El tristemente célebre episodio de la captura e inmediata liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán puso en evidencia la fragilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado, la falta de conocimiento, capacidad y estrategia por parte del gobierno federal, pero sobre todo, la personalidad megalómana de un Presidente que no sabe ser el Comandante Supremo que requieren las fuerzas armadas.

Si bien no está establecido en la Constitución sino sólo en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Presidente tiene el carácter Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, lo que lo convierte en el único facultado para disponer de ellas.

Según la ley, cuando se trate de operaciones militares en las que participen elementos de más de una Fuerza Armada –como fue el caso de Culiacán- o de la salida de tropas fuera del Territorio Nacional, el Presidente de la República ejercerá el mando supremo por conducto de la autoridad militar que juzgue pertinente. En este asunto –según ha declarado- lo hizo a través de su gabinete de seguridad, que no es más que una instancia de coordinación de las dependencias de la administración pública federal en materia de seguridad pública. No más.

Por ello, aunque insista en lo contrario, en el operativo de Culiacán no hay más responsable que el Presidente, sin importar si hay otros funcionarios de alto rango que también tomaron decisiones y participaron en captura y liberación del narcotraficante, sobre quien –ahora sabemos- ni siquiera pesa orden de aprehensión en nuestro país.

Han pasado dos semanas y media de aquél jueves negro para el Presidente, para Culiacán, para las fuerzas armadas y para el país entero. Si la brasa sigue encendida es por varias razones: en principio, porque por parte de la autoridad se cometieron delitos graves –la liberación de Ovidio es una de ellas- que no han sido sancionados y sobre los que se intenta evadir la responsabilidad penal.

Las otras razones obedecen a que el Presidente ha mentido de manera reiterada a los ciudadanos –en este tiempo ha modificado, aclarado o negado su propia versión de los hechos en al menos seis ocasiones-, y ha mancillado el honor y la disciplina de las fuerzas armadas, exponiendo incluso a su personal al hacer pública su identidad. Revisemos la bitácora.

La primera mentira oficial fue que se había tratado de un operativo de rutina en el que, al verse agredidos por un grupo de delincuentes desde una casa particular, los elementos militares intervinieron el domicilio y se encontraron con la sorpresa de que ahí estaba el hijo del Chapo Guzmán. La mentira cayó ese mismo día con cientos de imágenes en redes sociales que mostraron el despliegue de elementos en torno al lugar donde se encontraba el joven narcotraficante.

En esta falsa y manipulada narrativa, el Presidente dijo como segunda mentira –algo inconcebible en su condición de Comandante Supremo- que no sabía que el Ejército iba a llevar a cabo un operativo para capturar a Ovidio Guzmán y que sólo tuvo conocimiento hasta que, en medio del caos, el gabinete de seguridad le propuso la liberación para evitar una masacre mayor lo mismo en Culiacán que en otras estados del país. El propio Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, lo desmintió y dijo que sí sabía.

La tercera mentira fue precisamente que él no tomó la decisión de liberar a Ovidio sino que sólo la avaló. El aval es un acto de autoridad implícito. Esta mentira se entiende en el contexto de la responsabilidad penal que implica este hecho, por el cual agentes, ministerios públicos y hasta jueces han sido procesados. Por ello, Durazo aclaró que no había orden de aprehensión, que se trataba de una solicitud de extradición, y por tanto, no habría delito que perseguir en contra de quien decidió liberarlo.

La última canallada fue obligar al Secretario de la Defensa –quien debió negarse a la petición del Presidente- a revelar la identidad del responsable del fallido operativo, lo que desató una cascada de críticas y el reclamo de exponer al militar y a su familia a la venganza del crimen organizado. López Obrador pensó que con decir que se trataba de un mal entendido de los medios y que en realidad era una persona distinta, el problema quedaba resuelto. Inverosímil.

El mandatario ha usado al Ejército lo mismo para construir un aeropuerto que para recoger sargazo. Ahora utiliza la canallada de acusar un golpe de Estado y en su desesperación, llamar a sus seguidores a ejercer a la violencia, como si los militares fueran el enemigo. No entiende y reniega de su papel castrense.

Si tenemos un Presidente que no está informado, que no toma decisiones –las delega al gabinete de seguridad-, que expone irresponsablemente a su tropa –él es el jefe supremo- y que elude la responsabilidad política y militar de sus decisiones, entonces tenemos un Ejército sin comandante.

Si no va a pasar a la historia como héroe, ahora quiere pasar como mártir.

Las del estribo…

  1. Este lunes es clave para el gobierno interior del Congreso local. La división al interior de Morena evitó la llegada de Rosalinda Galindo o Margarita Corro a la Presidencia de la Mesa Directiva, por lo que se mantendrá el tuxpeño Pozos Castro. Tampoco llegará Nora Lagunes (PAN), quien en compensación ocuparía la Secretaría que ostenta Jorge Moreno (PRI). La Vicepresidencia será para Brianda Kristel (PRD-MC), a quien le darían una salida digna de la Comisión de Vigilancia y a su conflicto de interés.
  2. Otra vez, los colaboradores abandonan al Gobernador. Las fuertes lluvias que trajo el Frente Frío No. 8 dejaron incomunicadas algunas regiones de los Tuxtlas -incluyendo el emblemático Salto de Eyipantla-, y daños en la zona de Zontecomapan. Los videos sobre el oleaje en el bulevar Veracruz-Boca del Río se vieron en todos lados. Quien no aparece por ningún lado es la Secretaria Guadalupe Osorno.