En México, cada vez gastamos más en cuestiones políticas y burocráticas. La democracia más cara del mundo seguramente es la nuestra y tenemos a los funcionarios más caros que un país democrático puede tener. Ya hemos visto cómo varios gobernadores y alcaldes ganan muchísimo más que Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, y hablo de las percepciones oficiales de nómina porque si agrego los demás ingresos, puede resultar que ganen más que un jeque árabe.

Con la abdicación del rey Juan Carlos a favor de su heredero Felipe de Asturias, en España, han salido a la luz datos interesantes de los que se escandalizan los españoles, hartos en la presente crisis de financiar con sus impuestos a una familia monárquica meramente decorativa, pero que a los mexicanos nos revuelve el estómago porque son cantidades ínfimas, comparadas con las que utilizan no solo el presidente Enrique Peña Nieto sino incluso gobernadores y alcaldes.

Y es que la Casa Real Española recibe cada año en torno a los 137.5 millones de pesos, una cantidad que apenas representa el 6.25 por ciento del presupuesto del que dispondrá este año la oficina de la Presidencia de la República, a la que se destinaron 2 mil 200 millones, y es una cantidad prácticamente similar a la que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 le fue asignada a la Consejería Jurídica del propio Ejecutivo federal, cuya función es revisar y validar instrumentos jurídicos que son sometidos a la consideración del Presidente.

Del presupuesto asignado a la Corona española, el rey Juan Carlos I recibe un salario mensual equivalente a 206 mil 500 pesos, mientras que el salario bruto del presidente Peña es superior a los 351 mil. Esto, sin considerar que los demás gastos inherentes o no a su investidura son pagados por nuestras ricas arcas públicas.

Para dimensionar la riqueza de México (esa que se escamotea a millones de mexicanos pero que nuestro Presidente, secretarios y gobernadores dilapidan con peculiar entusiasmo), basta ver el gasto inusitado que hará la Corona… perdón, la Presidencia de la República para adquirir el nuevo avión presidencial.

En efecto, aunque su adquisición fue pactada en los últimos meses de gestión del panista Felipe Calderón y causó revuelo por su costo, es con Peña cuando quedó en firma la multimillonaria transacción y este mes podría ser traído al hangar presidencial (remodelado a un costo exorbitante para dar cabida a la nueva aeronave). Según Álvaro Delgado, de la revista Proceso, “Se trata (…) de un palacio que vuela: tiene doble pasillo y puede transportar hasta 250 pasajeros, alcanza una velocidad de casi mil kilómetros por hora y es capaz de hacer la ruta Nueva York-Atenas o Tokio-Los Ángeles sin hacer escalas”.

Pero lo más interesante no radica en sus características de vuelo y sus comodidades sino lo que nos costará: 7 mil 500 millones de pesos, cantidad a la que deberán sumarse otros mil millones para la adecuación del Hangar Presidencial en el aeropuerto de la ciudad de México.

Lo más molesto para los mexicanos que vivimos en una economía estancada y un gobierno federal que no atina a soltar inversiones públicas para reactivar a la economía, es que Peña Nieto tendrá a su servicio un Boeing 787 Dreamliner que ni siquiera usan los presidentes de las naciones más poderosas del mundo, como Estados Unidos, Rusia y China.

¿Quién dijo que México está en problemas económicos?

El homicidio silencioso

En este espacio he descrito –con cifras oficiales a la mano- la manera en que se manifiesta la violencia en Veracruz, como una forma de cobrar conciencia sobre la magnitud del problema. El secuestro, por ejemplo, ha sido el delito que mayor crecimiento ha experimentado, lo que nos coloca en los primeros lugares nacionales, y hay otros en que si bien no nos ubicamos en las cotas más altas tampoco hacemos un mal papel, como en extorsión, homicidio y robo en domicilio y negocios.

Hoy, sin embargo, toca observar un tema de enorme preocupación nacional pero en el que Veracruz figura en la parte más baja de la tabla en las últimas dos décadas: el del asesinato de niñas menores de cinco años que, en el Estado de México, ha cobrado visos de tragedia.

Aunque en el último año de conteo, 2012, los primeros lugares fueron ocupados por los estados de Campeche, Baja California y Coahuila, con 10.7, 9.9 y 6.0 niñas asesinadas por cada 100 mil habitantes, lo cierto es que la tierra natal del actual presidente Enrique Peña Nieto ha sido el lugar en que el machismo se ha cebado con el mayor número de infantes del sexo femenino.

El título del reportaje publicado el 3 de junio pasado por el portal Sin Embargo no puede ser más esclarecedor: “El horror de ser niña en el Edomex” , donde el periodista Humberto Padgett explora las cifras del terror justo en administraciones estatales encabezadas por los hoy miembros del equipo gobernante: desde el presidente Enrique Peña Nieto y el actual gobernador Eruviel Ávila hasta Emilio Chuayffet Chemor, titular de la SEP, pasando por el dirigente nacional priista César Camacho Quiroz.

Y es que los estados en que este abominable delito se ha convertido en el estandarte más visible de una derrota social y política son el Estado de México (que en los últimos 22 años ha destacado como el territorio más peligroso para las niñas), Colima, Tlaxcala, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo.

El Estado de México ha superado las tasas consideradas ‘altas’ (entre 3 y 6 niñas asesinadas por cada 100 mil habitantes) y ‘muy altas’ (más de 6), con los datos más altos registrados en 1991, 1992 y 1994, año este último en que rebasó las 10 niñas menores de cinco años asesinadas y, por ello, tuvo datos más desgarradores que Jamaica, justo cuando el gobernador mexiquense era el actual secretario de Educación Pública, quien ha sido muy criticado por minimizar el fenómeno creciente del acoso escolar (bullying).

Mis ojos y mi mente, inquietos por estos datos que denotan la cobardía más profunda porque se trata de asesinar a seres absolutamente indefensos, en el seno de sus propios hogares en su mayoría, me llevaron a buscar en esas tablas de entre 1990 y 2012 elaboradas por el Inegi, el lugar que ha ocupado Veracruz.

Tomaré como base los datos aportados de 2000 a la fecha. Inquietan el lugar 10 obtenido en 2003 y 2007, y el ocho, obtenido en 2009 (cuando tuvo tasa alta), pero consuela observar que en 2000 y 2004 no se registra este delito.

Pese a ello, este delito que se comete silenciosamente, que muchas veces aparece como accidente en el hogar como producto de una enfermedad, debe ser combatido a tiempo por las autoridades judiciales de Veracruz para evitar que las tasas se incrementen.

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