Seguridad pública: maras y gallinas ciegas

Entre periodistas que practican ficción política y novela negra, y fiscales y policías que andan como gallinas ciegas dejando en las calles su escasa credibilidad, a Xalapa le han agregado temas de mayor zozobra a las de por sí preocupantes noticias, estas sí reales, sobre ejecuciones, homicidios, asaltos violentos, robos de casas y automóviles, secuestros y extorsiones.

De no ser porque las autoridades policiacas y ministeriales se empeñan en escaramuzas con trasfondo político que impiden que se dediquen seriamente al ataque de los grupos criminales, de seguro podrían escribirse muchas páginas de realismo mágico sobre nuestros azules gobernantes, y no faltarían las bananas con las cuales mostrarles nuestra inconformidad usándolas como proyectiles.

Pero la cosa es demasiado seria como para dedicar la pluma a escribir historias surgidas como de la mente de periodistas que sustituyen su falta de oficio con una imaginación desbordada.

Un tipo de periodistas que, por desgracia, abundan en Veracruz y, lo peor, tienen –gracias a los llamativos títulos de sus artículos– muchos lectores incautos que les creen a pie juntillas. Mire que hablar de un ejército de pandilleros centroamericanos que se mueven bajo el manto de la noche para pasar desapercibidos en las mejores colonias de Xalapa, sin que sus abrumantes tatuajes llamen la atención aún de los más despistados jefes policiacos.

Que los miembros de la Mara Salvatrucha anden por la ciudad parece más un recurso literario que el producto de una investigación seria o la derivación de una delación ligera, cuando no una forma de distraer la atención de los lectores sobre los reales delincuentes que mantienen asolada a la ciudad.

Mientras eso se propaga como un barato bestseller, la policía veracruzana es dedicada a venganzas personales, persecuciones políticas y represión de grupos sociales que ya están cansados de no recibir respuesta, primero, de un sexenio sellado por la corrupción, y luego, por un gobernador solitario que mantiene a un gobierno inoperante dedicado casi exclusivamente a la operación electoral.

A las cajas chinas del gobierno veracruzano (lo último, la larguísima lista de enceres ‘incautados’ a la familia Duarte Macías en Córdoba), ahora debemos considerar las que arman algunos colegas. Se ha llegado al grado de que el secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Manuel Meza García, pida a la Secretaría del ramo que aclare el tema para no crear alarma entre la población.

Pese a la contundencia con que el columnista afirmó haber visto a los miembros de la Mara Salvatrucha pasearse impunemente por colonias como Las Fuentes, Xalapa 2000 o Las Ánimas, donde estarían atracando domicilios, lo cierto es que no ha habido alertas al respecto. Vamos, las autoridades municipales han tenido comunicación permanente con los comités ciudadanos de vigilancia y nadie ha confirmado la estrambótica especie. Incluso, el supuesto informante tiene meses que vive en Puebla.

Según la fantasiosa versión, la Mara tiene sus centros de operación en zonas aledañas al Fraccionamiento Las Ánimas, en un área denominada “cartolandia”, con sucursales en Las Trancas, Estanzuela, El Chico y Jilotepec (casi un distrito electoral, caray), desde donde saldrían de sus madrigueras casi al amanecer para realizar asaltos simultáneos a casas habitación.

Un operativo frustrado en Xalapa: ¿qué buscaban?

El martes de esta semana, varias imágenes daban fe de operativos policiacos simultáneos en la capital del estado. Algunos comentarios vertidos en redes sociales daban fe de que el común denominador era el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien sería propietario de los inmuebles visitados.

En efecto, como se dio a conocer con información muy vaga, la Fiscalía General del Estado, apoyada por fuerzas de la SSP, habrían acudido a catear cuatro inmuebles en Xalapa que, independientemente de su propietario, son ocupadas en arrendamiento por diversas personas físicas y morales.

Según un comunicado enviado vía correo electrónico por un tal Román Collado, los cateos fueron a los siguientes domicilios: uno ubicado en Araucarias 716 en Indeco Ánimas, uno más en Miguel Alemán 1309 en la colonia Ferrocarrilera, un tercero, ubicado en Poniente 7 no. 9, de la misma colonia y, finalmente, uno más en Azueta 98 en el centro de la ciudad.

¿Por qué acudieron a todos estos domicilios? Según el denunciante, “un ex trabajador de esos inmuebles observó que en éstos se almacenaban dinero en efectivo, armas, vehículos robados y personas privadas de la libertad, y computadoras con información de la delincuencia”, y añade:

“La mínima investigación hubiera sido suficiente para determinar que estos inmuebles contienen giros comerciales legítimos. Todos nuestros clientes y pacientes son prueba de ello. Pero los agentes de la Fiscalía General del Estado no pudieron o no quisieron realizar si quiera (sic) un recorrido para acreditar la falsedad de la denuncia anónima.”

Y es que, según el denunciante los agentes de la Fiscalía y elementos policiacos entraron con lujo de fuerza, reventando las cerraduras, pese a que había personas en el interior de los inmuebles e iban con cerrajeros.

Para colmo, los funcionarios estatales ingresaron a los inmuebles, talleres y refaccionarias sin encontrar evidencia supuestamente denunciada anónimamente, aunque sí se llevaron computadoras particulares que contienen información de clientes, pacientes y proyectos industriales, objetos que seguramente nunca regresarán, como no han regresado las despensas que el gobierno le robó al Colegio de Ingenieros Electricistas y que estaban dirigidas a damnificados.

Algo extraño, denuncia el remitente del correo electrónico: “Incluso con ánimo de intimidación ingresaron a las oficinas jurídicas donde se reciben las notificaciones, se archivan los documentos de la defensa y se analizan estrategias para defensa de diversos clientes, incluido el señor Arturo Bermúdez Zurita.”

Los acuciosos investigadores de la Fiscalía General del Estado buscaron incluso en los ductos del aire acondicionado, que sufrieron daños, y revisaron hasta las macetas, dejando las plantas en el suelo junto con la tierra.

Luego de exponer con detalle todos los agentes que participaron en el oprerativo, los afectados señalan: “No encontraron ninguna evidencia y la denuncia anónima solo fue un pretexto para con la complacencia judicial se allanarán bienes inmuebles sin que precediera investigación alguna. Tenemos miedo que las autoridades de la Fiscalía General ante su fracaso de investigación nos siembren pruebas en nuestras computadoras y demás objetos que nos quitaron.”