Dicho simple y llanamente, la bursatilización impulsada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán resultó en una especie de “tanda” con altos intereses, en la que los Ayuntamientos recibían el primer número: hubo una abundancia efímera a cambio de años de compromisos presupuestales que dejaron secas las arcas de la mayoría de los municipios. Fue otra de las herencias malditas de la fidelidad.

Veracruz y sus Ayuntamientos vivieron una trágica paradoja: nunca tuvieron tanto dinero, al tiempo que nunca habían estado tan endeudados. El hecho de que los presidentes municipales de aquella época gastaran el “dinero futuro” fue el mal menor, en medio de la estafa del siglo.

A la distancia, la bursatilización no generó mayor desarrollo en los municipios y, en cambio, enriqueció groseramente a muchos funcionarios y alcaldes, empobreciendo por largo tiempo las tesorerías municipales.

El modus operandi fue así: con la bursatilización –algo que se celebró en grande en aquella sesión de la Bolsa Mexicana de Valores que inauguró el propio Fidel Herrera–, los ayuntamientos autorizaron al Gobernador la afectación al Fideicomiso emisor de la recaudación del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (ISTUV) que les correspondía para el pago del servicio del financiamiento, esto con el objetivo de generar recursos para obra pública.

Con este mecanismo financiero, los Ayuntamientos tenían millones de pesos frescos adicionales a su presupuesto, producto de la recaudación futura de la tenencia vehicular. Y empezó la danza del dinero: los niños de la fidelidad se encargaron de cobrar comisión a los bancos por el gran negocio que acababan de entregarles, de pedir moches a los alcaldes respecto de los recursos que obtendrían vía el Ejecutivo estatal, y hacer los grandes negocios con empresas –propias y particulares– para la realización de las obras públicas autorizadas.

En esto último, también hubo obras fantasmas, sobre precios y otras linduras que completaron el atraco. Lógicamente, los presidentes municipales también reclamaron su parte del pastel y repitieron el esquema para obtener beneficios.

En 2008, en total 199 Ayuntamientos se adhirieron para realizar dos emisiones, una por 995.4 millones de pesos y la segunda por 212.5 millones de pesos, como parte del Programa de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios que quedó en un monto general de mil 207 millones 999 mil 591 pesos. De esta forma, los ayuntamientos quedaron endeudados con la promesa de poder pagar «en facilidades» los recursos que les otorgarían para obra pública mediante la bursatilización.

Y entonces parió la abuela. A partir del año 2012 en que desapareció el Impuesto sobre Tenencia Vehicular comenzaron a utilizarse las participaciones federales, según el procedimiento establecido para el pago de los certificados bursátiles, se redujeron los ingresos de libre disposición tanto del Estado como de los municipios. El impuesto se fue y la deuda se quedó.

De acuerdo con la SHCP, a la fecha los 199 municipios adeudan de manera conjunta mil 424.2 millones; es decir que a 11 años el monto original de las emisiones bursátiles, en vez de reducirse se ha incrementado en 216 millones 299 mil 387 pesos. Cientos de millones de pesos de recursos públicos han ido a parar a los bancos sólo por concepto de intereses; la deuda bursátil sigue intacta.

En cuanto a los casos más graves de endeudamiento por la bursatilización del Impuesto a la Tenencia Vehicular -que en 2012 comenzó a pagarse con los recursos federales-, se encuentran Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz. Tan sólo en esos tres municipios se suman 322 millones de pesos de deuda.

En más de una década, los Ayuntamientos no han podido sacudirse un peso del compromiso; tampoco lo podrán hacer en las próximas administraciones municipales. En ello radica la importancia del anuncio hecho este fin de semana por el gobierno estatal, quien propondrá alternativas –sería aventurado decir que es una solución definitiva– para que los municipios reestructuren sus créditos bursátiles.

José Luis Lima Franco, responsable de las finanzas del estado, informó que en enero del 2020 podría ser reestructurada –mediante licitación pública– la deuda de los municipios por la bursatilización. Según el funcionario, el esquema consiste en cambiar las emisiones bursátiles por créditos bancarios para bajar las tasas, ya que los ayuntamientos únicamente han pagado intereses.

La propuesta debe pasar aún la aduana de las actuales condiciones financieras del país –una eventual recesión también implicaría menos participaciones federales–, y el ácido de la politización.  La ventaja es que el próximo año no habrá elecciones.

Las del estribo…

  1. ¡Otra vez empinaron al Gobernador! Tras los disturbios en Altotonga, Cuitláhuac García dijo al menos dos flagrantes mentiras, producto de alguien que le juega sucio. Aseguró que no intervenían porque no se había presentado denuncia. Primero, resulta que sí hubo denuncia por parte del alcalde; segundo, el gobierno y la policía estatal no son la FGE para actuar en atención a una denuncia, su función es preventiva. ¿Quién lo asesora?
  2. Medios y redes sociales han documentado un nuevo caso de nepotismo en el diáfano gobierno de la 4T. Resulta que el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona norte del estado, el tabasqueño Candelario Pérez Alvarado, colocó a su esposa Maricruz García Ramón como funcionaria en otra delegación del gobierno federal. Eso de que los familiares llenen las nóminas oficiales ya se volvió costumbre.