Tal y como sucedió con la Ley General de Víctimas y la ley de víctimas del estado de Veracruz, ahora, la Ley General de Desaparición forzada abre un nuevo intento por contener el reclamo legítimo de los familiares de personas desaparecidas en el país. Desafortunadamente me temo que todas estas nuevas leyes son un intento político de dar una respuesta de contención social a esta situación, más que una solución jurídica, técnica y presupuestal bien pensada. Y para desgracia de las pobres finanzas públicas, significan la creación de burocracias y estructuras que solamente engrosan el gasto corriente de la administración pública. Para decirlo de manera burda y coloquial, es puro atole con el dedo.

En el Congreso del Estado se han presentado a su vez dos iniciativas de leyes estatales de desaparición, una por diputados del PAN y otra por diputados de MORENA. Ambas sin la consulta ni consenso con las víctimas. Por ello, en estos días, la Legislatura local, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) organizó un Foro y mesas de trabajo con representantes de los colectivos de víctimas de desaparición, para conocer sus experiencias y opiniones, que desde luego son sumamente valiosas porque son ellas, las propias víctimas, quienes han estado en campo buscando a sus seres queridos.

El problema que yo veo es que ni una ley ni una comisión de búsqueda van a solucionar esta crisis humanitaria en la que está sumido el país y Veracruz, si realmente no se cuenta con personal, presupuesto y herramientas, que no sólo creen puestos y gasto, sino que se traduzcan en la existencia de expertos, de metodologías adecuadas, de análisis y valoraciones de riesgo y criminales que sustenten dictámenes rigurosos que arrojen resultados efectivos.

Las leyes de víctimas, que surgieron de una movilización y reclamo social legítimo y real, se han convertido en burocracias aberrantes que no están cumpliendo con su función. Peor aún cuando tenemos un nuevo sistema de justicia penal que está necesitando de asesores jurídicos profesionales, especializados, dedicados, y bien pagados, y de acompañantes psicosociales que ejerzan efectivamente esa función y no solamente estén pegando notas de consumo para pagar viáticos.

Este es el riesgo que encuentro ahora en las leyes de desaparición. Los gobiernos tanto federal como estatal, y los legisladores, no sólo no han atendido el tema de víctimas con base en lo que señala la Constitución, la Ley General de Víctimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que están jugando con el dolor de miles de familiares de desaparición, al ofrecer una ley estatal de desaparición que no va a resultar en un cambio significativo ni en resultados tangibles, porque simplemente estas leyes son una respuesta política a esta crisis, y lo serán más si solamente crean más burocracias.

Lo peor de todo esto, es que se está desvirtuando algo que debería ser lo que en este momento tendríamos que estar fortaleciendo y consolidando, el nuevo sistema de justicia penal, y ello se logrará si se intensifica el fortalecimiento de las capacidades técnicas de investigación criminal y la profesionalización y especialización de las policías de todos los niveles.

Las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y sus representantes, son en cierta forma cómplices del gobierno y de los legisladores porque oportunistamente les ofrecen a las víctimas más leyes y más funciones, en lugar de fortalecer lo que ya existe, evaluar y dar seguimiento a un nuevo sistema acusatorio adversarial, ofrecer asistencia técnica en fortalecimiento de capacidades tanto de los servidores públicos involucrados como de las propias víctimas y sus colectivos. Estas organizaciones activistas falsamente están ofreciendo una presión social y política a las víctimas, pero no están acompañándolas para que cuenten con mayores conocimientos y fortalezas para participar efectivamente en las partes que les tocan con base en sus garantías constitucionales.

Con estas iniciativas de proyectos de ley y con la organización de foros de discusión solamente advierto oportunismo político, y arribismo en la rebatinga que es el tema de desaparecidos y de la atención de las víctimas, cuando en la realidad el Ejecutivo del Estado no está haciendo nada por ellas. Ahora proponen una Comisión local de búsqueda (encabezada por un contador público) que no tiene personal experto y remite todo a la Secretaría de Seguridad Pública (lo cual es paradójico si se trata de desapariciones forzadas).

En lugar de ello, y aquí no coincido con la mayoría de organizaciones de derechos humanos ni con los colectivos de víctimas, se deberían fortalecer dos figuras de la mayor importancia, el asesor jurídico de la víctima, y la investigación criminal.

Es cierto el argumento que se necesita un área independiente y autónoma, por un lado de la persecución propiamente del delito y, por el otro, de los cuerpos de seguridad pública, y que, por lo tanto, esa comisión debe estar en las secretarías de gobierno de cada estado y en la Secretaría de Gobierno Federal. Sin embargo, ese organismo debe de tener en los hechos cierta autonomía real, y sobre todo, personal y procesos expertos y especializados en todos los temas de búsqueda e identificación forense de personas.

Pero además, advierto también un menosprecio por lo que toca propiamente a la persecución penal, y esto creo que es un error. Por el contrario, se debe valorar y dimensionar el papel y figura de las fiscalías, de los fiscales, de los peritos y de los policías ministeriales, porque es ahí donde está parte importante de un plan de investigación efectivo y profesional, ellos son los que finalmente estarán llevando ante un juez la acusación, además de lo que le toca al asesor jurídico en su papel de representante de la víctima. Es por ello que no se debería vilipendiar y desvalorar el trabajo de la Fiscalía General del Estado y la Especializada de casos de desaparición forzada, en cuanto a los recientes e importantes casos de desaparición forzada que han logrado vincular a proceso.

¿Se necesita buscar de manera especializada y dedicada a los desaparecidos? ¿Se necesita una comisión de búsqueda? Las respuestas son en ambos casos que sí, que claro que sí. Pero si lo van a hacer, háganlo bien, seriamente, profesionalmente, especializadamente. Lo que no se necesita es que ello signifique una solución política a la presión social de esta crisis, ni engañar a los colectivos y a los familiares.

En el Foro que organizó la diputada Cinthya Lobato del PAN (quien además ni siquiera estuvo presente) no escuché nada nuevo, más que el intento de una diputada de posicionarse para seguir en la jugada política, y el uso y abuso de la movilización activista que hacen algunas organizaciones del discurso de los derechos humanos y de las víctimas. Destaco, en todo caso, la presencia en el Foro y el interés de la Presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto, que sigue sacando recomendaciones en casos de violaciones de derechos humanos por desaparición, a través de las cuales algunas víctimas están siendo reparadas por esas violaciones.

Mientras tanto, las familias esperan, siguen buscando, confían, tienen esperanza, y vuelven a seguir buscando, siguen confiando, siguen teniendo esperanza, y siguen esperando, casi inocentemente, casi irremediablemente.