Prefacio.

Fue el propio gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quien declaró ante los medios de comunicación que se le había “pedido” a Araly Rodríguez que dejara el cargo administrativo que desempeñaba en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). *** “Aunque no sea ilegal, es una convicción de este gobierno, y no puede ser representante legal de una empresa o empresaria, participar en las licitaciones y al mismo tiempo ser trabajadora del Estado, pues pudiera caer en conflicto de intereses”, explicó en aquella ocasión el mandatario estatal. *** Días antes había admitido: “Se le llamó y confesó que sólo es representante, pero no es dueña de la empresa. Pensamos que es prestanombres”, dijo a la vez que informaba que le había encargado a la Contraloría General del Estado (CGE) que investigara el caso. *** Pues resulta que Araly Rodríguez, una proveedora del gobierno estatal, con capacidad para facturar más de cien millones de pesos, no cuenta con una adecuada asesoría jurídica. *** A pesar de que las autoridades estatales aseguraron que Araly Rodríguez había renunciado a su cargo en la SEV, ella misma recurrió a la justicia federal para solicitar un amparo pues, afirma, sin haber renunciado, le retuvieron su salario y le suspendieron las prestaciones a las que tiene derecho. *** Es evidente que fue mal asesorada, pues ese tipo de abusos se combaten por la vía laboral, no a través de un amparo, por lo que el Juzgado Primero de Distrito con domicilio en Xalapa, le negó la suspensión solicitada, porque esa “no es la vía” para resolver su reclamo. *** Lo curioso del tema es que la ahora “exempleada” del gobierno estatal, se acreditó ante la justicia federal como la “representante legal del consorcio de servicios AR Soluciones”, justo la empresa que ha sido utilizada para esconder la identidad de los verdaderos proveedores. *** La “investigación” que -asegura el gobernador- fue encargada a la Contraloría, no permite conocer aún, quiénes están detrás de esta secretaria que fue utilizada como testaferro. *** ¿Opacidad? ¡No, por Dios! Este gobierno no es como los de antes.

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Para este viernes, a las 14:15 horas, está programada la nueva audiencia del juez de control, Óscar Hernández Carmona, con Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez, padres de Marlon Botas, presunto feminicida de Monserrat Bendimes, y a quienes se les pretende imputar el delito de feminicidio por una supuesta “participación simultánea”.

La razón de que se celebre una nueva audiencia es que el Juez de Distrito consideró que el juez de control “incumplió con los lineamientos especificados en el fallo amparador”, por lo que ordenó que, en un plazo no mayor a tres días, contados a partir de la notificación “dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo de que se trata, siguiendo puntualmente los lineamientos, sin repetir, ni incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la misma”.

El juez de control Hernández Carmona ya adelantó el sentido de su nueva resolución: insistirá en vincular a proceso a los padres de Marlon Botas pues -lo mencionó a algunas personas- “esas son las instrucciones”.

Cabe hacer mención que en el artículo 192 de la Ley de Amparo se advierte que, en caso de no cumplir con la ejecutoria, se impondrá al juzgador una multa y se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, “para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

Los padres de Montserrat Bendimes no están conformes con la detención y el sometimiento a juicio del presunto feminicida de su hija. Ellos quieren que también los padres de Marlon Botas paguen con prisión por el crimen cometido por su hijo.

Ramar Mendoza, su abogado, asegura que “existen suficientes elementos judiciales” para que Diana Elizabeth Fuentes de la Rosa y Jorge Ignacio Botas Jiménez permanezcan en prisión, a pesar de que la justicia federal les concedió el amparo.

“Se considera que el proceso va a seguir, salvo que hubiera una disposición al contrario de parte de un juez garantista, en este caso de la Federación”, explicó el abogado de la familia Bendimes.

“Evidentemente están buscando que se conceda el amparo, justamente para que el juez de control dicte un auto de no vinculación a proceso y la consecuencia jurídica es que obtendrían la libertad de forma inmediata”, reconoció Ramar Mendoza.

Lo cierto es que con los padres de Marlon Botas pretenden aplicar criterios que están contemplados en una iniciativa de reforma, presentada en el Congreso local y bautizada como “la Ley Montse”, para castigar con la misma severidad al responsable de un feminicidio, y a aquellos que le presten algún tipo de ayuda, tanto para cometer el crimen, como para evadir la acción de la justicia.

Sin embargo, la “Ley Monste” sigue archivada en la Legislatura de Veracruz y, por lo tanto, está fuera de todo orden que se pretenda aplicar en este caso.

El juez de control, Óscar Hernández Carmona, tiene muy claro a lo que se expone si insiste en incumplir la resolución del amparo. Su carrera y hasta su libertad, están en juego.

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Epílogo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado mexicano fue culpable por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial en los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. *** La sentencia también señaló que la prisión preventiva oficiosa, que fue aplicada en esos casos, es una figura contraria a la Convención Americana, por lo que México deberá adecuar su marco normativo. *** El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa dijo que con esta resolución muchos inocentes van a conseguir su libertad. *** “Esto obliga a jueces y a fiscales a acatar la resolución, pero esto no es en automático, va a ser poco a poco, y para ello los abogados penalistas con buena argumentación deben trabajar para liberar a varios inocentes”. *** En opinión de este especialista, tan solo en Veracruz unos tres mil reos obtendrían su liberación, lo que no significa que sean declarados inocentes, sino que se les cambiaría la medida cautelar de prisión, para llevar sus procesos desde la libertad. *** “El 50 por ciento de la población carcelaria en Veracruz está sujeta a un proceso penal, es decir son presos sin condena. Aquí en Veracruz es muy fácil fabricar delitos, es muy fácil fabricar delincuentes. Recordemos que Veracruz tiene sólo un 17 por ciento de eficacia en la investigación de delitos, por eso es muy fácil meter a inocentes a las cárceles pretextando que se prioriza el derecho de las víctimas”. *** Tomás Mundo encabeza en Veracruz el movimiento social denominado “Proyecto Veracruzano Inocente” que tiene como fin brindar apoyo a ciudadanos que se encuentran en prisión porque no tuvieron acceso a una defensa adecuada. Pronto se verán resultados.

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