Después de doce años de exigir justicia, por fin, este viernes 21, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones cometidas contra 11 mujeres en 2006 en Atenco, Estado de México, durante un operativo policiaco en el que estuvo implicado el ex gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en ese entonces se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública federal.

Según informó el diario Reforma en su edición impresa de este sábado 22, el máximo órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos encontró que las mujeres fueron víctimas de detenciones arbitrarias, tortura física, psicológica y sexual y falta de acceso a la justicia. “El uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas”, sentenció la CoIDH, la cual reprochó la ausencia de regulación adecuada, la falta de capacitación de los agentes, de supervisión y de monitoreo ineficiente del operativo. El operativo, en el que participaron mil 815 policías estatales y 628 federales, se realizó el 3 y 4 de mayo de 2006.

En la sentencia, que fue adoptada el 28 de noviembre pero notificada este viernes 21 de diciembre, la Corte hace referencia al papel de diversas autoridades, entre ellas el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

“Esa noche hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al Gobernador del Estado de México, en la que se decidió utilizar la fuerza pública (…) El Gobernador, el Secretario de Seguridad Pública y el coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública se retiraron ‘una vez que se acordó el uso de la fuerza pública’”, indicó.

“La estrategia específica del operativo policial se definió en una segunda reunión, en ausencia del Gobernador y del Secretario de Seguridad Pública, que terminó en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en la que participaron las restantes autoridades federales, estatales y miembros del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva”.

Las 11 mujeres que la Corte Interamericana reconoce como víctimas son Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández y Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez.

“(La Corte) observa que después de la violencia sufrida a manos de los elementos policiales, las víctimas fueron sometidas a la puesta en duda de su credibilidad y su estigmatización pública como guerrilleras por el Gobernador, el Secretario General de Gobierno del Estado de México y el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal”, acusó.

“Al respecto, este Tribunal advierte que resulta absolutamente inaceptable que la primera reacción pública de las más altas autoridades pertinentes haya sido poner en duda la credibilidad de las denunciantes de violencia sexual, acusarlas y estigmatizarlas de guerrilleras, así como negar lo sucedido cuando aún no se había siquiera iniciado una investigación”.

Hace 12 años, feministas integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad y Salud Integral para la Mujer (SIPAM) señalaron a Miguel Ángel Yunes, a la sazón subsecretario de Seguridad Pública federal, como responsable también de estos abusos policiacos. Las representantes de estas dos organizaciones defensoras de las mujeres ultrajadas demandaron el 25 de mayo de 2006 la renuncia inmediata de Yunes Linares ante su incapacidad para asumir su responsabilidad en las agresiones sexuales de mujeres en el operativo de San Salvador Atenco, que había tenido lugar tres semanas atrás.

Yunes fue señalado por las feministas como “responsable directo de los hechos y de los actos criminales de la corporación a su cargo”. Lo acusaron de poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones de las mujeres violadas por los elementos a su mando, validando de tal forma, el proceder de los policías.

Ante la indignación de las mujeres quienes reprobaron los actos brutales, el abuso y la criminalidad de los policías en este operativo, las organizaciones civiles exhortaron al entonces funcionario federal veracruzano a renunciar y, más aún, ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.

Además, exigieron castigo ejemplar a los golpeadores y violadores de las mujeres en Atenco así como un alto a la represión a los movimientos sociales.

Cabe recordar que a mediados de mayo de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había constatado también en su informe preliminar sobre los hechos de Atenco, la violación sexual a 23 mujeres detenidas.

Las feministas también denunciaron la irresponsabilidad del entonces presidente Vicente Fox, del secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, y del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quienes “en lugar de castigar a los responsables han justificado el uso de la violencia y han descalificado los testimonios de las mujeres agredidas”, igual que lo había hecho también Yunes Linares.

Descanso obligatorio

Debido a las fiestas de fin de año, esta columna volverá a publicarse hasta el próximo miércoles 3 de enero de 2019. A todos nuestros lectores y amigos les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Felicidades.