El yunismo –suponer que sólo se trata del ex gobernador Miguel Ángel Yunes sería un error-, no vivía días tan aciagos desde la derrota electoral de julio del año pasado.

La anulación de la elección interna de la dirigencia estatal del PAN y la denuncia interpuesta en contra de una pléyade de funcionarios de la administración anterior –incluido por supuesto el propio Yunes Linares- a raíz del millonario fraude que resultó el proyecto de video vigilancia en el estado, dan muestra de que la maquinaria ha empezado a caminar para frenar el activismo del ex gobernador.

Pero no será una tarea fácil para el morenismo, aún cuando tengan la voluntad del Presidente. Por supuesto que ambos eventos –la denuncia y la anulación- no son cosas que quiten el sueño a López Obrador, pero su operación política es algo que se cocina desde Palacio Nacional.

La denuncia por el caso de las videocámaras aviva el ánimo de las huestes locales pero el tema está muy lejos de ser resuelto. La Fiscalía General de la República habrá de hurgar mucho para poder llevar a Yunes Linares ante la justicia; en la lógica administrativa en México, tendrán que caer muchos funcionarios de medio pelo antes de que la lumbre llegue al ex gobernador, quien tiene los medios suficientes para defenderse.

El hombre clave en esta historia es precisamente el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien fue compañero de gabinete de Miguel Ángel Yunes Linares durante el gobierno de Vicente Fox. En aquéllos años, Gertz era Secretario de Seguridad Pública al tiempo que el veracruzano era titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

Hoy juegan en canchas distintas. Apenas en febrero pasado, Gertz Manero se habría reunido con el Presidente López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García para analizar las denuncias existentes en contra de Yunes Linares. Hoy se ha agregado una más, la que este martes presentaron los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Cisneros Juárez y Hugo Gutiérrez Maldonado.

Hasta ahora, ninguna denuncia contra Yunes ha prosperado. Si los argumentos de la empresa de video vigilancia son ciertos, la responsabilidad alcanzaría incluso a la actual administración. Si Morena vuelve a fracasar en su intento por sacar a Yunes del camino, entonces podría haber consecuencias al interior del gabinete.

Por eso, tal vez lo que más preocupe a Miguel Ángel Yunes no sea la denuncia penal, sino la anulación de la elección interna del PAN y de Pepe Mancha decretada la noche de ayer por el Tribunal Electoral. Si el ex gobernador pierde el control del partido, no sólo se debilitará la ascendencia que actualmente tiene sobre el grupo parlamentario en el Congreso y la mayoría de los alcaldes panistas, sino que la eventual candidatura de su hijo en la próxima elección de Gobernador se vendría abajo.

En su resolución, el Tribunal confirmó que Pepe Mancha y Miguel Ángel Yunes ganaron la dirigencia a la mala, en contra de uno de sus viejos aliados. Las inconsistencias en más del 85 por ciento de las casillas confirmaron que no hay una certeza sobre la voluntad de la militancia panista; basta decir que el 94.55% de los paquetes electorales fue entregado y trasladado por personas ajenas al proceso electivo.

También se presentaron pruebas del uso indebido de recursos públicos; mayor número de votos nulos en las casillas en las que no ganó la fórmula de Mancha Alarcón; violación de la cadena de custodia de la paquetería electoral; falta de medidas y certeza en el traslado de paquetería; omisión de permitir a los representantes de los candidatos a acompañar el traslado de la paquetería, entre otros. Un cochinero que no quiso limpiar ni el CEN del PAN.

Con apenas una diferencia del 2.26% entre ambos contendientes, se acreditaron inconsistencias en más del 85% de los centros de votación instalados, por tanto no hay forma de demostrar quien ganó. En los hechos, Pepe Mancha ya no es más el Presidente del PAN en Veracruz.

Tal vez la única buena noticia para el yunismo legislativo es que ayer mismo, en medio de la tormenta política, fueron exonerados los diputados panistas que formaron parte de la Comisión de Vigilancia y que fueron acusados –incluso por el propio Orfis- de haber limpiado las cuentas públicas de varios Ayuntamientos a cambio de una generosa compensación.

Al final del día, la justicia sigue siendo selectiva.

Las del estribo…

  1. La breve existencia del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ha resultado un cochinero. En enero, cuatro de sus integrantes renunciaron; hoy sus miembros –entre ellos el Presidente Sergio Vásquez Jiménez- se acusan mutuamente de… ¡corrupción! El colmo es que se investiguen ellos mismos. El escándalo y sus vínculos con el ex contralor Iván López Fernández ha dinamitado las aspiraciones de Vásquez Jiménez para llegar a la titularidad del ORFIS.
  2. Y sigue la lucha entre las tribus morenistas en el Congreso. Enlistado en la orden del día, los diputados decidieron retirar el dictamen con el que se aprobaba la contratación de créditos para el estado y municipios, tan urgidos como están de recursos. Entre los que siguen trabajando para derrocar al presidente de la Jucopo y otros preocupados por llegar a la Secretaría General de Gobierno, el grupo parlamentario es un verdadero enemigo del Gobernador.