El diputado local Víctor Manuel Vargas Barrientos, integrante de la comisión de Vigilancia del Congreso local, adelantó que por acuerdo de dicho grupo de trabajo se revisará el dictamen de la Cuenta Pública del 2017 que fue aprobado por la pasada legislatura, pues se sospecha que se dio algo “turbio” en la dictaminación.
En entrevista, confirmó que después de la denuncia que presentó el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), sobre la irregularidad cometida por diputados locales al solventar el manejo financiero de al menos 40 municipios y dependencias del Estado, sin tener la atribución, revisarán el documento que se aprobó en el pleno.
“Vamos a ver las irregularidades que pudiera ver en este dictamen. Hay que revisar a profundidad, ya que, exonerar a quien de alguna manera fue parte del gobierno anterior, es que algo turbio puede haber ahí”.
A decir del legislador de Morena, tiene las facultades para revisar algo que ya causó Estado, al publicarse en la Gaceta Oficial, “obviamente bien fundamentado (si se puede hacer)”.
Evitó adelantar cuándo se dará la revisión, sin embargo, destacó que es un acuerdo revisar el dictamen para pasarlo al pleno y se volverá a votar, y destacó que después de esa aprobación el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) deberá pasar a las denuncias penales contra los responsables del mal manejo financiero.
Cabe mencionar que el Orfis emitió un informe de Resultado de la Cuenta Pública del año 2017, primero de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, en el que observó el manejo financiero de más de mil 400 millones de pesos.
Durante el proceso de dictaminación los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la 64 legislatura determinaron solventar el manejo financiero por más de 300 millones de pesos, de entes públicos y Ayuntamientos, por lo que el monto bajó.
Esa acción derivó en una investigación de parte de la Contraloría Interna del Congreso local, pues se afirmó que los diputados no tenían la facultad para justificar el manejo financiero.
Dentro de las observaciones que se solventaron está la falta grave administrativa de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), por la asignación de tres contratos a la empresa IZAL Inmobiliaria, de la que es accionista José Mancha Alarcón, virtual dirigente del PAN, y su esposa Monserrat Ortega, diputado local.
Isabel Ortega/Avc