A mediados de marzo, en una conferencia de prensa celebrada en el Pentágono, el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, señaló que entre 30 y 35 por ciento del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales, motivo por el que la gente que vive en esas regiones busca emigrar del país.

“Cuando digo síntoma, narcotráfico, migración, tráfico humano; todos son síntomas de las organizaciones criminales transnacionales que operan con regularidad en áreas sin gobierno, del 30 a 35% de México, y es lo que está creando algunas de las cosas que enfrentamos en la frontera”, enfatizó VanHerk, quien estuvo acompañado del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur.

“Diré que es un síntoma de un problema más amplio… no voy a involucrarme en política ni en llamar crisis o no a la situación, lo cierto es que necesitamos una frontera segura y saber quiénes vienen”, refirió sobre la región limítrofe entre México y Estados Unidos.

El jefe militar estadounidense consideró que el problema es un “imperativo de seguridad nacional” que se debe abordar con toda una estrategia gubernamental estratégica y humana desde la perspectiva de seguridad nacional, pues expuso que las regiones controladas por organizaciones del crimen organizado abren flancos de intervencionismo en las naciones que las padecen, lo que a su vez, según el general VanHerk, permiten a potencias enemigas de Estados Unidos aprovecharse de la situación.

“Crean vulnerabilidades potenciales y oportunidades para actores alrededor del mundo… lo mismo ocurre en áreas sin gobierno e inestables con fallas potenciales de gobierno que China, Rusia y otras naciones aprovechan para explotar y esto ocurre aquí en nuestro propio vecindario en nuestro hemisferio”, remató el jefe del Comando Norte.
Esta no es la primera vez que militares y funcionarios del gobierno de Estados Unidos sostienen que partes del territorio de México son controladas o gobernadas por organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado.

Durante la presidencia del panista Felipe Calderón, por ejemplo, era común que con frecuencia jefes del Pentágono y Janet Napolitano, entonces Secretaria del Departamento de Seguridad Interior, calificaran de “Estado fallido” a México por la anarquía rampante en regiones de su territorio.

Desde el sexenio de Calderón hasta el martes 16 de marzo de este año, ningún militar de alto rango de las fuerzas armadas de los Estados Unidos había vuelto a mencionar y ahora de manera tan específica la magnitud del territorio mexicano en manos de criminales.

Al día siguiente, en la conferencia mañanera, al preguntarle sobre lo dicho por el general Glen VanHerk, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que con el gobierno de Joe Biden existe una buena relación, en la que el político demócrata respeta a su administración y, por su parte, México aplica los principios de política exterior de no intervención. “No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos; nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no nos vamos a pelear con Estados Unidos”, afirmó.

Pero recientemente, en un informe interno, la agencia norteamericana encargada del control de drogas (DEA) identificó a los cárteles mexicanos como “la mayor amenaza” del narcotráfico para Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Beltrán Leyva, el Cártel del Noreste, Los Zetas, Guerreros Unidos, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, La Línea, La Familia Michoacana y Los Rojos.

“Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas son la mayor amenaza del narcotráfico para Estados Unidos; controlan la mayor parte del mercado de drogas de EU y han establecido rutas de transporte variadas, tienen capacidades de comunicación avanzadas y tienen fuertes afiliaciones con grupos criminales y pandillas en los Estados Unidos”, advertía la DEA.

Coincidentemente, en sus informes preliminares de observación electoral difundidas el pasado jueves, las organizaciones Alianza Cívica y Equipo Pueblo –dos de las 45 agrupaciones que en total registraron 19 mil ciudadanos ante el INE, los cuales fueron desplegados en las 32 entidades para vigilar este proceso electoral– denunciaron que la presencia del crimen organizado tuvo incidencia en algunos territorios del país.

Alianza Cívica, por ejemplo, detectó en un sondeo realizado entre votantes, que la percepción social de la injerencia del crimen organizado creció de 28 a 42 por ciento.

Y el informe preliminar de Equipo Pueblo, que desplegó su observación en la Ciudad de México, Baja California Sur, Morelos, Oaxaca, Tamaulipas, Sonora y Yucatán, calcula que entre 30 y 35% del territorio nacional –el mismo porcentaje que dio el jefe del Comando Norte de EU– fue impactado por la presencia del crimen organizado, aunque acotó que no puede atribuirse a éste toda la violencia política de género.

Álvarez Fontán: manos a la obra

El tramo de la carretera federal 180 Costera del Golfo se encuentra en malas condiciones porque data de por lo menos medio siglo, reconoció el director del Centro SCT-Veracruz, Ramón Álvarez Fontán.

El funcionario federal hizo referencia a lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita este viernes al poblado Paso Largo, municipio de Martínez de la Torre, donde específicamente “pidió a la SCT dar atención especial a las carreteras de Veracruz, hay que invertir en las carreteras libres porque están llenas de baches, tenemos que mejorarlas y construir más caminos rurales”.

Durante la supervisión de la obra en su tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora, que encabezó el Jefe del Ejecutivo federal en compañía del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz-Leal, se destacó que a su culminación, la vialidad impulsará el desarrollo económico y turístico de la Costa Esmeralda, Papantla y Tuxpan en la zona norte del estado de Veracruz.

La autopista de altas especificaciones Cardel-Poza Rica, de 128 kilómetros, que tendrá una inversión de cuatro mil 691 millones de pesos, agilizará el corredor carretero Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros, y mejorará las condiciones de seguridad y economía a los usuarios de esa región.

El director del Centro SCT Veracruz reiteró también que el bacheo y el mantenimiento de conservación no es suficiente para dejar en buenas condiciones el tramo que va de la carretera Vega de Alatorre-El Diamante-Nautla y San Rafael.

Durante la gira de trabajo del Presidente de la República se dejó constancia que las vías de comunicación en Veracruz tienen carácter prioritario, con la finalidad de promover el desarrollo económico de la entidad.

En ese sentido el director del Centro SCT Veracruz afirmó que “tiene toda la razón el Presidente al decir lo de las carreteras de Veracruz, ya que estábamos acostumbrados que dijera todo lo que estaba bien”.

Además destacó que “tenemos a un Presidente de la República que anda en sus giras a ras de tierra, no baja en helicóptero en campos deportivos, sino porque quiere mucho a Veracruz es que va a apoyar con un presupuesto para construir más obras de infraestructura carretera”.

“Afortunadamente –remarcó– tenemos a un Jefe del Ejecutivo que dice las cosas por su nombre, no tiene miedo en decir las verdades que estamos viendo, no oculta lo que está sucediendo”.

Como ya se difundió, el presidente López Obrador estuvo este viernes en tierras veracruzanas, donde junto con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el titular de la SCT, Jorge Arganis Díaz Leal, firmó el acuerdo para resolver el conflicto de construcción de la autopista Cardel-Poza Rica en el tramo del poblado Paso Largo.