La Presidenta del Consejo Consultivo del IVAI, Adriana Martínez Cadena, considera que ser transparente es cuestión de voluntad política

Antes de la entrada en vigor de las leyes de Transparencia en nuestro país, las instituciones no contaban con bases de información importantes entre gobierno y sociedad. La sociedad se enteraba de las acciones de las instituciones por medio de los informes de gobierno, pero era impensable cuestionar a alguna de ellas. El desempeño de sus servidores públicos era un tema totalmente desconocido, la toma de decisiones y procesos, la adquisición de recursos materiales, ingreso y permanencia de personal, así como  el ejercicio de presupuesto. En ese sentido las instituciones resultaban muy oscuras para la ciudadanía.

Otro reto es el clima político del uso del derecho y a su vez la participación de los medios de comunicación respectivamente, evidenciando los actos de corrupción. Ser transparente depende de la voluntad política de los gobernantes. Lo que se pretende es que no sea una opción para ellos, sino una obligación. Ya que se siguen dando casos en donde, muchos ayuntamientos y Estados cerraron puertas y ventanas, por el simple hecho de evitar cuestionamientos de los ciudadanos, a cuántos no nos ha pasado que al ir a distintas entidades del  Estado, el funcionario no nos da la información porque la considera suya, se la queda, y siente que no tiene porqué darla, ya que menosprecia a quien la solicita. Eso evidencia frecuentemente que hay muchos funcionarios que no tienen claro qué es la información pública.

Por otra parte, un tema con una importancia relevante es el de la protección de datos personales, para prevenir e impedir que los datos personales que además tienen un valor económico, ingresen a una serie de situaciones en las cuales se ven vulnerados, amenazados, afectados, destruidos y divulgados. Es por eso que se tiene que pensar en soluciones, o el modo de garantizar la eficacia de su protección de acuerdo a las relaciones jurídicas y los sujetos obligados que les atañen y por tanto las sanciones deben ser realmente disuasivas.

Con ese panorama, era necesario establecer  leyes que garanticen la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.  La aplicación de estas no era una tarea fácil.

Han pasado ya 15 años desde que en el año 2003, se dió a conocer un sistema para la administración pública federal que involucró como órgano garante al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y con este surgió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental, se continuó con la reforma constitucional al artículo 6°, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 20 de julio de 2007, misma que armonizó a nivel nacional el derecho de acceso a la información pública gubernamental.

Los aspectos que abarcó la reforma fueron: a) la obligación de proveer lo necesario para delimitar el ejercicio del derecho de referencia en los ámbitos federal, estatal y municipal, bajo el principio de máxima publicidad; b) la reserva temporal de la información y sólo por causas de interés público; c)la protección de datos personas y vida privada; la gratuidad del acceso a la información; d) la obligación de establecer mecanismos de acceso y revisión expeditos de órganos especializados, imparciales y autónomos en su operación, gestión y decisiones; e) la preservación de archivos en poder de los sujetos obligados y la obligación de hacer públicos los indicadores de gestión y ejercicio de los recursos públicos; f) la obligación de que las leyes prevean sanciones a la infracción del derecho de acceso a la información. Esta reforma tiene relación estrecha con la protección de datos personales

Por otro lado, México ha hecho una labor de ratificación de los tratados internacionales la cual inició en 1981, con la ratificación de los Pactos de la ONU y la Convención Americana, desde esa fecha hasta la actualidad se ha presentado un enorme número de tratados, cuya ratificación por parte de nuestro país rebasa cien instrumentos a la fecha. A la labor de ratificación de tratados internacionales, se suma el escrutinio o supervisión internacionales, que el propio Estado mexicano ha aceptado. Esto significa que México ya tenía obligaciones de respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos; así como el deber de armonizar sus prácticas administrativas, sus criterios judiciales y de generar políticas públicas para hacer efectivos muchos de los derechos incorporados al orden jurídico mexicano.

Sin estas reformas a la Ley, ¿Cómo podría la sociedad estar segura de que el gobierno se comporta de acuerdo a las necesidades e intereses sociales y no a los suyos propios? La única forma de hacerlo es observando sus acciones y éstas se pueden hacer visibles a través de la transparencia. Por eso es de relevante importancia fortalecer nuestro Sistema Nacional de Transparencia. El cual tiene un sin número de atribuciones, obligaciones y actividades que debe implementar y que el mismo representa un alto costo, tanto de recursos humanos como de materiales.

En este momento, en México, existe la normatividad que ha vuelto transparentes los organismos y las decisiones de carácter público, sobre todo los que inciden sobre los derechos; también contamos con los mecanismos para hacer exigible el derecho de acceso a la informacion pública y se dispone de recursos de revisión cuando consideramos que las respuestas obtenidas son insuficientes. Aunado a esto, las organizaciones civiles que gestionan derechos humanos han empleado estos principios democráticos para evaluar la responsabilidad de la autoridad en la violación de estos derechos y, en consecuencia, para exigir la implementación y la operación de acciones que reparen el daño y constituyan garantías de no repetición. Con ello se contribuye al empoderamiento ciudadano a través de los principios de transparencia y acceso a la información pública.

La transparencia y la rendición de cuentas fortalecen el sistema democrático, ya sea suministrando información y estableciendo parámetros para detectar zonas de impunidad o corrupción, pero también, inciden a que el ciudadano ejerza un control activo sobre las decisiones públicas, a informarse sobre temas e interés común e interactuar con el poder político de una manera productiva y simétrica. Como lo señala González Placencia, ciudadanos  y ciudadanas que puedan escrutar las razones del poder, se convierten en personas que pueden gestionar por sí mismas el conjunto de sus derechos cuando existen condiciones estructurales o coyunturales que dificultan su ejercicio.

Por eso, es necesario robustecer los órganos garantes en nuestro país, para el caso de Veraruz contamos con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), órgano que lleva diez año impulsando la transparencia en nuestro Estado, y que el Consejo Consultivo al que tengo el honor de encabezar ha analizado y estudiado sus acciones y programas, y, en ese sentido corroboramos la trascendental importancia que tiene como, órgano garante en nuestro Estado, de continuar y mejorar sus procesos para dar cumplimiento eficaz y eficiente al Sistema Nacional  de Transparencia.

Adriana Martínez Cadena

Presidente del Consejo Consultivo del IVAI