La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 4/2018, dirigida al Fiscal General dJorge Winckler Ortiz, por irregularidades de diversos servidores públicos en la investigación de la desaparición de la activista Claudia Vera en marzo del 2016.

La activista que colaboraba con organizaciones que brindan acompañamiento a familiares de personas desaparecidas o ausentes en Veracruz, fue levantada por un comando armado en su oficina y a la fecha su paradero aún se desconoce.

“ A la fecha no hay avances para presumir la causa de su desaparición e identificar a los probables responsables, por lo que el caso permanece impune”, señala la comisión en un comunicado.

La Comisión Nacional acreditó que cinco servidores públicos de dicha Fiscalía General violentaron el derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia, de la víctima y sus familiares, y no investigaron oportunamente la desaparición, ya que omitieron tomar en cuenta el contexto de la labor de activismo y acompañamiento de la víctima a familiares de personas desaparecidas, con lo cual dejaron de observar las obligaciones previstas en la normatividad que rige su actuación.

La CNDH solicitó en su momento a dicha Fiscalía General implementar medidas cautelares en favor de la activista desaparecida, para dar con su paradero, se respetaran sus derechos y se brindara seguridad a sus familiares.

Durante la investigación del caso, la CNDH constató que personal adscrito a dicha Fiscalía omitió realizar diversas acciones para su perfeccionamiento, por lo que no garantizaron el acceso a la justicia a los familiares de la agraviada e incurrieron en irregularidades.

“Este Organismo Nacional considera que las personas activistas que representan casos y dan acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición y, en general, de víctimas de violaciones de derechos humanos, realizan tareas que las ubican en una situación de especial vulnerabilidad por lo que el Estado tiene un deber reforzado en su protección y, sobre todo, en investigar los casos de agresiones cometidas en su contra”, señalan.

Explican que en la investigación de la desaparición de una persona las primeras horas son fundamentales, toda vez que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y, en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y testimonios, con lo que se dificulta o hace nugatoria la práctica de diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los posibles autores y determinar su responsabilidad penal.

Por lo anterior, la Comisión Nacional recomendó al Fiscal General del Estado de Veracruz realizar la debida integración de la investigación iniciada con motivo de la desaparición de la víctima y continuar con la indagatoria de los hechos, conforme a los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia y debido proceso, así como instruir a la Visitaduría General de esa Fiscalía revisar la indagatoria del caso y presentar un plan de fortalecimiento de la investigación que tenga como objetivo la localización de la víctima.

También le pidieron colaborar con la CNDH en la queja que promueva ante la Visitaduría General contra los servidores públicos responsables; capacitar al personal de dicha Fiscalía sobre los protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia utilizados para la investigación de los delitos que se relacionen con la desaparición de personas, así como activistas que acompañen y representen casos, tomando en cuenta el Protocolo de Investigación para la Atención de los Delitos Cometidos en Agravio a Personas Defensoras de Derechos Humanos con motivo del ejercicio de su labor, emitido por la misma Fiscalía.

Dotar a los agentes del Ministerio Público de recursos materiales necesarios para realizar las investigaciones en casos de desapariciones; asignar a un servidor público de alto nivel que sea enlace para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación, e inscribir a los familiares de la persona desaparecida en el Registro Estatal de Víctimas y enviar a la Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Avc