Prefacio.

El exgobernador Javier Duarte no quita el dedo del renglón. Encontró el momento propicio para revivir los señalamientos en contra de su peor enemigo, su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares. *** A partir de la fotografía difundida en redes sociales en la que el panista Santiago Creel aparece saludando a Yunes Linares, el hoy preso Javier Duarte decidió revivir las acusaciones que pesan contra el jefe del Clan Yunes del Estero. *** “Yunes tiene una obsesión enfermiza con los niños, lo demostró con el cuento que se inventó con los niños con cáncer. La escritora Lydia Cacho tiene documentada su participación en el aberrante delito de pedofilia en su obra Los demonios del Edén”, publica Javier Duarte. *** El lunes, Javier Duarte subió otro mensaje en su cuenta de Twitter, junto con una fotografía. Ahí señaló: “El precandidato Santiago Creel se reunió el día de hoy con el reconocido pedófilo de Yunes en Veracruz. En la imagen se ve a los 2 personajes en una camioneta blindada de lujo valuada en varios mdp. El tema no es que sean güeritos de ojos azules es lo frívolos que son”. *** Quienes vivieron la etapa en la que Javier Duarte formó parte del equipo de trabajo de Fidel Herrera tendrán claro que el “pleito original” era entre Fidel y Miguel Ángel, pero una vez que Javier duarte asumió el cargo de gobernador, Yunes Linares se convirtió en el más severo crítico de su gestión, actitud que -por cierto- ya no tuvo con Cuitláhuac García, a todas luces un peor gobernador que Duarte. *** Cada quien escoge a sus enemigos.

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La juez 15 de Distrito, Daniela María León Linarte fue muy clara en su resolución: “las autoridades responsables Juez de Control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en la congregación de Pacho Viejo, Veracruz y el Director General de la Policía Ministerial, con sede en Las Trancas, Veracruz, sí incurrieron en incumplimiento de la medida cautelar concedida a Angélica Sánchez Hernández”.

Por tal razón ordenó a la autoridad jurisdiccional emitir un acuerdo en el que deje insubsistente todo lo actuado en el proceso penal 297/2023. Esto es, declarar nulas todas las actuaciones, como la puesta a disposición de la quejosa, la fijación de hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, el desahogo de la misma, las medidas cautelares impuestas, el auto de vinculación a proceso, cualquier resolución incidental dictada en tales autos o algún cambio de medida cautelar, la fijación de plazo para la investigación complementaria y todas y cada una de las subsecuentes actuaciones emitidas dentro de tal proceso penal, y en ese mismo auto.

Pero, además, le ordena determinar no tener a su disposición a Angélica Sánchez Hernández y, por el contrario, establecer que, “en virtud de que los hechos con apariencia de delito por los que se investiga a la aquí quejosa no ameritan prisión preventiva oficiosa, ordene que se le deje en inmediata y absoluta libertad sin condicionamiento alguno”.

Tanto la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, como la titular de la Fiscalía, Verónica Hernández, se dicen inconformes con la resolución de la juez de Distrito y anuncian que la acatarán, pero a la vez la combatirán ante un tribunal colegiado.

Suena irónico que esas dos autoridades (supuestamente autónomas, pero con una evidente actitud de sumisión al Poder Ejecutivo) hayan iniciado esta ofensiva contra Angélica Sánchez Hernández por haber cometido la “osadía” de hacer cumplir la resolución de un Tribunal Colegiado, misma instancia a la que ahora pretenden acogerse, sabedoras ambas de que no tienen argumentos válidos, pero con el único fin de construir una narrativa sobre en la que la justicia federal aparezca como “corrupta y coludida con el crimen”.

De nada les va a servir. El Poder Judicial de la Federación está dando puntual seguimiento a todos los actos de rebeldía en los que han incurrido autoridades de Veracruz. El primer aviso fue la multa impuesta a Lisbeth Aurelia Jiménez, por retrasar lo inevitable: la reinstalación de la magistrada Gladys Pérez Maldonado.

Pero ese es sólo un caso. Son varios los requerimientos dirigidos a la magistrada presidente, principalmente en amparos promovidos por juzgadores que han sido removidos y hasta despedidos y en los que ella alega que “es materialmente imposible su cumplimiento”.

Eso sucede eso con una juez en Zongolica, con una juez de lo familiar en Coatzacoalcos, y el caso del juez Rubén Adrián Romero, quien ya fue reinstalado, pero aún no le pagan los salarios caídos. No alcanzarán las “economías” que presumen para saldar tantas sentencias en contra.

No pierdan de vista, por cierto, el amparo concedido a la magistrada Martha Ramírez Trejo por una circunstancia similar a la de Gladys Pérez Maldonado. Deberá ser reinstalada y le tendrán que pagar los salarios caídos. Las pérdidas del Poder Judicial de Veracruz, por los juicios perdidos, representan muchos millones de pesos.

Alguien le vendió la idea al gobernador de que podía disponer a su voluntad de fiscales, jueces y magistrados. No le dijeron que en México la Ley es la Ley.

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Epílogo.

Este miércoles no fue uno de esos días de “cero homicidios” en Veracruz. *** En Sochiapa fue asesinado el empresario constructor Héctor Tapia. Su cuerpo fue hallado en predio, atado de pies y manos, vendado de la cabeza y con huellas de heridas por arma de fuego. *** Y en la carretera Zongolica-Comalapa fueron localizadas dos bolsas plásticas color negro que contenían restos de un cuerpo desmembrado de una persona del sexo masculino. *** El hallazgo tuvo lugar cerca de la localidad Piedras Blancas y se ha sabido que el cuerpo correspondería a un joven originario de la cabecera municipal de Zongolica.

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