Por René Quenallata Paredes

LA PAZ, 19 ene (Xinhua) — En Bolivia se incrementó en el último año la violencia hacia las mujeres debido a una crisis en los roles machistas tradicionales, que se ha traducido en feminicidios, pese a la existencia de normas que sancionan con la máxima pena este delito, señalan organizaciones defensoras de este sector de la población.

La preocupación radica en que las leyes no ayudaron a bajar el índice de las cifras de este delito, pues se mantienen en un promedio de 100 feminicidios por año en el país sudamericano, expresó la secretaria ejecutiva de la red activista Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.

«Los feminicidios se han convertido en una verdadera pesadilla que parece crecer y no paran los casos en el país», dijo en entrevista con Xinhua la representante de esta red conformada por organizaciones no gubernamentales.

Completó: «La ola creciente de violencia de género en Bolivia y los casos de feminicidio, ameritan que el gobierno declare alerta nacional (contemplado en la ley), para implementar acciones conjuntas para luchar contra ese flagelo».

En 2017, Bolivia registró 111 feminicidios, frente a 104 reportados en 2016, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado.

De este número, 41 homicidios a personas de este sector de la población correspondieron a estrangulamiento, 28 a golpes, 21 a muerte por apuñalamiento y siete más a disparos con armas de fuego, entre otros.

Los departamentos bolivianos con mayor cantidad de homicidios contra mujeres fueron Cochabamba (centro) con 29 casos, La Paz (oeste) con 28 y Santa Cruz (este) con 17, regiones del eje troncal boliviano que concentran el 65 por ciento del total de registros.

De acuerdo con la división de feminicidios de la Fiscalía General del Estado, cada mes se registran al menos nueve crímenes en contra de mujeres en el país sudamericano.

Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo, entre 2013 y 2016, se registraron dos muertes por semana en promedio relacionadas con violencia de género en Bolivia.

Por su parte, la defensora del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Griselda Sillerico, expresó en contacto telefónico con Xinhua su preocupación porque continúan elevadas las cifras de este tipo de crímenes.

Según la activista, las mujeres viven verdaderas «pesadillas» cuando sus parejas se embriagan o son dominadas por los celos.

Explicó que el feminicidio es un crimen de género, cuya intención de los agresores es dominar, ejercer control a través del uso de la violencia y negar la auto afirmación de las mujeres como sujetos de derechos.

Sillerico explicó que esta violencia no se limita a golpes, sino que se observan casos de otras formas de agresiones más severas como acuchillamiento, envenenamiento o incluso disparos a la pareja.

Estadísticas de la organización y de otras instancias, así como de la Fiscalía General del Estado, dan cuenta que en el 70 por ciento de los feminicidios registrados en el último lustro, predominaron los celos de la pareja de la víctima, sobre todo en estado de ebriedad.

En tanto, el 20 por ciento de los casos obedeció al ejercicio de poder del hombre sobre la mujer y el 10 por ciento restante a otros motivos.

El hogar se ha convertido además en un espacio de riesgo para las mujeres, ya que el 60 por ciento de este tipo de crímenes se produjo en casa de las víctimas.

La también activista Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) tiene reportes de que cada fin de semana se registran agresiones físicas contra mujeres, asociadas al consumo de alcohol y celos por parte de sus parejas, que terminan en graves ataques.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, se refirió a este fenómeno la semana pasada ante periodistas en la ciudad de Sucre.

Sostuvo que ante la creciente ola de homicidios de género en Bolivia, es necesario establecer una política que tome en cuenta medidas de protección y prevención de este tipo de delitos, y no solamente mecanismos punitivos.

Guerrero consideró, no obstante, que la Ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, visibiliza una realidad que el país vivía desde hace décadas, pero que estaba escondida detrás de tipos penales genéricos.