Ahora es más que nunca explicable la enjundia con que la senadora Indira Rosales San Román retomó la iniciativa de su compañero de bancada y excompañero de gabinete Julen Rementería del Puerto, de desaparecer poderes en Veracruz, dejando para mejor momento las diferencias marcadas entre ambos por favorecer a distinto candidato a dirigente estatal panista en la reciente contienda interna.

La guapa Indira se sumó a la triste mojiganga que esta misma semana fue disuelta en el Senado de la República, por lo que en las próximas semanas seguramente disminuirá su presencia en Veracruz (o, al menos, en la prensa porteña), ahora que ya ha quedado más que evidente la manipulación de los programas sociales, bajo el buque insignia “Veracruz Comienza Contigo”.

Con una inversión multimillonaria, las acciones realizadas en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol estatal) no pudieron con la pobreza y pobreza extrema en la entidad (que creció 1.3 por ciento) y, en cambio, escondió el ilegal y vergonzoso flujo de enormes cantidades de recursos públicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Yunes Márquez, fracasado candidato a la gubernatura, hijo primogénito de su jefe.

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz ha dejado al descubierto en el análisis de la Cuenta Pública 2018 cómo, sin la mínima norma que permitiera dar seguimiento a los pingües montos destinados a programas sociales, aparecen irregularidades administrativas, una grave opacidad en el manejo de los recursos, nula existencia de un padrón de beneficiarios, absoluto desinterés por el cumplimiento de metas y la inexistencia de reglas de operación.

Todo ello creó un maravilloso caldo de cultivo para transformar ideales de combate a la pobreza en verdaderos programas electorales que medraron con la necesidad de millones de veracruzanos para obligarlos a votar a favor de los candidatos blanquiazules, en particular, su candidato a la gubernatura, lo que de haberlo logrado hubiera hecho imposible descubrir el enorme manto de corrupción que cubrió el minigobierno pasado y habría alargado los años de enorme bonanza económica y política tanto para los miembros de la familia Yunes como para los panistas cercanos a ella.

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Grandes recursos, desaseados propósitos

En total, en 2018, el gobierno de Yunes Linares destinó cerca de 7 mil millones de pesos al programa “Veracruz Comienza Contigo”, manejado prácticamente por la Sedesol estatal, cuya titular, Indira Rosales San Román, dispuso además de un fuerte incremento presupuestal que incluyó la contratación de cientos de empleados, en realidad operadores políticos del Partido Acción Nacional, que no tuvieron como propósito abatir la pobreza y la pobreza extrema sino contribuir al triunfo del hijo del entonces gobernador.

Según el meticuloso reportaje de la periodista Perla Sandoval, de la agencia AVC, “en la auditoría a la cuenta pública 2018, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) determinó que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no cumplió con sus metas porque los programas del Catálogo del programa no contaban con reglas de operación particulares ni se identificaron procesos para la inclusión de datos sobre los detalles de los apoyos que se entregarían a los beneficiarios mediante 15 programas específicos”.

Y es que la Sedesol ni siquiera entregó información para conocer el presupuesto aprobado, modificado y devengado del programa porque no se constituyó como parte de la estructura programática-presupuestal estatal. “Pese a ello, el Orfis determinó que, dado que el programa se articuló como una operación conjunta de programas presupuestarios y una actividad institucional, se estimó que, de manera conjunta, dichos programas tuvieron presupuesto aprobado de 6 mil 939 millones 313 mil 478.20 pesos. Esta cifra representó el 5.2 por ciento del gasto total ejercido por el Gobierno del Estado”.

La enorme cantidad de recursos destinado a programas sociales en el segundo y último año del gobierno yunista, como era de suponerse, no ayudó en nada a aliviar la situación de pobreza y pobreza extrema de miles de familias veracruzanas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), aunque en el periodo 2016-2018 se redujo la proporción de la población en situación de pobreza (al pasar de 62.2 a 61.8 por ciento), hubo un incremento de 1.3 por ciento en el número de personas en situación de pobreza extrema.

El Orfis detalló que no fue posible constatar la existencia de un Padrón Único de Beneficiarios del programa; tampoco, que contara con las características mandatadas en los elementos normativos y operativos de dicho programa, y no fue posible validar que los recursos públicos invertidos para la correcta integración, mantenimiento y funcionamiento del padrón se hayan ejercido con base en los principios de eficacia, eficiencia y economía.

Por ello, el Orfis mandó a la Sedesol promover ante la Contraloría General responsabilidades administrativas de los servidores o exservidores públicos que tuvieron a su cargo la contratación de proveedores, ministración de recursos para el pago de contratos, la ejecución, coordinación, integración, seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de acciones para el correcto desarrollo de la plataforma tecnológica del Padrón Único.

El Orfis señala que no encontró la ejecución concreta y sistemática de evaluaciones internas o externas, respecto del impacto en los índices de pobreza, carencias, marginación y vulnerabilidad, dado que los documentos presentados no se centraron en el logro de los objetivos, la medición de resultados e impactos sociales en el corto, mediano y largo plazo, la verificación de transversalidad e impacto en el contexto comunitario y social, la identificación de las sinergias institucionales y factores que pudiesen haber impedido la complementariedad del Catálogo de Programas.

La auditoría señala que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) tampoco ejerció́ sus atribuciones de vigilancia del cumplimiento del programa al justificarse diciendo que los responsables de las acciones fueron las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Ya puede imaginar usted, sobre todo a raíz de la salida de Jorge Winckler Ortiz de la Fiscalía General del Estado, quien había sido pensado como un infranqueable valladar para evitar acciones penales en contra de los exfuncionarios, por qué la senadora Indira Rosales San Román se sumó a la desesperada iniciativa presentada por el otro senador veracruzano blanquiazul, Julen Rementería del Puerto, de someter al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a juicio político y a una eventual desaparición de poderes.

Pero no les salió y ahora deberán rogar porque estos descubrimientos hechos por el Orfis no tengan como colofón la formulación de diversas causas penales en su contra por desvío de recursos, irregularidades administrativas e, incluso, afectación al patrimonio público.

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Ramos Alor, ¿será sancionado por negligencia?

Los señalamientos críticos en contra del Secretario de Salud del gobierno veracruzano, el pediatra Roberto Ramos Alor (cuyo único soporte para sostenerse en el cargo, según él mismo ha reconocido, es haber sido un seguidor contumaz de Andrés Manuel López Obrador en sus marchas y plantones), no solo han arreciado en los medios de comunicación por el enorme daño causado a la población por su ineptitud y soberbia.

Ahora también es posible que sea motivo de una investigación por parte de la Contraloría General del Estado para determinar si la inusual expansión de los contagios de dengue y el crecimiento en el número de casos reconocidos y muertes derivadas de esta enfermedad viral, son producto de actitudes negligentes de funcionarios de la dependencia e, inclusive, de este funcionario que busca esconder su obesidad y su incapacidad bajo sus batas blancas, que usa aunque no esté en consulta.

Este miércoles, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz solicitó a la Contraloría General del Estado que investigue las medidas que se han tomado en torno a las presuntas omisiones en  las que habrían incurrido servidores públicos de la Secretaría de Salud de Veracruz, y que ha derivado en la presencia de un grave problema de salud pública en la entidad.

En un comunicado emitido por este órgano que preside el colega Emilio Cárdenas Escobosa, se señala que, ante la crisis de salud que se presenta en el estado de Veracruz por el alto índice de pacientes contagiados con el virus del dengue, “que ha llevado a que la entidad ocupe el primer lugar a nivel nacional en casos registrados de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Federal, con un total de 5 mil 267 personas contagiadas y 15 fallecimientos”,  se ha solicitado a la Contraloría General tome cartas en el asunto.

Y es que, según ha logrado concluir, en este problema de salud presuntamente han existido: fallas en el proceso de captura de datos por mala capacitación o por falta de ella por parte de los empleados encargados de la vigilancia epidemiológica por la nula implementación de mejoras y la falta de reingeniería en los procesos; y, por no haberse  ejercido oportunamente  los recursos presupuestados para las tareas de fumigación.

Los miembros de este órgano ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción refrendaron su compromiso con la sociedad veracruzana para que se haga la investigación necesaria por parte de las autoridades competentes,  ante las probables irregularidades mencionadas y con el ánimo de que esta experiencia no vuelva a repetirse en la entidad.

¿Y qué pasa por la cabeza de los funcionarios estatales, comandados por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez? Tal vez que el doctor Ramos Alor solo está transitando por la larguísima curva de aprendizaje.

Frases sin disfraces

“La política es el arte de servirse de los hombres haciéndoles creer que se les sirve a ellos”. Louis Dumur, periodista.

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