La política de austeridad republicana en materia laboral que propone aplicar la administración del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador traerá fallas e incumplimientos en el servicio público e, incluso, en un inicio, será “contraproducente”, de acuerdo a un análisis técnico elaborado por un grupo de 17 funcionarios, exfuncionarios y académicos.

El documento —escrito por personajes como el titular de la Unidad de Administración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) Mario Alberto Fócil— llama al presidente electo a no recortar plazas, reducir salarios, cancelar prestaciones y aumentar la jornada laboral sin antes elaborar un estudio a fondo, donde prevenga, entre otras, demandas laborales, aumento de presupuesto y un “impasse temporal” en la administración pública.

Sobre la cancelación de prestaciones, advierte que eliminar el seguro de gastos médicos mayores para derechohabientes de confianza “no implicará un ahorro para el gobierno y, por el contrario, el ISSSTE requerirá de un mayor presupuesto para atender la demanda de los servicios de salud”.

Haciendo una proyección de estas cifras, hacia el personal de confianza que tendría que ser atendido por el ISSSTE al eliminarse el seguro de gastos médicos mayores se estima que al menos 928 mil personas requerirán consultas especializadas, que se consideran las más caras. Esta demanda de atención médica especializada se estima que tendría un impacto económico para el ISSSTE de cuatro mil 80 millones de pesos”, expone.

El seguro de gastos médicos mayores, apunta, es una prestación que complementa el sueldo de los servidores públicos de confianza y que, además, “suple la falta de capacidad del ISSSTE para absorber la demanda de los derechohabientes de confianza, cuyo número asciende a 344 mil 752 personas”.

Por otra parte, advierte que el nuevo gobierno debe prever un fondo para pagar el seguro de separación individualizado, que subsana la obligación patronal del Estado en el sentido de otorgar las indemnizaciones correspondientes al personal de confianza ante despidos injustificados.

Será imprescindible y en apego a derecho, la asignación de una partida presupuestal extraordinaria para hacer frente a las liquidaciones”, señala el documento de los académicos.

Con información de Excélsior