Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres

En memoria de Yolanda Rivera Treviño,

una veracruzana valiente.

Estamos viviendo tiempos cada vez más complejos donde los diferentes tipos de violencias quedan evidenciados día con día en un mundo de comunicación instantánea. No quiere decir que en otros momentos históricos o en otras sociedades no existieran; las violencias, los delitos, los homicidios y feminicidios han existido en mayor o menor número en toda la historia y en cualquier sociedad. Sin embargo, algo sucede en contextos o momentos como en México que de pronto las violencias crecen exponencialmente, y como veremos las violencias contras las mujeres también.

De acuerdo al Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, que conduce la Dra. Estela Casados, en el estado de Veracruz en 2016 hubo 190 homicidios de mujeres, en 2017 fueron 268 y en 2018 se registró 211 homicidios. De estos últimos 211 homicidios en 2018, el Observatorio considera que 130 fueron feminicidios.

La Dra. Casados en su estudio también revisa la estadística oficial proporcionada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y destaca que en 2018 a nivel nacional se tenían registrados 2,466 homicidios dolosos (intencionales) de los cuales 760 estarían clasificados como feminicidios. Dentro de esta última estadística de femincidios, Veracruz quedó en segundo lugar con 85, sólo después del Estado de México que tuvo 94. Por lo que toca a los homicidios dolosos Veracruz quedaba en décimo lugar con 92 casos, y en homicidios culposos en tercer lugar con 184 casos.

A pesar de las dos Alertas por Violencia de Género (AVG) que declaró la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), no existe una política pública integral, transversal y completa para atender las violencias contras las mujeres. Este es el momento en el que, además de continuar con el programa de trabajo y las estrategias de las Alertas de Genero, el nuevo gobierno pueda construir un discurso y un programa cuyo ingrediente fundamental será la voluntad política del Gobernador y de su gabinete.

Dos datos son alentadores desde ya, la semana pasada se llevó a cabo un taller sobre perspectiva de género dirigido a la primera plana del gobierno y donde estuvo durante todo el curso el Gobernador Cuitláhuac García, poniendo el ejemplo a los secretarios y secretarias ya que, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, son los titulares de las dependencias los responsables de hacer efectiva la legislación internacional, nacional y estatal a fin de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En segundo lugar este 25 de enero, día naranja, el Gobernador lanza una estrategia de “Cero Tolerancia a la Violencia Contra las Mujeres”, donde se delinearán las directrices para una agenda inicial para combatir la violencia de género y feminicida.

Otro dato alentador en este sentido es la iniciativa de la diputada Mónica Robles quien, con la inteligencia y seriedad que la caracterizan, ha propuesto un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial para el Seguimiento de las Alertas de Violencia de Género Contra las Mujeres y por Agravio Comparado para el Estado de Veracruz. Esta Comisión resultaría un acierto porque de esa manera el poder legislativo se estaría involucrando como un actor más en la rendición de cuentas del programa de trabajo que se plantearon para las Alertas de Género.

En ambos casos, tanto por el lado del legislativo como por el lado del ejecutivo, debe existir un compromiso por garantizar las libertades civiles y los derechos humanos de todas y todos, es decir, un compromiso con la libertad de las mujeres a decidir, a vivir, a elegir su forma de vida, a decidir sobre su proyecto de vida, en libertad y en absoluto respeto a su dignidad.

Me parece que estas directrices y la estrategia estatal de atención a la crisis de violencias hacia las mujeres tienen que ser dirigidas también desde una perspectiva de reforzar los derechos de las víctimas. Como lo hemos dicho muchas veces en esta columna, es urgente contar con asesores jurídicos especializados y capacitados. Aquí se hace estratégico hacer alianzas entre los institutos de las mujeres y las comisiones de víctimas para trabajar interdisciplinariamente en la atención de las mujeres víctimas, desde los aspectos de atención y acompañamiento psicosocial a ellas y sus familias, pasando por la asesoría en la investigación y proceso penal, hasta todos los aspectos y elementos de la reparación integral del daño.

Es decir, las diversas instancias de atención deberán trabajar coordinadamente para lograr resultados que se encaminen a atender las casusas pero también las consecuencias de estas violencias.

Desde luego es imprescindible disminuir los niveles de impunidad cuya principal causa es la ineficiencia e ineficacia de las fiscalías para investigar estos delitos, perseguir y acusar a los perpetradores. Por ello, se hace imprescindible fortalecer la figura del asesor jurídico para que acompañen, asesoren y representen a las víctimas en la revisión de sus carpetas y durante sus procesos penales. En este caso una buena práctica podría ser concentrarse en casos paradigmáticos y hacer litigio estratégico que permita ir identificando los mejores procesos y defensas desde el primer contacto hasta la sentencia y la ejecución de sanciones y de reparación de daños. En esos casos es primordial el trabajo interinstitucional e interdisciplinario.

Por último, debemos ya empezar a trabajar desde nosotros los hombres. Es necesario crear e implementar un programa estatal de trabajo con los hombres y con las violencias que ejercemos. Este programa debe abarcar un análisis y un trabajo muy serio y comprometido desde los temas de las masculinidades y las paternidades responsables hasta el trabajo con hombres que ejercen violencia o con los mismos victimarios y sentenciados.

Muchas de las violencias que vivimos se deben a la ausencia del padre y de la figura paterna. O también por paternidades muy violentas y que ejercen un poder autoritario y violento ellas mismas, y que luego se repiten por generaciones porque son procesos aprendidos y sociales. Recordemos que la violencia contra las mujeres y también contra los niños y niñas se ejerce simplemente porque el agresor “cree que puede hacerlo” o porque “cree que tiene el derecho” y porque muchas veces efectivamente “puede”. Es una relación y situación de poder, el hombre usa su poder incorrecta, injusta e impunemente.

Las ausencias de los padres por diversas razones, sea alcoholismo, separación, muerte, etc. es una tragedia y un drama en la vida de muchos. Incluso las presencias abrumadoras, violentas, abusivas que en muchos casos ejercen los padres. Todavía no se ha estudiado ni hemos dimensionado el daño que ha causado el vacío paternal.

Trabajar en lo individual y colectivo en la construcción de contextos sociales más pacíficos y en el trabajo en las violencias culturales y simbólicas, deberá pasar por atender el dolor y los estragos de las ausencias paternas, o de presencias paternas muy dañinas y dolorosas.

Este trabajo con los hombres, con nuestras propias violencias que ejercemos y con nuestras paternidades es fundamental e incluso crucial para trabajar en programas dirigidos a atacar las violencias contra las mujeres y las niñas.