La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, hace un cálculo de 58 mil personas desaparecidas en México, y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas cuenta 38 mil personas. En Veracruz las cifras son de aproximadamente 4 mil desaparecidos. Son cifras que desafían nuestra imaginación, cifras increíbles, números escalofriantes. Pero más allá de ello, el reto para las autoridades mexicanas y veracruzanas es inconmensurable en cuanto a sus capacidades para resolver esta problemática, en cuanto a los recursos y tiempo que se deben destinar a esclarecen aunque sea un porcentaje de esas cifras.

Hemos señalado en esta columna los pasos y requisitos en cuanto a la búsqueda e identificación forense: https://formato7.com/2017/10/15/el-derecho-a-la-verdad/ En este artículo señalaba que cuando nos referimos a la identificación de restos humanos se debe incluir al menos dos de las cinco pruebas periciales que la autoridad ministerial debe tomar en cuenta: genética (ADN), odontológica, dactiloscópica, antropológica y/o médica.

La CNDH en su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y fosas Clandestinas en México, hizo recomendaciones para mejorar las capacidades de las autoridades para encontrar un cadáver e identificarlo plenamente. Entre otras cosas, la CNDH ha propuesto la creación de un Registro Nacional de Información Genética, e incluso se está proponiendo reformar el Artículo Cuarto de la Constitución Política para tal fin.

La Legislatura de Veracruz envió ya al Congreso de la Unión una iniciativa en ese sentido para que el Artículo 4° diga: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El registro deberá incluir la información genética de cada individuo. El estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento en la que estará incluido el registro de información genética”.

Por otro lado, la semana pasada los diputados veracruzanos propusieron crear la Ley de Banco de Datos Genéticos para el Estado, que será el responsable del almacenamiento y análisis del material genético humano de las personas desaparecidas, así como de sus familiares.

Con lo anterior podemos constatar que la preocupación de las autoridades nacionales y estatales en este tema, y la exigencia de miles de familiares de personas desaparecidas está influyendo ya en el diseño y planeación de nueva legislación y políticas públicas encaminadas a ir resolviendo esta crisis, además de las nuevas leyes generales y locales en desaparición forzada.

El tema preocupante para todos es nuevamente la implementación de toda esta nueva legislación y diseño institucional. Hablamos de la necesidad de expertos, especialistas, peritos, laboratorios, tecnología, etc., con las que no cuentan las instituciones encargadas de implementar y operar estas nuevas normas y mandatos legales.

La otra preocupación es seguir pensando que con la sola información genética se resolverá el problema de la identificación de restos humanos. Las pruebas genéticas es solamente una de las periciales para la identificación, pero ella debe ir acompañada de otras para corroborarla.

En estas próximas semanas los colectivos de familiares de personas desaparecidas estarán reuniéndose con el Gobernador Electo, Cuitlahuac García, para conversar sobre las necesidades y requerimientos para llevar a cabo una efectiva implementación de todo lo que tiene que ver con la atención de víctimas, la documentación de daños y la reparación integral, la búsqueda forense y la investigación criminal, así como el seguimiento y evaluación que deberá incorporar la opinión de las víctimas. Pero sobre todo, se deberá tener mucho cuidado en dotar de recursos presupuestales y de personal especializado y capacitado para todo ello.

El Estado de Veracruz ha sido incapaz de articular una política integral, amplia y completa de prevención, investigación, sanción y reparación integral del daño a las víctimas de desaparición. El Gobernador Electo ya ha señalado que estamos frente a una crisis humanitaria.

Es necesario contar con una propuesta de mejora organizacional, operativa, funcional y de rendición de cuentas que debe realizarse con el concurso y participación de los familiares de las víctimas y los colectivos que los representan.

Los recursos humanos especializados, las metodologías de trabajo, los protocolos de actuación, el equipamiento, la coordinación interinstitucional requieren de colaboración de expertos nacionales en todos los ámbitos.

Además de los esfuerzos y recursos públicos es necesario que se promuevan alianzas estratégicas con organismos de la sociedad civil y el sector privado y se trabaje con la asistencia técnica nacional e internacional para el fortalecimiento de capacidades a través de la cooperación con organismos nacionales e internacionales.

Igualmente se requiere del concurso de las universidades y sector académico. La Universidad Veracruzana debe jugar un papel fundamental en esto. Algunos académicos de la máxima casa de estudios ya están proponiendo también la creación de laboratorios de genética, así como de identificación forense especializada. O bien los programas de formación de arqueólogos o antropólogos físicos forenses pueden coadyuvar en este esfuerzo interdisciplinario. Lo mismo puede decirse de la capacitación y formación de expertos en temas especializados en derechos humanos, y lo que tienen que ver con acceso a la justicia, la reparación del daño de las víctimas en violaciones graves a los derechos humanos.

Resulta paradójico y sorprendente que ante las cifras de muertos y desaparecidos por la violencia criminal o por violaciones de derechos humanos, la sociedad, los ciudadanos, no estemos por lo menos enterados y mínimamente escandalizados. En un porcentaje bastante grande de estas muertes y desapariciones han participado servidores públicos directa o indirectamente. Ello es lo que hace a esta problemática tan grave.