Aunque Veracruz no incluyó en su ley educativa el despido de los profesores que no logren pasar la evaluación que aplique el organismo creado para la profesionalización del magisterio, al menos en lo público las organizaciones sindicales no podrán, en 2014, trabar una segunda negociación salarial con el gobierno estatal luego de la establecida con el gobierno de la República. No, al menos, involucrando recursos federales.

Todo parece indicar, en efecto, que el proceso de armonización de la ley educativa estatal con la reforma educativa federal ha concluido y, pese a que el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, había anunciado una posible controversia constitucional para doblegar lo aprobado en la Legislatura local, lo cierto es que la diferencia tiene que ver con las leyes secundarias y no con el precepto constitucional.

Donde sí tendrá que ver un apego ineludible del Gobierno estatal con lo marcado por la SEP y por la propia Conago es en las negociaciones, ya próximas, en materia salarial y de prestaciones. Luego de 22 años de descentralización educativa, por primera vez este año el SNTE no podrá negociar aumento en salario y prestaciones con el gobierno federal y, luego, venir a una negociación oscura entre las secciones estatales (32 y 56 en el caso de Veracruz) y el gobierno local.

¿Qué ha permitido el modelo de doble negociación impuesto por la ahora presidiaria Elba Esther Gordillo y que en muchos estados ha puesto en riesgo la viabilidad financiera de los gobiernos locales? De entrada, prestaciones ridículas y un fortalecimiento artificial de los dirigentes magisteriales que se han convertido ya no en los representantes de los maestros sino en poderosos líderes de facciones políticas capaces de doblegar partidos y gobiernos.

Las excesivas canonjías al magisterio

En un amplio reportaje publicado por el periódico Excélsior se exhiben esquemas draconianos de pago a profesores que rebasan la imaginación, materializados en prestaciones absurdas y bonos dignos de una mente desbordada. Veamos algunos:

Además del aguinaldo, que en algunos estados llega a 90 días de salario y la prima vacacional, algunos gobiernos estatales otorgan a profesores el pago de días económicos no disfrutados, bonos especiales por el Día del Maestro (Puebla les regala 22 días de salario por este hecho), compensaciones por ‘productividad’, bonos por ajuste de la quincena, compensaciones de fin de ciclo escolar, de verano o estímulo anual por desempeño.

En Aguascalientes, por ejemplo, se paga a los profesores 533 días de salario, aunque solo hay 200 días efectivos de trabajo. Nayarit paga 522 y San Luis Potosí 520. Los estados que menos pagan al año son los de Guerrero, DF, Quintana Roo, Sonora y Yucatán, donde los profesores reciben el pago por 465 días al año. Hay que considerar que, en 1992, los días que se pagaban eran entre 411 y 416, y solo el Estado de México se iba a 450 días.

El estado de Coahuila fue forzado a eludir el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los salarios del magisterio, lo que ha decidido cancelar, por lo que enfrenta paros y manifestaciones. Los estados de Puebla y Morelos otorgan el bono por riesgo volcánico, lo que significa dos días de salario; Michoacán dio una bonificación de la lástima porque los maestros estaban muy gastados, pero hay bonificaciones por ajuste del calendario escolar, por verano y por vida cara.

Académicos consultados apuntan que, desde mayo de 1992, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que dio marcha a la descentralización educativa, las prestaciones a maestros se han incrementado en 40 por ciento, en promedio. Y ello ha sido consecuencia de segundas negociaciones con los gobiernos estatales, cuyos acuerdos son anunciados los días 15 de mayo.

Favor con favor político se paga

Para el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, coordinador de la Comisión de Educación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la doble negociación salarial se acabó y, con ello, los acuerdos y prebendas que el magisterio recibía a cambio del apoyo político a los mandatarios estatales.

Y es que el pasado 26 de febrero, en la 46 Reunión Ordinaria de la Conago, realizada en Puebla, los 31 gobernadores (incluyo al jefe de Gobierno del DF) acordaron cancelar la doble negociación salarial.

Si, efectivamente, este acuerdo firmado por los mandatarios estatales se cumple ocurrirán dos hechos: se evitará que crezcan los boquetes financieros de los gobiernos estatales y, en contrapartida, habrá otra oleada de protestas magisteriales que no podrán contener dirigentes seccionales cada vez más debilitados, pues en teoría no tendrían posibilidad de apaciguar a los maestros con bonos o prestaciones obtenidas en cada entidad.

Para nadie es un secreto que el manejo político de los agremiados ha sido la moneda de cambio de los dirigentes seccionales del SNTE y, pese a que desde que creó su propio partido (Panal) la exdirigente nacional Elba Esther Gordillo cambió su discurso señalando que en el sindicato había una conformación plural, lo cierto es que servía de soporte político al gobernador y al partido que lo había postulado, sin importar si era el PRI, el PAN o el PRD.

Ya veremos si este acuerdo se cumple en todos los estados. Lo cierto es que, en caso de no cumplirse, la Federación va a estar muy al pendiente de que no se destinen recursos federales al cumplimiento de aquellos compromisos que no suscribió en la negociación con el SNTE nacional.

Juan Díaz de la Torre, actual dirigente nacional del SNTE, ha anunciado que en el pliego general de demandas que presentará al gobierno de Enrique Peña Nieto se incluirán anexos por cada entidad.

Estaremos pendientes de lo que suceda en el ya próximo mes de mayo.

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