El Sistema Estatal Anticorrupción y los órganos que lo integran –Comisión Ejecutiva, Órgano de Gobierno y Órgano Interno de Control-, se han convertido en un caro y obeso elefante blanco para los veracruzanos. Postrados en una burocracia dorada, han sido testigos cómplices del desorden financiero y el saqueo que opera en los tres poderes del estado.

De acuerdo al marco jurídico que regula su actuación, la política anticorrupción consiste en prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y actos de corrupción a través de los diferentes entes que integran el Comité, así como la promoción de un mayor involucramiento de la sociedad.

Pero resulta que la sociedad no existe para un sistema que precisamente ha dejado de “prevenir, detectar, investigar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción” cometidos por los propios integrantes de su órgano de gobierno. El Estado gasta millones de pesos en un sistema que sólo sirve para realizar cursitos y pregonar un modelo de anticorrupción que ni conocen, ni aplican.

A pesar de que durante los dos primeros años del gobierno de Cuitláhuac García se detectaron irregularidades por más de dos mil millones de pesos –las cuales ya fueron limpiadas durante la prórroga impuesta al Orfis para la entrega del Informe de la Cuenta Pública 2019- y el desorden financiero y corrupción en los poderes legislativo y judicial –denunciados incluso por los propios diputados y magistrados-, el Sistema Estatal Anticorrupción está ocupado en cuidar el arenero de los gatos que hacen festín.

En medio del escándalo que envuelve al Poder Judicial, este miércoles la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz llevó a cabo su Segunda Sesión Extraordinaria de Órgano de Gobierno. En su sitio de internet, sólo se informó de la asistencia de los titulares de los otros organismos, pero de su tarea sustantiva, investigar y sancionar actos de corrupción, absolutamente nada.

Ni siquiera han sido capaces de investigar las irregularidades detectadas a la administración anterior del propio Sistema. Basta recordar que a través de diversas auditorías se encontraron violaciones a distintas leyes locales y un mal uso de dinero público durante el ejercicio fiscal del 2018. Todo fue un borrón y cuenta nueva.

En diciembre pasado, durante su comparecencia ante diputados, la Contralora General del estado Mercedes Santoyo Domínguez, aceptó que dentro de la dependencia que dirige, como en el resto de la estructura del poder ejecutivo, persiste la corrupción.

Reconoció abiertamente que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) aún con el presupuesto de 19 millones de pesos, se ha quedado corto en acciones para erradicar conductas al margen de la ley. Pese a que en el discurso que se ha dado en esta administración se sostiene que la corrupción se ha eliminado, la contralora aseguró que no han podido erradicarla y criticó que el Sistema no opera de manera eficiente.

Insistió en su descalificación y dijo que la política estatal anticorrupción, que debe generar dicho sistema es ineficiente, como resultado, ahora ella coordina los trabajos para plantear que acciones se deben implementar, “Revisé la propuesta y vi que no se apegaba a las necesidades del estado, ni con los recursos que se cuenta, ni con las atribuciones de los entes”.

Con 19 millones de pesos, el Sistema Estatal Anticorrupción que encabeza desde el 11 de junio pasado José Aarón Ojeda Jimeno, no ha logrado capturar un charal en medio del mar de tiburones que mantienen la misma corrupción de administraciones pasadas. Sólo ha servido como una eficaz agencia de colocaciones para el morenismo voraz.

La presidenta anterior Alma Delia Hernández Sánchez, rindió ese mismo día su informe de labores, en el que tuvo la osadía de presumir entre sus logros que la mayoría de las propuestas emitidas contaron con la aprobación y el respaldo de los integrantes. De haber combatido la corrupción, absolutamente nada.

Ninguno de ellos se ha pronunciado respecto de la corrupción denunciada al interior del Poder Judicial por los propios integrantes del Tribunal Superior de Justicia; tampoco se han atendido las denuncias sobre el uso discrecional del presupuesto en el Congreso estatal, y menos aún, sobre las irregularidades señaladas –pero no sancionadas- por la propia Contralora del Estado.

Todo es una vergonzosa simulación que cada año nos cuesta una fortuna.

La del estribo

1. Inteligente y mordaz la respuesta de doña Rosa Borunda respecto a la cascada de rumores que corrieron ayer por la noche respecto del estado de salud de su esposo, el ex gobernador Fidel Herrera. El día de hoy para no perder la costumbre mataron a @FidelHerrera les agradezco sus intenciones! @FidelHerrera tenemos para rato!

2. Para Alberto Olvera, los tres principales retos que enfrenta la UV son: resolver el problema de atención a la demanda de estudios universitarios multiplicando la oferta educativa, renovación generacional para actualizar la planta docente y fortalecer su presencia regional en todo el estado. ¡Es una lástima que no esté en la terna!