El decreto que firmó el Presidente Enrique Peña Nieto eliminó la veda de la cuenca Antigua, Actopan y 22 más en Veracruz, que ahora serán de prioridad de uso publico urbano,  los volúmenes que sobren podrán ser concesionados,  señaló el jefe de Proyectos de Aguas Superficiales de la Subdirección Técnica del Organismo de Cuenca Golfo Centro, Carlos Baizabal..

En conferencia de prensa, dijo que la Comisión Nacional de Agua (Conagua),  vigilará que no se afecten derechos a terceros, el entorno ecológico y el régimen de escurrimiento de la corriente,  · “Si no afecta estos derechos, todo es susceptible de concesionarse, no hay restricción para la construcción de presas, sino afectan el escurrimiento de corriente”, dijo

Explicó que  en la región Golfo Centro se tienen 31 cuencas hidrológicas, de estas el programa nacional de reservas de agua desde el 2012 consideró 26 cuencas para la reserva.

Recordó que el pasado  23 de marzo en el marco del día mundial de Agua en Misantla, el Presidente Enrique Peña Nieto  se suscribió el primer acuerdo de reservar agua para las cuencas del río Coatzacoalcos .

Y se confirmó que el pasado 6 de junio se publicó en el diario oficial de la federación la supresión de dos vedas de las cuencas del río Actopan y La cuenca del Río la Antigua y se reservó agua para uso público y urbano y protección del entorno ecológico las 12 cuencas en que se subdivide el río Papaloapan, el Actopan, Antigua, Jamapa, Cotaxtla.

En total dijo,  son 24 cuencas las que están publicadas con reservas de agua en la región golfo centro.

Advirtió que no tienen reserva de agua  las cuencas del norte, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla y  Misantla, es decir aquí las cuencas podrán ser usadas de forma industrial.

También dijo que hay una iniciativa para reservar dos cuencas más como son : Río Cazones y la Llanura del Río Tuxpan.

 Quitar la veda de los ríos costará casi 500 mdp

El pasado 21 de marzo, el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el decreto que proponía suprimir las vedas de 1935 y 1948 los ríos Actopan,  La Antigua y sus afluentes Pixquiac, Xuchiapan y Huehueyapan, de la Región Hidrológica Papaloapan , y establecer zonas de reservas de aguas superficiales para los usos urbano, domestico y ambiental, así como zonas reglamentadas en las mismas cuencas.

De acuerdo con información recabada por AVC Noticias,  la propuesta de derogar las vedas para la concesión y explotación de agua por los próximos 50 años, estuvo basada en un dictamen técnico de hace ocho años que no responde a las necesidades actuales de las cuencas, advirtieron organizaciones ambientalistas.

El documento  que envió el presidente hacía un análisis económico y revelaba que quitar la veda costará al gobierno federal 422 millones de pesos, pero una vez que se logre, las concesiones de aguas superficiales y la explotación del agua en los afluentes dejará ganancias de hasta 9 mil millones de pesos.

Organizaciones defensoras del medio ambiente consideraron que la petición era un peligro para estos afluentes, porque abre la puerta a un uso indiscriminado del agua y que esta se pueda utilizarse en proyectos industriales, hidroeléctricos y de minería.

En la petición que es pública, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), afirmó que estudios técnicos realizados en 2011, detectaron que en estas cuencas existen volúmenes susceptibles de ser aprovechados, pero hay instrumentos jurídicos , – como la veda-, que impiden su aprovechamiento.

El decreto señalaba que al derogar las vedas existentes, y otorgar concesiones para el uso de las aguas superficiales nacionales, las actividades como la acuacultura y los servicios turísticos, podrán tener certeza jurídica sobre las aguas que requieren para desarrollar sus actividades, así como el respaldo para solicitar créditos.

Este documento también advierte que una vez liberadas las reservas de agua para uso doméstico, público urbano y ambiental o de conservación ecológica, el resto del agua podrá ser concesionados a cualquier otro uso.

En opinión de los expertos ambientalistas, la solicitud prende los focos de alerta, porque se hace a unos días  de las elecciones presidenciales y sin sustento técnico suficiente y con la amenaza de la instalación de megaproyectos.

La población que vive en ambas cuencas sobrepasa el millón y medio de personas. La Cuenca Hidrológica del Río Antigua cuenta con 931 mil habitantes y la Cuenca Hidrológica del Río Actopan con 665 mil habitantes, en 64 localidades urbana de más de 2 mil 500 habitantes.

Quitar la veda generará un alto impacto a las cuencas: CEMDA

En opinión del Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C, (CEMDA) , el decreto de la decisión presidencial tiene varias fallas, entre ellas que cataloga la derogación de la veda como un impacto moderado, lo cual es erróneo, pues debería considerarse como del alto impacto por la cantidad de personas que viven en la cuenta.

También señala que es excesivo dar permiso para la explotación del recurso por 50 años, pues no se toma en cuenta el crecimiento poblacional y la variación esperada en los caudales.

En la opinión que emitió a la Cofemer cuestiona que el decreto carece tanto de la descripción del ecosistema hídrico o ecosistemas afectados, como de un diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos.

También observó que la última consulta pública y los estudios técnicos justificativos, según lo señalado en el propio Decreto datan del año 2011. “ Dicha desactualización puede conducir a que los datos y proyecciones ya no sean vigentes y/o no correspondan a las demandas y necesidades de la población y los ecosistemas actuales”.

El Centro Mexicano recomendó de manera urgente establecer los lineamientos y reglas para determinar los usos del agua y el plazo máximo para su expedición, reducir la duración de la vigencia de la zona reglamentada a 30 años, y realizar un diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos, previo a la publicación del decreto.

Además recomendó la actualización de la consulta pública y los estudios técnicos antes de quitar los decretos de veda y hacer un análisis económico detallado de las actividades económicas de la región, incluyendo las externalidades que pueden derivar de la aprobación de este decreto.

Flavia Morales/Avc