Tanto en el PAN como en el PRD, las dirigencias nacionales de los dos principales partidos de oposición se aprestan a expulsar y a promover el desafuero de militantes que por sus antecedentes delictivos y presuntos vínculos con capos del crimen organizado desacreditan y representan una vergüenza para sus respectivos institutos políticos que les ha dado poder.

En el caso del PRD, el presidente del CEN, Agustín Basave, se reunió anteayer con integrantes de las comisiones de Vigilancia y Ética y Jurisdiccional para evaluar la situación del alcalde de Tlaquiltenango, Morelos, Enrique Alonso Plascencia. Este miércoles inició el proceso interno para valorar la expulsión del edil morelense, quien estuvo preso por tráfico de personas y cuya esposa está procesada por secuestro y asesinato.

Por su parte, Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, declaró que el alcalde de Tlaquiltenango falseó sus antecedentes penales cuando se registró como candidato, por lo que el partido no puede permitir que se utilicen sus siglas para que lleguen al poder este tipo de personajes. ¡¡¡Guau!!!

El del munícipe Alonso Plascencia no es el único caso. También está el del senador perredista por el mismo estado, Fidel Demédicis, quien ha sido señalado en Morelos como un posible responsable del asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, su compañera de partido, la cual fue ejecutada el 2 de enero, recién asumido el cargo.

En el PAN también tienen una papa caliente que políticamente les quema por los procesos electorales en 12 estados donde en junio próximo se elegirán gobernadores. Desesperado, su dirigente nacional Ricardo Anaya acaba de exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) que proceda contra la diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, señalada por vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Exigimos a la PGR que solicite el desafuero de la diputada, y mi compromiso es que las diputadas y los diputados del PAN votaremos a favor del desafuero para que se inicie el procedimiento y se consigne la averiguación ante un juez en materia penal”, declaró Anaya, quien demandó al Ministerio Público federal que “lo solicite mañana mismo”, comprometiéndose a que “pondremos todo de nuestra parte para que esa averiguación se pueda consignar y se haga justicia, que se aplique todo el peso de la ley”.

En conferencia de prensa, luego de inaugurar la reunión plenaria de los senadores del PAN, el líder del blanquiazul acusó al gobierno federal de administrar la información de este caso para perjudicarlos política y electoralmente. “En el PAN no vamos a defender a nadie que haya cometido un delito, pero exigimos a la PGR que deje de filtrar la información. Exigimos que las filtraciones se terminen de inmediato”, reclamó.

Pero este tema se ha venido ventilando públicamente desde ¡hace más de seis meses! El 22 de julio de 2015, por ejemplo, el ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, publicó en Reforma un texto titulado “El Chapo y los panistas”, en el que cuestionaba:

“¿En verdad la diputada local del PAN de Sinaloa, Lucero Sánchez López, nada tiene que ver con Joaquín Guzmán Loera? Los panistas sinaloenses que la conocen saben perfectamente cómo hizo campaña, describen privilegios y dan fe de su escasa actividad parlamentaria. ¡Todos se lavan las manos! ¡Nadie es capaz de meterlas al fuego, salvo un solitario compañero diputado!

“¿Quién, cómo, dónde y cuándo se firmó en el PAN esa candidatura? Respetando su vida personal, y puesto que se trata de una persona sin credencial panista, el Comité Nacional debió autorizar la postulación. ¿El CEN tiene un compromiso secreto? ¿Qué virtudes tuvo? ¿Sólo es un ingenuo cumplimiento de la cuota de género? ¿Nada saben ni nada tienen que decir el gobierno de Sinaloa, ni el presidente del PAN en ese estado?

“Esa candidatura la facilitó la terrible mezcolanza de gobierno producida por las coaliciones PAN-PRD, donde sin el menor aprecio por una ‘idea de país’ se patrocinan ambiciones personales, y se pisotea al partido que tiene en su historia y memoria al también sinaloense Manuel Clouthier del Rincón.

“Por supuesto que la señora Sánchez López, representante de Cosalá en el Congreso de Sinaloa, es inocente hasta que la autoridad demuestre en un juicio su culpabilidad; pero lo que quiero subrayar es el vergonzoso ‘modelito’ panista de ganar elecciones, literalmente ‘con quien sea’, sólo porque se le envuelve y adorna cerca de la bandera perredista.”

Este domingo 31, los dirigentes nacionales Anaya y Basave vendrán a Xalapa para registrar la alianza PAN-PRD, cuyo candidato a la gubernatura será el ex priista Miguel Ángel Yunes Linares, quien además de tener actualmente una denuncia penal ante la PGR por presunto enriquecimiento ilícito, desde hace 15 años está bajo sospecha por la primera fuga de “El Chapo” Guzmán del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001. Y es que casualmente Yunes y su suplente en la Cámara de Diputados, Enrique Pérez Rodríguez, estuvieron a cargo de los reclusorios federales de alta seguridad desde finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, hasta el inicio de la administración del presidente Vicente Fox, cuando inexplicablemente huyó el líder del Cártel de Sinaloa.

¿Cómo justificarán Anaya y Basave tal incongruencia ante los veracruzanos, hartos también de la impunidad de los gobiernos locales del PRI?