Hace casi tres años, en julio de 2016, Andrés Manuel López Obrador aseguró con singular entusiasmo que “no se puede derogar reforma educativa, sería claudicación del Gobierno y no le conviene a nadie. Tiene que haber autoridad”. Sus palabras lo alcanzaron: la derogación de la reforma educativa ha sido puesta en manos de la CNTE, una claudicación inexplicable ante su indiscutible autoridad.

Desde su campaña política, el camino a seguir en la derogación de la reforma educativa ha sido una sinuosa encrucijada. Los intereses creados, la fuerza de los sindicatos en conflicto –la CNTE y ahora el SNTE con el regreso de Elba Esther- y la falta de un nuevo modelo educativo mantienen en el limbo la suerte de millones de niños y maestros en el país.

El sábado pasado, el propio Presidente amagó con que si se demora la aprobación de la nueva reforma educativa impulsada por su gobierno, emitirá un decreto para la abrogación de la que aún está vigente, avalada en el sexenio pasado. Es algo que no podrá hacer, a menos que se brinque la Constitución.

Su advertencia no reparó en dos circunstancias muy particulares: que el pasado 12 de diciembre, él mismo firmó una iniciativa de reforma al marco normativo relacionado con la educación, para derogar la vigente generada en 2013, a partir del llamado Pacto por México.

La reforma plantea entre sus novedades, el regreso a su plaza de los maestros que fueron cesados por la evaluación; también, un nuevo sistema de carrera magisterial y extingue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que será sustituido por el Instituto Nacional para la Revalorización del Magisterio, instancia que medirá resultados y certificará aptitudes sin orientación punitiva. ¿Entonces para qué emitir un nuevo decreto?

Y segundo. Gracias a una reforma impulsada por Lázaro Cárdenas, el Presidente no puede emitir decretos para derogar o promulgar leyes sin tomar en cuenta el proceso legislativo del Congreso de la Unión.

López Obrador no podría derogar la reforma educativa emblemática del sexenio anterior. El artículo 49 de la Constitución le prohíbe al Jefe del Ejecutivo federal tomar esa decisión, pues tendría que reponerse el proceso legislativo para poder abrogar una legislación que ya fue promulgada y se ejerce en la actualidad.

Según lo publicó ayer mismo El Universal, la redacción actual de la Carta Magna sólo permitiría al Presidente de la República emitir decretos de ley sin el proceso legislativo previo en los casos mencionados en los artículos 29 y 131 constitucionales, es decir, cuando el país esté en peligro de invasión o cuando deba emitir gravámenes a las mercancías de importación y exportación y el Poder Legislativo esté en periodo de receso. Pero no estamos ante ninguno de estos supuestos.

El sábado, durante la entrega de los Programas Bienestar, Andrés Manuel aseguró que se dialogará con el magisterio para hacer una reforma educativa que tome en cuenta las diferentes voces. Sin embargo, dejó en claro que “lo único que no manejarán los líderes sindicales es la asignación de las plazas… ese mercado de plazas ya se acabó”, además de que la nómina del sector educativo se federalizará.

Una vez más, el Presidente ha cambiado de opinión. En aquel lejano 2016, el entonces dirigente nacional de Morena decantó como ahora a favor de la CNTE en su oposición a la reforma educativa, pero fue muy cauto al pedir la revisión de la ley y no su erogación.

El jueves 21 de marzo, el secretario de educación Esteban Moctezuma reveló los 26 puntos que contiene el nuevo modelo educativo presentado por el presidente. Ahí, en la mañanera, aseguró que no habrá ningún vínculo entre evaluación y la permanencia de los maestros en sus puestos, tal y como lo ha exigido la CNTE. Además aseguró que lo mejor de la iniciativa para la abrogación de la reforma educativa está por venir, dado que es equitativa, inclusiva, intercultural y plurilingüe, con respeto a los derechos de todos.

Moctezuma explicó que la contrarreforma que propone el nuevo gobierno contempla la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la reinstalación de docentes despedidos, la promoción asociada con conocimientos aptitudes y experiencia, revivir las clases de civismo, entre otras

Pero gracias a la tercera transformación, la derogación educativa de la 4T sólo es un catálogo de buenas intenciones.

Las del estribo…

  1. Resulta que nuestra flamante Secretaria de Energía, Rocío Nahle, injertó en verificadora de la Profeco y se puso a informar “Quién es quién” en los precios de la gasolina. Lo curioso no es que haya raspado y feo a la Shell, señalando que es la empresa que vende más caro, sino que citó que una gasolinera en Coatzacoalcos es de las que expende el litro de gasolina más barato… ¿Será que porque hace un año que está cerrada?
  2. Otra vez el Ayuntamiento devolverá dinero a las Federación. Si en efecto los 2.8 millones de pesos corresponden a economías y rendimientos, entonces no había forma de retenerlos; el caso es que obras que se debieron entregar el 31 de marzo no se concluyeron y eso provocó la nueva devolución. ¿Qué está fallando, obras públicas, la tesorería o la comunicación social? Las tres.