El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, reveló que la periodista María Elena Ferral había recibido amenazas desde 2016, pero que la comunicadora asesinada este lunes en Papantla no aceptó que se le incluyera en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

En entrevista con Notimex, la agencia de noticias del gobierno federal, Ramírez Cuevas explicó que “en esta administración nosotros supimos de estas amenazas y se le ofreció la protección,”, sin embargo, dijo, “ella no respondió positivamente”.

Sorprende que sabiéndose en riesgo, la comunicadora no haya aceptado la protección gubernamental. Y es que el vocero de la Presidencia de la República atribuyó el atentado a su trabajo de investigación periodística sobre crímenes políticos en la región de Papantla.

Además aportó un dato interesante: “Actualmente recibe y está protegida (la hija de la víctima) tanto por Seguridad Pública del estado de Veracruz como de la Secretaría de la Defensa Nacional, por el tipo de delito que está asociado, porque tenemos información, del crimen organizado.”

¿Por qué, entonces, María Elena Ferral se negó a que se le incluyera en el Mecanismo de Protección para Periodistas, de la SEGOB?

Una versión que corre es que quien presuntamente la amenazó, el ex alcalde priista de Coyutla, Basilio Picazo Pérez, habría accedido a tener un acercamiento con ella por intercesión del ex presidente municipal de Coxquihui, Ángel Reveriano Pérez Vega, también del PRI.

¿Qué acordaron? La periodista se llevó el secreto a la tumba. Sin embargo, Picazo logró una tregua mediática, ya que en el proceso electoral de 2016 contendía como candidato del partido tricolor a diputado local.

Sin embargo, al año siguiente Picazo rompió hasta con Reveriano Pérez, pues en una negociación política renunció al grupo legislativo del PRI y se adhirió en septiembre de 2017 a la bancada del PAN, cuyo voto fue determinante para desaforar un mes después al entonces alcalde de Coxquihui, acusado de los delitos de evasión de presos, abuso de autoridad, desobediencia y resistencia de particulares, y por cuya captura la administración del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ofreció un millón de pesos.

Pérez Vega, quien a través de la banda de “Los Pelones” controlaba políticamente una parte de la sierra de Papantla, fue detenido en Puebla hasta mayo de 2019.

Casualmente, en uno de sus últimos textos publicados, María Elena Ferral se refirió el pasado 12 de marzo al “nuevo escenario político” en el que advertía que “la lucha por el poder será encarnizada, pues las alianzas entre quienes buscan apoderarse del Totonacapan entero, van con todo y sin lugar a dudas que habrá más crímenes políticos en esta región…”

Y añadía que las ejecuciones registradas desde el 2018 a la fecha en la región, principalmente en los municipios de Papantla, Gutiérrez Zamora y Tecolutla, “son apenas el comienzo de la férrea disputa por las alcaldías de al menos once municipios”, los cuales “son una prueba de lo que viene” en 2021 “si es que la autoridades deciden no frenar a las cabezas de este peligroso grupo político” que, señaló, “estaba en el fondo del precipicio” y ahora está resurgiendo nuevamente liderado por los hermanos Camerino Basilio y José Benito Picazo Pérez y Rómulo Isael Salazar Macías.

El gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, han afirmado una y otra vez que en este gobierno se acabaron las complicidades con grupos criminales y caciquiles. ¿Llegarán entonces hasta los autores intelectuales del asesinato de María Elena Ferral? La pregunta se hace porque corre el rumor de que algunos sospechosos estarían apadrinados por un poderoso político del vecino estado de Puebla.

¡No sea que en 2021 sean postulados como candidatos a alcaldes y diputados en alianza con el partido gobernante!