El día que el gobierno del estado decidió desarmar a la policía municipal de Jamapa, prácticamente sentenció a muerte a su presidenta municipal Florisel Ríos Delfín. El brutal asesinato de la edil perredista sólo fue el corolario de una larga historia de crímenes e impunidad: el director de la policía municipal levantado y descuartizado, un comando armado que ingresó a la tesorería, la ex tesorera y el ex director de obras públicas detenidos y un esposo prófugo por una orden de aprehensión en su contra.

En toda esta historia, el gobierno estatal tiene una gran responsabilidad por acción y omisión. En el primer caso, por haber desarmado a la policía municipal dejando a toda la población a merced de la delincuencia, no sólo a su presidenta. Si el gabinete de Cuitláhuac García tenía información sobre vínculos de los elementos de la policía con criminales, debió procesarlos y asignar la seguridad a la policía estatal, como ha sucedido en muchos otros municipios.

Frente a la descomposición delincuencial que vive el municipio, los operadores del gobernador decidieron emprender una nueva persecución política contra un Ayuntamiento de oposición. Ayer, el propio diario Reforma hizo públicas conversaciones de la presidenta asesinada en la que acusa al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de negarle el apoyo de seguridad para ella y su municipio.

Según el testimonio -que tendrá que formar parte de la carpeta de investigación-, Florisel Ríos intentó entrevistarse con el secretario de Gobierno para preguntarle sobre las razones “del acoso contra su municipio”, a raíz de la detención de dos de sus colaboradores. En el audio dado a conocer a nivel nacional, la hoy occisa reveló que los elementos de la policía municipal estaban desarmados por determinación del funcionario, quien rechazó devolverle las armas hasta que su esposo, Fernando “N”, se entregara. Incluso su comandante le advirtió que no tenía cómo protegerla. La muerte ya rondaba a la presidenta.

La persecución política tuvo un desenlace fatal, como lo sugirió el propio gobernador Cuitláhuac García al señalar que los homicidas de la funcionaria habrían aprovechado la “situación compleja” que se vive en el municipio. Si el esposo y los ex colaboradores de Ríos Delfín son responsables, eso lo decidirán los jueces, sin embargo, la medida de presión impuesta por el gobierno estatal fue lo que llevó al fatal desenlace de este miércoles.

Para nadie era un secreto que Jamapa se había vuelto un polvorín político y de inseguridad. Si el gobierno contaba con información no sólo del desvío de recursos sino también de los vínculos de la policía o de cualquier otra autoridad municipal con la delincuencia organizada –como pasa en otros tantos municipios del estado- debió actuar en consecuencia. Tomar el control de la policía era el primer paso.

Este año ha sido de verdadero terror para los habitantes de Jamapa. El 5 de marzo, un comando de ocho personas con pasamontañas y con armas de fuego en mano ingresaron al Museo Comunitario habilitado como sede alterna del Palacio Municipal, con el objetivo de sustraer a Fernando Hernández Terán, Presidente del DIF Municipal y esposo de la alcaldesa asesina este miércoles; su nombre fue repetido en varias ocasiones entre amenazas e insultos.

Apenas el 24 de julio pasado, el primer comandante de la Policía Municipal, Miguel de Jesús Castillo, fue encontrado descuartizado tras ser levantado por un grupo armado. Antes de ser asesinado sus victimarios grabaron un video donde hizo varios señalamientos contra la alcaldesa. No se sabe si se investigaron estas acusaciones que también involucraban a mandos de la policía estatal y autoridades de otros municipios.

Dos semanas después, tras el asesinato del mando policiaco, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa aseguró el armamento de toda la policía municipal para una supuesta revista de las armas. La Secretaría siempre tuvo sospechas sobre la actuación y vínculos de los elementos. No hubo ningún policía detenido, sólo dejaron sin armas a la corporación, lo que fue cuestionado por la presidenta municipal como una medida de presión contra su gobierno.

Apenas el miércoles 4 de noviembre, elementos de la Fiscalía del Estado realizaron un operativo para detener a la tesorera Aurora “N”, Carlos “N” director de Obras Públicas – quienes salieron de la cárcel dos días después tras pagar una fianza- y al propio Hernández Terán, quien hoy se encuentra prófugo acusado de probables delitos de peculado y abuso de autoridad.

La Fiscalía tendrá que investigar no sólo lo que le interesa políticamente al gobierno: el desfalco de los funcionarios municipales, sino también lo que le interesa a los veracruzanos: el móvil del homicidio, los autores materiales e intelectuales y el vínculo de autoridades con la delincuencia.

A unos días del Segundo Informe de Gobierno, Veracruz se convirtió otra vez en nota roja nacional.

Las del estribo…

1. El presidente López Obrador calificó como “canallesco” y “un espectáculo desagradable” las acusaciones de Javier Duarte contra el expresidente Enrique Peña Nieto en el caso Odebrecht. En efecto, ¿quién le vendió la idea al ex gobernador de que eso le podría generar atención o beneficio? Sus testimonios de oídas ya no le interesan al Presidente, quien ya lo puso en la lista de soplón y canalla.

2. Sin prisa pero sin pausa corre la denuncia que presentó al abogado Tomás Mundo en contra del ex director de Administración del Consejo de la Judicatura por presuntas anomalías en la construcción y mantenimiento de las ciudades judiciales de Veracruz. Hay quien dice que ahí radica el conflicto de intereses con la ex presidenta Sofía Martínez. ¿Será la punta del iceberg?