Todo indica que es cuestión de tiempo para que en el Congreso de Veracruz se declare procedente la desaparición del poder municipal en Mixtla de Altamirano.

En el lugar prevalece la ingobernabilidad, y la inseguridad hizo necesaria la llegada de la policía estatal, que relevó a la corporación municipal.

Desde la Comisión Permanente Instructora, el diputado Rubén Ríos Uribe marcó los tiempos: el viernes 28, “se convocará a audiencia pública donde los integrantes del Cabildo y la representación jurídica del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano habrán de comparecer y presentar los alegatos que consideren necesarios para responder a la solicitud del Ejecutivo Estatal para desaparecer los poderes municipales”.

El problema en ese ayuntamiento inició con el asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea y de dos personas más, el 25 de abril pasado. A  partir de ahí fue evidente el problema que enfrentaba el gobierno municipal.

En el más reciente capítulo de esa historia, el tesorero municipal denunció, el martes pasado, el retiro de casi 5 millones de pesos de las cuentas bancarias del Ayuntamiento.

Isauro Cuahua Tetlactle es el tesorero pero paradójicamente carece de acceso a las cuentas del gobierno local; al parecer, su función se limita a expedir recibos y realizar algunos cobros; precisamente por ello, denunció ante la Fiscalía General del Estado las presuntas irregularidades detectadas.

Dijo que sospecha del contador, del síndico, y de la regidora; lo cierto es que el sujeto teme que le finquen responsabilidades por un presunto delito que él no ha cometido, porque ni siquiera cuenta con el llamado “token”, que es el dispositivo bancario que permite la realización de retiros y transferencias.

El caso es que ante tantas irregularidades en ese ayuntamiento, el gobernador de Veracruz solicitó al Congreso desaparecer los poderes municipales, porque –además– se trata de una demanda de los sectores locales, como lo evidenció un grupo de agentes municipales y ex funcionarios que acudió a la Legislatura para pedir la destitución del síndico y la regidora y la creación de un Concejo Municipal.

Podríamos decir que ese Ayuntamiento camina a paso veloz hacia la desaparición; y será el Órgano de Fiscalización y las instancias de procuración de justicia las encargadas de investigar el presunto saqueo denunciado por el tesorero municipal.

Las amenazas contra el auditor

El protagonismo del titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, va en crecimiento por la notoria actividad que se desarrolla en la institución fiscalizadora. Desde que presentó cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República por el presunto daño patrimonial de mil millones de pesos por el Sistema Estatal de Videovigilancia que implementó el gobierno de Yunes Linares, casualmente el auditor ha recibido, según se sabe hoy, amenazas, mensajes, infundios y señalamientos dolosos.

Lo cierto es que nada mueve la agenda de trabajo institucional y Portilla Vásquez sigue su camino en el que encuentra más apoyo y muestras de solidaridad como la que recibió a principios de mes por parte de los Auditores Superiores de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco que lo nombraron por unanimidad como su Coordinador Regional; así como el reconocimiento público del Colegio de Contralores del Estado de Veracruz, legisladores y empresarios que como parte de la sociedad civil han reconocido en el titular del ORFIS a un impulsor del trabajo colaborativo que cumple con estricto profesionalismo su encargo.

La sucesión en la titularidad del ORFIS coincide con los procesos de trabajo que se han intensificado por la capacitación permanente y por la implementación de nuevas herramientas como el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) además de la App ORFIS Móvil. Por lo tanto, es previsible que la agenda del Auditor siga su curso enfocado en su propia competencia, la laboral, haciendo válida la premisa “trabajo mata grilla”. @luisromero85