Aunque las cúpulas nacionales del PAN, PRI y PRD ya determinaron cuáles y cuántos distritos electorales corresponderán a cada partido en los que postularán candidatos comunes a diputados federales por la alianza “Va por México”, en las tres fuerzas políticas que irán coaligadas todavía existen jaloneos internos en algunos estados en los que, como Veracruz, también habrán de consensuarse las nominaciones a las alcaldías y diputaciones locales.

Y es que, como era de esperarse, los líderes de los grupos de poder de cada partido buscan imponerle a sus dirigencias no a sus mejores militantes con impecable trayectoria política o a aspirantes ciudadanos con buena fama pública, sino a familiares, incondicionales, novias y amantes.

Ello, al parecer, es lo que en Veracruz estaría trabando todavía los acuerdos locales de la alianza tripartidista, pues ex dirigentes como Rogelio Franco Castán, del PRD; José de Jesús Mancha Alarcón, del PAN, y hasta el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares están presionando a sus dirigencias para colocar a sus peones y alfiles con miras hacia el 2024, año en que habrán de elegirse Gobernador, Presidente de la República, senadores y nuevamente ediles y diputados locales y federales.

En el PRI aparentemente existe un ambiente más conciliador, sin embargo ha trascendido que por razones de género podría haber ajustes de última hora en algunos distritos electorales federales por los que ya se habían perfilado los nombres de sus virtuales candidatos.

Por ejemplo, en el octavo distrito (Xalapa-Rural), por el que se daba como un hecho la postulación de Adolfo Mota Hernández, ex secretario de Educación de Veracruz y ex dirigente estatal del PRI, podría ser nominada Lorena Piñón Rivera, actual secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.

Piñón, como ya se sabe, fue candidata a la dirigencia nacional priista en el proceso interno de 2019, en el que desempeñó el indigno papel de comparsa del actual presidente del CEN, Alejandro “Alito” Moreno, pues sólo se dedicó a descalificar a Ivonne Ortega y Ulises Ruiz, ex gobernadores de Yucatán y Oaxaca que eran los más fuertes adversarios del ex mandatario de Campeche.

En un principio, Lorena fue expulsada del partido tricolor y su candidatura a la dirigencia nacional quedó cancelada luego de la resolución de la Comisión Nacional de Procesos Internos que determinó que la abogada nativa de San Rafael había aceptado ser postulada por el PAN como candidata a diputada local. Sin embargo, como la priista no figuró en el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente de Acción Nacional que designó de manera directa a sus candidatos al Congreso local, interpuso un recurso de protección a los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual revocó la resolución del órgano partidista y le restituyó sus derechos como militante.

La Sala Superior del TEPJF consideró extemporáneas las denuncias presentadas contra Piñón por intentar ser candidata del PAN en 2016, ya que el artículo 151 del Código de Justicia Partidaria del PRI estipula que no puede solicitarse la imposición de las sanciones después de que transcurran 365 días naturales de la falta cometida o de que se tuvo conocimiento de la misma. Y el coqueteo entre Lorena y Acción Nacional había ocurrido tres años antes.

¿Sacudida al Poder Judicial?

Los que están incómodos con el desempeño de la titular del Poder Judicial de Estado (PJE), Isabel Inés Romero, a la que incluso han golpeado a través de terceros por la edad y supuestos padecimientos propios de la misma, pasaron por alto que el trabajo realizado de noviembre a la fecha también consiste en una limpia a conciencia de quienes, hasta ahora, sólo veían por sus intereses particulares y de grupo.

Una de ellas es la actual secretaria de Trabajo y Previsión Social,  Diana Aróstegui Carballo, quien con el pretexto de la entrada en vigor de la nueva Ley Laboral en octubre de este año, ha intentado meter mano al presupuesto del PJE, al personal e, incluso, acomodar recomendados al interior, pero se topó con pared, pues sus caprichitos, en presunto contubernio con la defenestrada magistrada Sofía Martínez Huerta, de poco o nada le han servido.

Otro es el consejero Humberto Oliverio Hernández Reducindo, ya conocido como “Judas”, quien vio frustrada sus aspiraciones de quedarse con el trono después de la vergonzosa salida de Martínez Huerta y la sorpresiva designación de Isabel Romero Cruz.

La traición, ambición de poder y dinero es su carta de presentación, al grado que quiso imponer a su gente por encima de la propia magistrada presidenta.

Junto con la entonces secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, María Hortencia Guillermina Hernández Fernández –suegra de Hernández Rudecindo, la cual fue denunciada en octubre del año pasado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por cinco empleados del PJE–, intentaron gestar un golpe de estado que resultó en una larga lista de colaboradores y familiares despedidos porque ya traían negocios que pretendían afianzar.

De Hernández Reducindo se dice que sus días como Consejero estarían contados y que inclusive ya habría sido autorizado su remplazo por autoridades del primer nivel, por lo que está dando sus últimas patadas de ahogado contra Isabel Romero, pero sin el apoyo del Congreso local, ni del gobernador Cuitláhuac García y mucho menos del secretario de Gobierno, Eric Cisneros.

Nos aseguran que la magistrada Isabel Romero está más firme que nunca en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, y que incluso bajo su batuta se vienen cambios fuertes que cimbrarán el Poder Judicial de Veracruz.