En materia de seguridad –como en casi todas las áreas-, el gobierno estatal ha decidido confrontarse con todos menos con los delincuentes. La autoridad insiste en que la incidencia delictiva resulta ser culpa de las víctimas, quienes por voluntad propia asumen el riesgo y no toman las medidas preventivas que eviten la necesidad de que la policía los resguarde.

De esta forma, los cientos de ejecutados –la cifra más alta en el país-, fueron responsables de su fatal desenlace porque andaban en malos pasos o porque sabían del riesgo que corrían en el contexto de la lucha de cárteles. Los bancos son responsables de los robos que se cometen en sus sucursales porque no contratan policía privada.

El número de secuestros ha crecido porque la gente tiene la mala idea de tener dinero y peor aún, decide pagar un rescate para salvar la vida de su familiar, a sabiendas que esto alimenta el gran negocio. Los robos a casas habitación o a escuelas –como se ha denunciado en la FGE- son culpa de sus ocupantes que no contratan seguridad, no instalan alarmas o no invierten en algún otro tipo de sistema de seguridad. Total que la culpa siempre es de quienes resultan víctimas y nunca se encuadra en el marco de responsabilidad de las autoridades.

Justo ayer, cuando no acabábamos de recuperarnos de un lunes negro tras la aparición de cuerpos desmembrados a unas cuadras de la terminal de Autobuses de Xalapa y el artero asesinato del presidente municipal electo de Hidalgotitlán en medio de la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) actualizó sus cifras de incidencia delictiva y nos dijo lo que todos sabemos: cada día estamos peor.

A pesar de que se han resuelto algunos casos específicos –como el asesinato del doctor David Casanova-, en la inmensa mayoría de los homicidios sigue sin conocerse la identidad de los responsables. Un ejemplo claro son las ejecuciones de jóvenes que fueron arrojados, primero, en la zona de Murillo Vidal; y segundo, a unas cuadras de Caxa. Bajo la lógica de que se trata de una lucha entre cárteles, a la autoridad no le interesa investigar, si acaso la identidad para hacer entrega de los cuerpos a sus familiares.

El gobierno ha dicho que no es su responsabilidad defender la vida de delincuentes sino de la gente de bien; pero tampoco investiga los homicidios, lo que ha generado una estela de impunidad que lo único que ha logrado es que estos trágicos eventos se multipliquen.

De esta forma, cuando los familiares piden justicia para las personas ejecutadas, lo primero que hacen las autoridades de la Fiscalía es extender su sombra de duda, infiriendo que había conocimiento de sus actividades, y que por tanto, podría haber una corresponsabilidad. Aunque esto pudiera ocurrir en algunos casos, la actuación de la Fiscalía es generalizada.

En el asunto de los bancos, por ejemplo, el viernes pasado fue asaltada la sucursal de HSBC en la Plaza Crystal de Xalapa; y este martes, a punta de pistola, robaron la sucursal de Banamex en pleno centro de Fortín. En ambos casos se trató de delincuentes solitarios que no lograron ser detenidos.

Desde el domingo pasado, en medio de esta ola de asalto a las instituciones bancarias, el Gobernador advirtió a los bancos que sus sucursales serían clausuradas en caso de incumplir con el acuerdo en materia de seguridad que se firmó con la Asociación de Bancos de México en marzo pasado. El periodo de gracia vence hasta fin de mes, es decir, en una semana más.

Pero el choque del gobernador con los bancos no terminó ahí. Dijo que además se investiga a algunos de sus empleados como presuntos cómplices de delincuentes al transmitir información de las operaciones que realizan sus clientes. En efecto, esta es una percepción que tienen muchos de los cuentahabientes que han sido víctimas de cuantiosos robos justo al salir de las sucursales.

Sin embargo, una vez más, el gobierno estatal lanzó una acusación sin pruebas contundentes, induciendo nuevamente la estigmatización de personas que se dedican a una actividad específica. Si hay cajeros de banco que se coluden con delincuentes, se debe investigar y castigar; sólo decirlo, pone en riesgo a cientos de estos empleados.

Y peor aún. Los robos más cuantiosos se realizan precisamente a los clientes de los bancos y no a la institución financiera. Por los sistemas de seguridad interna, un cajero nunca tiene más de 10 o 15 mil pesos a su disposición, mientras que muchos cuentahabientes suelen hacer cuantiosos retiros para el pago de sus nóminas y compra de bienes y servicios.

La ausencia de seguridad en los bancos y en las plazas comerciales ha pegado más a los ciudadanos. Sin embargo, en lugar de negociar una solución compartida, el gobierno ha decidido confrontarse de manera abierta con los bancos. El desenlace lo conoceremos muy pronto.

En Veracruz ya padecimos muchos gobiernos que creían poseer la verdad absoluta. Que el gobierno piense que todos actúan en su contra, ha crispado a una sociedad que hace un año le había dado su apoyo.

La del estribo…

  1. Acostumbrados a ejercer una crítica a veces descarnada, algunos sectores del gremio se han sentido ofendidos por los jocosos roznidos de la diputada Tanya Carola y su sobrina. Tan fácil que es, como dice el viejo refrán, que a chillidos de marrano, oídos de carnicero. Si las expulsan o no de Morena, no es un asunto que nos ocupe, salvo en lo informativo. Los periodistas deben hacer periodismo.
  2. La noche de este martes circuló un oficio –aparentemente firmado por autoridades escolares del municipio de Chiconquiaco- donde se informa que ante la inseguridad que padecen maestros, alumnos y padres de familia, habían decidido suspender clases en todos los niveles educativos durante tres días a partir de hoy, reanudando actividades hasta el próximo lunes. Si esto se confirma, estaríamos ante un escenario inédito de desafío a la autoridad.