Veracruz, Ver.- El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, consideró que la implementación del voto electrónico en el país no necesariamente abaratará los comicios tradicionales, ya que se deberá adquirir y dar mantenimiento a la tecnología que recibirá el sufragio y que realizará los cómputos.
En ese sentido, dijo que se deberá proyectar presupuestalmente la implementación del voto electrónico para determinar si resulta más barato que el sufragio tradicional.
“Uno de los principales motivos para que algunos estados, ya sea en elecciones locales, federales, implementen el voto electrónico es porque piensan que van a ahorrar, a disminuir los costos del sufragio, pero, eso, en principio, necesariamente no es así, depende de cuál sea la modalidad y los mecanismos que se implementen en términos de tecnología, el costo del mantenimiento de la tecnología”, expuso.
Refirió que estudios de opinión indican que los ciudadanos tienen “un alto grado de desconfianza” en el voto electrónico, además de que se conoce poco.
Incluso, mencionó que otros estudios de opinión revelan que solo el 32 por ciento de los ciudadanos confían en el TEPJF, pero aclaró que la desconfianza ciudadana en los partidos políticos y otras instituciones es mayor.
En ese sentido, el magistrado de la Sala Superior del TEPJF opinó que la implementación del voto electrónico no necesariamente incrementará la confianza en el sistema electoral del país.
“El contexto general en términos de la confianza en las instituciones públicas presenta todavía retos y que esta modalidad de voto electrónico no necesariamente tendrá como un efecto positivo si se implementara tanto en una elección local como una nacional en la confianza en el sistema electoral”, insistió.
Finalmente, recordó que el voto electrónico ya se implementó en entidades como Jalisco y Querétaro, además de que existen experiencias internacionales, pero también señaló que la Corte Constitucional de Alemania lo declaró como inconstitucional, por lo que corresponderá al aparato legislativo mexicano analizar si se resulta conveniente su instauración.
José Juan García/Avc