Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz advirtieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que eliminar la prisión preventiva para presuntos responsables de desaparición pone en riesgo la libertad, seguridad, integridad, salud y la vida misma de la víctima.
A través de un desplegado al menos seis organizaciones señalaron que el debate sobre la eliminación de la prisión preventiva debe tomar en cuenta que en el caso de las desapariciones podría poner en riesgo también la integridad de testigos y familiares de las víctimas y el desarrollo mismo de las investigaciones.
“Las víctimas de desaparición de personas, consideramos que, sin una figura extraordinaria como la prisión preventiva para el caso de los presuntos responsables de los delitos de desaparición de personas, y desaparición cometida por particulares será aún más difícil ofrecer verdad y justicia que merecemos no solo las víctimas sino el país y la humanidad entera”.
Los colectivos Familiares en Búsqueda María Herrera Región Poza Rica y de Xalapa, así como Familiares Enlaces Xalapa, entre otros, señalan que los ministros deben tomar en cuenta la complejidad y gravedad de los delitos de desaparición y que en México las familias de personas desaparecidas, han luchado contra la criminalización de sus familiares, la revictimización por parte de las autoridades de investigación y búsqueda, contra la ineficiencia en la búsqueda de verdad y justicia.
“Logramos después de mucho esfuerzo que se legislaran las conductas de los tipos penales de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. De manera organizada hemos luchado, no solo por mantener viva la memoria y la dignidad de nuestros familiares desaparecidos, sino porque exista el marco jurídico que permita llevar a juicio a los perpetradores”.
Sin embargo, criticaron que a cinco años de aplicación de la Ley General de Desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, no hay muchas sentencias contra los responsables de estos delitos.
“Vemos con preocupación que apenas unos cuantos casos han logrado llegar a judicializar la responsabilidad de los perpetradores. Resulta indignante que, en un país con casi 108 mil personas desaparecidas (según registros oficiales) no podamos contar ni siquiera decenas de sentencias que repriman los delitos que laceran, no solo a las víctimas de desaparición y a sus familias sino a la nación entera, situación reveladora que la justicia ha sido omisa y negligente y que las víctimas y sus familias nunca hemos estado en el centro”.
Por ello, afirman que si bien en el debate sobre la desaparición de la prisión preventiva se analiza si es violatoria de los derechos humanos de los procesados, se deben atender las situaciones extraordinarias que conlleva esta clase de delitos.
Hay que recordar que el texto Constitucional del artículo 19 establece que “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso” y que “El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de… delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
Los colectivos señalaron que si bien en el debate de los ministros de la SCJN ha estado presente el hecho de que ningún Estado puede Ejercer su fuerza punitiva sobre presuntos inocentes, confiaron en que los ministros no los dejaran en estado de Indefensión frente a los posibles perpetradores de la desaparición de nuestros familiares desaparecidos.
“Las familias de personas desaparecidas estamos seguras que los Ministros de la SCJN son sensibles y conscientes de la impunidad de nuestro sistema de investigación y justicia que, en lugar de condenar a los perpetradores, nos ha condenado a las víctimas y sus familias a un lacerante y tortuoso camino, donde no encontramos ni verdad ni justicia”.
Insisten en que hay apenas unas decenas de casos en proceso de judicialización por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en todo el país y que la impunidad de los perpetradores o la protección de ellos, el modo de operación y de comisión de las conductas delictivas en materia de desaparición de personas, hace sumamente difícil demostrar su responsabilidad.
“Vemos apenas una incipiente luz en algunos casos en los que se empieza a demostrar que la desaparición de personas fue y es una política de Estado, criminal, terrorista, injusta y que es lesiva de toda la esfera de derechos de las personas desaparecidas y sus familias. Con mucho esfuerzo, de las propias familias y algunas fiscalías especializadas, sensibles a nuestro dolor se ha logrado vincular a proceso a los presuntos responsables, a quienes se ha aplicado la medida cautelar de Prisión Preventiva de manera oficiosa”.
Ante esto, insisten en que en la eliminación de la prisión preventiva no solo están los derechos de los procesados a quienes se ha aplicado la medida cautelar de prisión preventiva; sino la libertad, la seguridad, la integridad, la salud, la vida misma de la víctima, de quien se desconoce su paradero, y en riesgo estarán la seguridad e integridad de testigos y familiares de las víctimas y el desarrollo mismo de las investigaciones.
AVC