Ayer cumplió Enrique Peña Nieto dos años al frente del gobierno federal, y ya las luces que gobiernos y medios de comunicación internacionales le veían, incluso con el aura de convertirse en el salvador de México (Saving Mexico), se han apagado estrepitosamente.

Aunque sus opositores de todo color ven en esa cada vez más endeble figura una oportunidad: muchos pidiendo que renuncie al cargo, y los partidos políticos como el escenario más conveniente para lograr triunfos electorales en las elecciones intermedias del 2015 e, incluso, la derrota priista en 2018, lo cierto es que su debilidad afecta cada vez más al país entero.

Pocos le creen o están con él (cuatro de cada 10 mexicanos, según encuestas), lo que debe obligarlo a dar muestras de una voluntad para cambiar las cosas y corregir el rumbo de las reformas ya aprobadas.

Sus soluciones mediáticas a los temas de la seguridad, la procuración de justicia, la transparencia y la impunidad, además de requerir acciones inmediatas y efectivas, deben ser acompañadas de un combate frontal a la corrupción galopante que no solo permea en las corporaciones policiacas locales y en los ayuntamientos del país.

Para cualquier mexicano queda claro que la clase política, sea del tinte que sea, ha utilizado los puestos públicos para enriquecerse de manera bochornosa, y lo seguirá haciendo porque no hay un mínimo castigo por disponer ilegalmente de los recursos del erario para engrosar fortunas fortuitas y escandalosas.

Y eso ocurre en cualquier escala de la estructura del poder, comenzando por el propio Presidente de la República y su numerosa familia, funcionarios federales, gobernadores de los estados, líderes sindicales, alcaldes y hasta el más inútil de los funcionarios estatales.

De nada servirá que se destinen recursos, por ejemplo, a crear condiciones de desarrollo en el sur del país, como en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que recibirán inmensas inversiones en infraestructura y promoción para que en sus territorios se asienten empresas que generen empleos, si más de la mitad quedarán en el camino gracias a la voracidad de toda clase de funcionarios públicos que sean designados para hacerse cargo de los programas.

El grave problema del país no solo radica en la impunidad con que actúan los grupos criminales que han quebrado la economía de miles de familias, se han saldado con decenas de miles de mexicanos asesinados y han privado de la libertad a otro tanto.

El problema es que las acciones consideradas por Peña en su decálogo, el relativo a la transparencia y el combate a la corrupción, debió haber comenzado de inmediato, para llevar a tribunales a exalcaldes, exgobernadores y exfuncionarios que ya robaron, que ya flagelaron las finanzas públicas y se encuentran en pleno disfrute del dinero de los mexicanos.

Pensar en que se hará borrón y cuenta nueva sería tanto como aceptar a un gobierno federal cómplice con quienes nos han dejado prácticamente en calzones, como ha ocurrido en Veracruz en los últimos 16 años. ¿Cuáles fueron los compromisos asumidos por el PRI para ganar los comicios federales que tienen en el poder a un Peña Nieto débil? ¿Proteger con total impunidad a los corruptos de todos conocidos?

La cultura como comercio

Para quienes gobiernan Veracruz, la cultura es el bien menos valorado. A la reducción asfixiante de los presupuestos destinados a la promoción de la cultura y a la infraestructura destinada a la educación y difusión artística, habrá que agregar la utilización de las fiestas populares que se encargaban de mantener vivas las tradiciones y expresiones genuinas del arte veracruzano para convertirlas en insufribles espectáculos diseñados para atraer el turismo.

El gobierno estatal se ha encargado en los últimos años de expropiar las fiestas populares para imponer modelos totalmente ajenos a las comunidades, mientras sus medios de comunicación han sido desprovistos de las expresiones autóctonas en aras de un descabellado rating en competencia con las televisoras y radiodifusoras comerciales.

Destaco lo dicho por un buen amigo, Ramón Gutiérrez, del grupo Son de Madera, en entrevista con Luis Barria, publicado en su columna El jazz bajo la manga, que se difunde en el portal y el semanario impreso de Formato Siete:

“Me siento un poco frustrado con lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, los espacios en las radios comerciales y en la propia radio del Estado se han cerrado, hay un monopolio que maneja la industria del espectáculo y uno oye a los mismos grupos de música comercial programados en Xalapa, en el Estado de México, en Coatzacoalcos, en Tabasco y eso es triste, aunque nosotros tenemos muchos espacios y seguimos viajando y seguimos tocando, es triste para todos los demás.

“Hace dos o tres décadas teníamos esos espacios, sí había esa sensibilidad por la parte institucional pero ahora ya no y nosotros nos damos cuenta de que si cerramos las puertas a la diversidad, no sólo de la música tradicional sino de todo lo que se hace en México, nos estamos condenando a lo que estamos viviendo ahora con la violencia”.

Al referirse a la expropiación de las fiestas populares, el sonero que ha recorrido el mundo difundiendo el son jarocho señala:

“México se ha convertido en un país que niega totalmente nuestra cultura. La feria de Tlacotalpan, por ejemplo, la hicimos los soneros desde hace 30 años, fue independiente, es una feria totalmente nacida del son jarocho, de la contracultura, y vemos cómo se la apropió el Gobierno del Estado, pero también con el consentimiento de mucha gente que está dentro del son.

“La Universidad Veracruzana necesita abrir los espacios que se han cerrado a la cultura popular, porque se ha limitado a los grupos que tienen su representación y los tiene ahí, encasillados, con una estructura inamovible que llega a veces hasta la petrificación. La cultura oficial no ha podido moverse de una manera que retribuya a la propia sociedad y eso tiene que ver desde la estructura de rectoría hasta los propios artistas”.

Ojalá podamos reflexionar colectivamente sobre estos retrocesos vividos en nuestra entidad.

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