Lo que hasta ahora había sido una agria disputa política interna entre la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, y los magistrados integrantes del Consejo de la Judicatura, en breve podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción de la actual administración estatal con la evidencia de un desfalco superior a los $60 millones de pesos en sólo 10 meses de gestión.
Este martes, los integrantes del Consejo de la Judicatura respondieron a la solicitud de la Presidenta de firmar 13 actas de sesiones extraordinarias que nunca se realizaron pero en las que se asienta que existe autorización para transferir recursos “por cambio de capítulo del Tribunal al Consejo”, “para comprar artículos urgentes para distribución de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativos, con motivo de regreso a labores”.
En su respuesta, los magistrados también expresan su preocupación por el uso y ejercicio –en contubernio con el destituido Director General de Administración- de aproximadamente a 60 millones de pesos sin autorización del Pleno de la Judicatura, que según las observaciones derivadas de la entrega-recepción del área administrativa, corresponderían precisamente a las trece actas “apócrifas” que Sofía Martínez pretende que firmen los miembros del Consejo.
Además, cuestionan la decisión unilaterial y contradictoria de la Presidenta de realizar adquisiciones sin tomar en cuenta al Consejo de la Judicatura –facultad que según ella le otorga el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020-, pero al mismo tiempo, requerir su firma de autorización en las actas mencionadas.
Tratando de cubrirse las espaldas, Martínez Huerta destapó su propia cloaca. El oficio remitido a los integrantes del Consejo de la Judicatura confirmó que sin su autorización ha comprometido y ejercido el gasto público sin ajustarse al marco jurídico aplicable al Consejo, es decir, “ha realizado procesos de adquisición, adjudicación, servicios, contrataciones y obras sin observar los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, austeridad, honradez y eficiencia”, acusan.
Como se recordará, el 15 de julio pasado, el Consejo de la Judicatura decidió la destitución de los funcionarios nombrados por la Presidenta Martínez Huerta –entre ellos su nuera Mayra Angélica Martínez Juárez como Secretaria de Acuerdos y el Director General de Administración, Hernán García Sobrevilla-, por lo que los magistrados pidieron un informe detallado del proceso de entrega-recepción luego de las irregulares que fueron notificadas por la nueva directora de Administración, mismo que les fue negado por la propia Presidenta, a pesar de que la petición se había hecho a la funcionaria en su calidad de órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura.
De hecho, eso generó el primer conflicto entre la Presidenta y la nueva responsable de la Dirección de Administración. El desfalco estaba por hacerse público, por lo que Martínez Huerta de manera ilegal fue quien contestó la solicitud, negando a los magistrados la información requerida.
Por supuesto, la magistrada y los magistrados se han negado a firmar las actas “apócrifas” con las que se pretende justificar el desvío de $60 millones de pesos, acusando además la pretensión de que sea el Consejo de la Judicatura quien valide y al mismo tiempo “seamos cómplices de la fabricación de diversa documentación con la intención de que Usted justifique su mal actuar como Presidenta del Consejo de la Judicatura.”
Los magistrados aseguran que “en ningún momento fuimos convocados por Usted a las sesiones que debieran dar origen a las supuestas trece actas arriba citadas” y reiteran que las Sesiones del Consejo a las que se refieren las supuestas trece actas, “en ningún momento fueron celebradas ni se llevaron a cabo”, lo cual se puede corroborar con la información que se encuentra bajo custodia de la Secretaría del Consejo.
Explican en su escrito que en ningún momento “nos hemos negado a firmar acta alguna que derive de sesiones válidamente celebradas por el pleno del consejo, lo que no sucedió en el caso de las supuestas trece actas de sesión extraordinaria” del propio Consejo, por lo que han pedido a la Presidenta del TSJE que se convoque al pleno del Consejo de la Judicatura a una sesión extraordinaria pública con carácter de urgente, en la que se incluya en la orden del día el análisis de las actas de sesión y el uso y destino de los más de 60 millones de pesos.
La actitud arrogante y prepotente de la Presidenta seguramente se impondrá. Es previsible que la Sesión del pleno significaría no sólo la evidencia de la desastrosa y corrupta administración de la que la acusan los propios consejeros, sino que terminaría por fracturar el frágil equilibrio que se había impuesto desde Palacio de Gobierno.
Pero la cosa es mucho más grave. Ante la evidencia de los hechos, actos de corrupción y “fabricación de documentos”, el Consejo de la Judicatura estaría obligado a realizar las denuncias correspondientes, no sólo en contra de la Presidenta sino de toda la red de funcionarios que participaron del desfalco.
A menos claro, que el Gobernador decida protegerla y convalidar la corrupción.
Las del estribo…
1. En mayo del año pasado, el gobernador Cuitláhuac García descartó que su gobierno busque la reducción de tarifas de energía eléctrica para Veracruz, justificando que la CFE vivía “desastre económico” y depende del ingreso tarifario. Hoy en medio de la pandemia, las tarifas se han encarecido ante la indolencia del gobierno, provocando el corte de suministro y demandas a los usuarios. A ver cómo se lo explican a sus electores.
2. Hace un mes, la diputada Andrea Yunes exhortó al gobierno federal a continuar con el proceso de basificación de 17 médicos y aumentar el número de plazas del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Sus plegarias fueron escuchadas: el próximo año, el gobierno aumentará al doble las plazas de médicos residentes vía el ENARM. También hay buenas noticias.