Antes que tranquilizar al personal médico y al resto de la población, el Plan de Vacunación contra el Covid19 anunciado por el Presidente López Obrador despertó serías dudas y mucha preocupación, sobre todo en amplios sectores de la población que podrían recibir la vacuna hasta dentro de un año y tres meses, principalmente los más pobres.

México comenzará en la tercera semana de diciembre con la primera etapa de vacunación dirigida al personal de la salud con la aplicación de vacunas de Pfizer y BioNTech. Sin embargo, el gobierno no tendrá las vacunas suficientes ni el dinero necesario para comprarlas. Hasta ahora, sólo hay aseguradas 34.4 millones de dosis.

En septiembre pasado, Amnistía Internacional publicó un informe en el que evidenció que México era el país con mayor número de muertes de personal de la salud por coronavirus. Hasta entonces, el país había registrado mil 320 decesos por Covid-19 entre los 97 mil 632 enfermeros, doctores y empleados de hospitales que habían sido diagnosticados positivos. Las primeras 250 mil vacunas que llegarían en un par de semanas difícilmente alcanzarán siquiera para los médicos y enfermeras.

Salvo por el personal médico, las etapas de la vacunación se establecieron por grupos de edad. Y aunque se ofreció que la vacuna será universal y gratuita, sólo llegará a los más pobres, “en cuanto se tenga el permiso de otras vacunas como CanSino o AstraZeneca podremos llegar a todas las comunidades.” Es decir, los más pobres no están considerados en esta etapa.

El plan de vacunación está lleno de inconsistencias, como explican especialistas y ex funcionarios de la Secretaría de Salud federal. No se ha garantizado un suministro comprobable de acuerdo a los compromisos de los laboratorios –no se sabe el volumen y la fecha de abasto del resto de los lotes-, y tampoco hay certeza de la capacidad instalada, es decir, instalaciones, vehículos, personal, cartografía y programación de turnos.

No hay una comunicación oficial homogénea. La Secretaría de Salud y la Cancillería juegan con sus propios datos, además de que la logística y los lugares donde se aplicará la vacuna siguen siendo suposiciones y buenos deseos. La falta de información estratégica sólo confirma la urgencia del gobierno de hacer el anuncio para frenar la crisis que genera el nuevo pico de la pandemia. “Estamos mal pero ya pronto tendremos la solución”, parece ser el slogan presidencial.

En la segmentación por grupos de edad se ignora a otros sectores que tienen un vínculo estrecho con la población y que podrían representar una importantísima cadena de contagio: profesores, choferes de transporte de personas y mercancías, personal de mercados y supermercados, policías, fuerzas armadas, y en general a todo aquel al que la sociedad le requiere trabajar en la calle y por ende, trasladarse.

Tampoco se informó de casos de excepción, por ejemplo, las personas que actualmente se encuentran hospitalizadas por otros padecimientos, niños con cáncer o enfermedades graves.

Los grupos de población no están ubicados en un mismo lugar, sino que la distribución de la vacuna debe apegarse a un pacto federal sanitario con categoría de ley, específico para atender las acciones que paliarán la pandemia. Esto significa el involucramiento y coordinación con los gobernadores y ayuntamientos, así como la participación de los sectores productivos y sociales. ¿El Presidente estará dispuesto a escuchar a alguien más que no sea Ebrard o López-Gatell, incluso al Consejo de Salubridad General?

Nadie habló de un registro puntual y sistematizado donde se asienten los datos sensibles para el sistema de salud, los cuales incluyen el tipo de población a la que se le aplica la vacuna y geográficos, entre otros, a fin de elaborar un sistema que le dé organicidad y posibilite el monitoreo del avance en las etapas y así ir generando subsecuentes medidas.

Estos meses podrían generar mayor polarización y violencia debido a la presencia de una serie de riesgos que se tienen que considerar: un explosivo mercado negro, compra ilegal de vacunas por particulares, presencia de la delincuencia organizada en amplias regiones del país, tráfico de influencias y favoritismo en la aplicación dentro del propio gobierno y las autoridades de salud, entre muchos otros.

Por todo lo anterior y a la vista del calendario de vacunación presentado por López-Gatell sólo evidencia la continuación de una respuesta del estado mexicano corta, arbitraria y central, que sigue dinámicas de cotos burocráticos, desapego legal, dispersión y cerrazón a sectores que están dispuestos a participar y que deberían ser convocados y escuchados, opina el académico de la UNAM y ex funcionario de la Secretaría de Salud federal, Juan José García Espinosa.

En el año y medio que está calculando el gobierno para completar la campaña de vacunación todavía pueden morir miles de personas. Por eso, el mayor riesgo que enfrentamos en este momento es que la política, la avaricia y el caos contaminan una vacuna a la que el gobierno y la gente le han apostado su futuro.

Las del estribo…

1. Apenas el lunes, el Gobernador Cuitláhuac García dijo que no hay prisa por volver a clases; que eso sucedería hasta que Veracruz tuviera todos sus municipios en semáforo verde durante 4 semanas consecutivas. Ayer, Esteban Moctezuma dijo que Veracruz estaría listo para volver a las aulas en el mes de enero. ¿Apostará el Gobernador a la obediencia servil o se mantendrá en su sensata decisión de no poner en riesgo a millones de niños veracruzanos

2. El secretario de Finanzas José Luis Lima Franco, adelantó que en las próximas semanas, sus homólogos y él, que integran la Comisión Permanente de Vigilancia de Participaciones, llevarán a cabo mesas de trabajo a fin de llegar a una propuesta de reforma al pacto fiscal. El tema es relevante por dos razones: primero, se reconoce la necesidad de analizar el pacto tal como está, y segundo, el funcionario veracruzano empieza a convertirse en figura nacional.