Ocho gobiernos estatales se niegan a repartir los nuevos libros de texto. De ellos, siete argumentan que esperarán a que se resuelva un amparo que frena su distribución. El gobierno restante, Chihuahua, presentó una controversia constitucional a partir de la cual el ministro de la Corte Luis María Aguilar ordenó suspender por ahora la distribución de materiales.

Entonces, queda la duda: ¿Los estados podrían sustituir estos libros con otros? ¿Qué pasará en el inicio del próximo ciclo escolar, el lunes 28 de agosto?

Libros en medio de una batalla legal

Primero, es importante recordar que existe una suspensión emitida por la jueza Yadira Medina Alcántara con la que se ordenó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) frenar la impresión de los nuevos libros de texto y su distribución.

Esto, hasta que se resuelva la demanda de amparo que reclama que la secretaría violó la Ley General de Educación al mandar a imprimir los libros sin antes haber publicado los planes y programas de estudio ni haber hecho una consulta con los sectores involucrados.

La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, informó la noche de este 15 de agosto sobre la publicación de los programas sintéticos de los nuevos planes de estudio para nivel básico, pero según el procedimiento de ley debió hacer esto antes de imprimir los libros.

“Con la suspensión provisional que se emitió, la SEP ya no puede seguir imprimiendo los libros, ni los puede distribuir, ni nada, porque ya hay una suspensión por un juez federal”, refirió Héctor López Bello, abogado y profesor en la Universidad Panamericana y la Escuela Judicial.

Al respecto, la SEP asegura que ya llegó a un acuerdo con la mayoría de los estados para proporcionar los libros, porque desde su perspectiva no existe recurso legal que los frene.

Aunque, por otro lado, siete gobiernos estatales de oposición (Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León) dicen que esperarán a la resolución judicial del amparo, y Chihuahua ya optó por la controversia constitucional.

En esta encrucijada legal, explicaron especialistas, la SEP tiene la opción de interponer un recurso de queja para solicitar que se elimine la suspensión de la jueza Medina.

Aunque así, este asunto también se enfilaría a la SCJN y a un proceso judicial que puede ir más allá del 28 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar.

Entonces, ¿qué libros estarían usando las niñas y los niños?

Hay varios escenarios:

1.- Que la SEP insista en entregar los libros, pese a suspensiones judiciales

La SEP tiene esta posibilidad, aunque al optar por esta vía puede hacerse acreedora a una sanción económica o incluso podría ocurrir que el caso se presentara ante un juzgado penal, refirieron los especialistas Melissa Ayala, experta en derecho constitucional, y Héctor López Bello.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que se respetaría la suspensión de la entrega de los libros en Chihuahua, como lo ordenó la Corte, aunque calificó al ministro Luis María Aguilar de “deshonesto”.

2.- Que la SEP frene la distribución, mientras se resuelven los amparos

Otro escenario es que la SEP decida frenar la distribución de los libros en todo el país, como en el caso de Chihuahua, mientras se resuelve el caso en lo judicial.

En ese sentido, la medida dictada por la jueza Yadira Medina Alcántara establece que en tanto las escuelas y los profesores en las entidades pueden utilizar en el próximo ciclo escolar materiales impresos del año pasado que están en resguardo.

O bien, pueden descargar los materiales desde la página oficial de la Comisión Nacional de Libros de texto Gratuitos (Conaliteg), y reimprimirlos.

Las autoridades educativas de los estados, escuelas y docentes en general además pueden utilizar materiales complementarios, como incorporar lecturas de otros libros, videos y ejercicios, que deseen integrar a su plan analítico.

3.- Que la SEP obtenga una resolución legal a su favor

Un tercer escenario es que a fin de cuentas la SEP obtenga una resolución judicial a su favor, acreditando que cumplió con la publicación de los programas y planes de estudio y las consultas correspondientes, como lo marca la ley.

Entonces, las autoridades escolares estatales estarían obligadas a proporcionar los libros de educación gratuitos de la SEP a alumnos, alumnas, maestras y maestros.

Es decir, las entidades no pueden rechazar ni sustituir por decisión propia los libros de texto gratuitos, aunque reclamen por su contenido.

Esto se debe a que se trata de un sistema federal y todas las secretarías de Educación estatales deben acatar las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública.

La SEP es la única autoridad responsable de editar y distribuir los libros de texto gratuitos para la educación básica, explica la Ley General de Educación en su artículo 113.

Mientras que las secretarías de Educación estatales tienen la competencia de, una vez recibidos los libros de texto, proporcionarlos a los estudiantes. También pueden editar y producir otros materiales complementarios para el aprendizaje, según detalla el artículo 115.

La única forma en que una entidad en particular puede apartarse de este mandato es promoviendo un amparo y que un juez se lo conceda, o con una controversia constitucional, que admita a revisión la Corte.

Así lo intenta Chihuahua y, de momento, el ministro Luis María Aguilar ordenó suspender la distribución de los libros, al admitir la controversia promovida por el gobierno de Maru Campos.

Además se conoció de una suspensión provisional para frenar los textos de la SEP en esta entidad del norte del país.

Padres de familia y el diputado Francisco Sánchez Villegamos, de Chihuahua, promovieron un amparo y un juez federal frenó —por ahora— la distribución de libros de texto en dicha entidad, y en tanto se resuelve el caso, también consideró como posibilidad reimprimir los libros de ciclos anteriores.

Eréndira Aquino/Animal Político 

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