Veracruz –y particularmente Xalapa- ya tiene la experiencia del éxodo de la burocracia chilanga. El caso más emblemático fue precisamente el del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) que se dio en el contexto del terremoto de 1985 y que provocó que la institución fuera traída a Xalapa, aunque fuera sólo a morir –desapareció en 1989-.
Aquélla oleada de burócratas chilangos trajo una efímera etapa de crecimiento económico, ya que el traslado implicó incluso la creación de una unidad habitacional que lleva el nombre de la institución que hoy es historia. Y aunque en los dos últimos años ha habido intentos de revivirla, nuestra capital no está considerada en el proyecto.
Sin embargo, en medio de la crisis económica del país, es difícil pensar que el gobierno haga algo parecido, considerando que ni siquiera tiene las instalaciones adecuadas para alojar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como ha anunciado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No obstante que la sede de su delegación regional es la más grande del gobierno federal, sólo podría albergar acaso la dirección general.
De hecho, el propio Cuitláhuac García ha dicho que propondrá que la Conagua se instale en el vecino municipio de Emiliano Zapata, donde sobran terrenos pero falta infraestructura, lo que implicaría una millonaria inversión. Y en este orden de ideas, el propio gobernador electo ha dejado entrever que también descentralizaría a la burocracia estatal, aunque no ha dicho a donde enviará a las dependencias.
Si ambos proyectos se cumplen, muchos xalapeños se mudarán a otros municipios y nosotros podríamos recibir a los más de 12 mil 500 empleados que actualmente tiene la Conagua. Pero no muchos aceptarán el cambio de residencia, considerando que el salario mensual promedio en la dependencia federal va desde los $3 mil 369 mensuales como Auxiliar administrativo/a a los $20 mil 814 mensuales como Jefe de proyecto. Esto implica que podría haber algunas oportunidades de empleo.
Pero en sentido estricto, ¿qué representa que la Conagua venga a Veracruz? Dentro de sus acciones principales se encuentran apoyar a los organismos de cuenca y direcciones locales en la realización de las acciones necesarias para lograr el uso sustentable del agua en cada región del país, establecer la política y estrategias hidráulicas nacionales, integrar el presupuesto de la institución y vigilar su aplicación.
También tiene la facultad de concertar con los organismos financieros nacionales e internacionales los créditos que requiere el sector hidráulico, establecer los programas para apoyar a los municipios en el suministro de los servicios de agua potable y saneamiento en las ciudades y comunidades rurales y para promover el uso eficiente del agua en el riego y la industria.
Desde la oficina de Xalapa –o Emiliano Zapata, según sea el caso- también se debe establecer la política de recaudación y fiscalización en materia de derechos de agua y permisos de descargas, coordinar las modificaciones que se requieran a la Ley de Aguas Nacionales y apoyar su aplicación en el país.
La Conagua también elabora las normas en materia hidráulica, opera el servicio meteorológico nacional –lo que daría una buena oportunidad a estudiantes de la Universidad Veracruzana con esta especialidad-, y se vincula con las dependencias federales para trabajar en forma conjunta en acciones que beneficien al sector hidráulico.
Veracruz, como el resto del país, ha tomado con cierto escepticismo la propuesta de descentralización del gobierno federal. No sólo se trata del tiempo que se debe invertir en el proceso y la logística, sino también de mucho dinero para un país que tiene otras prioridades.
El costo estimado de mudar 27 dependencias federales a los estados será de 127 mil 830 millones de pesos erogados a lo largo de todo el sexenio, es decir, algunas dependencias podrían tardar hasta seis años en mudarse. El costo anual se estima en 21 mil millones de pesos; su financiamiento sería preponderantemente público, pero se considera participación privada en obras e infraestructura.
Por la parte laboral, la dispersión de dependencias federales podría impactar a alrededor de 103 mil servidores públicos que trabajan en la Ciudad de México; esta cifra representa el 17.9 por ciento del total de burócratas que laboran en la capital; de acuerdo con la SFP, suman 579 mil 957. Si se considera que el promedio de personas por hogar es de 4, según el Inegi, el impacto alcanzaría a 416 mil, las cuales tendrían que mudarse a otra ciudad o acoplarse a la convivencia a distancia.
Así que todos los tranquilos, la invasión chilanga aún está por verse.
Las del estribo…
- Este miércoles inicia funciones el Sistema Estatal Anticorrupción, en medio del escándalo político y la disputa jurídica por la designación del Fiscal. Será un evento protocolario en el Congreso, sin embargo, será hasta los primeros meses del próximo año cuando sepamos si el sistema sirvió para combatir la corrupción o para proveer de impunidad a funcionarios de esta y otras administraciones.
- La guillotina pende sobre el cuello de quienes vivieron la jauja que representó la UPAV durante muchos años. Según el ORFIS no sólo le metieron la mano al cajón con los recursos públicos, sino que los ingresos propios –esos que cobraban a los alumnos mediante recibos balines- de plano tampoco entraron a la buchaca y fueron a parar a los bolsillos de los ex funcionarios. Ya se apuntan nuevos huéspedes a Pacho, si es que los alcanzan en medio de su graciosa huída.