzó un largo viaje por varias cuentas bancarias en otros países de todos los continentes y que finalmente terminó en manos desconocidas. Desde entonces, la Auditoría Superior de la Federación presentó la denuncia pero esta nunca prosperó por la intervención del propio Presidente.

La investigación indica que se realizó una operación para sacar el dinero del país con el argumento de que había un convenio entre la Sedesol y Radio y Televisión de Hidalgo, y que se realizaron simulaciones de contrataciones con decenas de empresas. La Secretaría de Desarrollo Social contrató a Radio y Televisión de Hidalgo para realizar las mediciones, pero la empresa subcontrató primero a 34 empresas, en 2014, y en 2015 subcontrató a 27. Toda una red de lavado de dinero, como cualquier organización de delincuencia organizada.

La Auditoría Superior de la Federación descubrió que los convenios no se realizaron en las fechas que aparecen en los documentos, que no se realizaron los trabajos para los cuales se pagó y que se dispersó el dinero en otras empresas y cuentas bancarias. Aunque los trabajos para los que fueron contratados las decenas de empresas nunca se realizó, sí se pagaron 334.3 millones de pesos a los primeros 34 proveedores.

A los segundos 27 proveedores se les entregaron 567.6 millones de pesos, y 53.4 millones de pesos se los quedó la empresa Radio y Televisión de Hidalgo, con el argumento de que era su utilidad. Según la investigación de ambos medios, la Auditoría Superior de la Federación estima que esa operación le produjo un daño al erario de 955 millones 311 mil pesos.

Ya en febrero de 2015 se conocía a detalle el modus operandi en la Sedesol. A través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza la ex perredista Rosario Robles, encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos, concluyó la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La auditoría 13-0-20100-12-0269 demostró que, a través de esquemas de subcontrataciones en forma de ‘pirámide invertida’, las universidades pagaron cantidades millonarias para proyectos que nunca se realizaron, recursos que terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a los contratos. El resultado fue el mismo: la impunidad.

Si el gobierno de López Obrador no envía a la cárcel a los responsables, se convertirá en un cómplice más. Aquí no se trata de política, aquí se trata de la más obscena corrupción que quitó el alimento a millones de mexicanos en todas las regiones del país. No hay pactos de impunidad que valgan. No se puede excusar que la aplicación de la justicia es un pantano que nos impide avanzar. El gobierno debe castigar y recuperar lo robado.

Si no lo hace, su promesa de que “primero los pobres” habrá sido otra estafa maestra.

Las del estribo…

  1. Se busca taquimecanógrafa. El gobierno de López Obrador busca con súbito afán una verdadera secretaría ejecutiva a la que no le falle el copy-page ni tenga errores de dedo a la hora de elaborar reformas legislativas y presupuestos. Estos errores han causado muchos problemas al Presidente con las universidades, el servicio exterior y representantes de la cultura. ¿Qué no hay buenas secretarias en este país?
  2. Que el góber viaje en autobús no está mal; se agradece la voluntad de poner fin al despilfarro –algo que algunos nuevos funcionarios no comparten-, pero en sentido estricto pierde tiempo que debería dedicar a tomar decisiones importantes para el estado. ¿Y si hay una emergencia?¿y si el autobús sufre una avería? Mimetizar al Presidente no siempre es una buena idea.