Stalin es el hermano menor de Eduardo Sánchez Macías, diputado local del PVEM y propietario de varios periódicos, entre ellos, El Heraldo de Xalapa y Diario Martinense. A su favor, la Legislatura del Estado autorizó este jueves la donación de un terreno de más de 15 mil metros cuadrados (1.5 hectáreas) en la zona urbana de Martínez de la Torre, con un valor calculado en 20 millones de pesos.

Tras la sesión, la diputada panista Ana Cristina Ledezma denunció una serie de maniobras que estaría legalizando el gobernador Javier Duarte de Ochoa a través del Congreso local, para obsequiar bienes del Estado en favor de particulares, disfrazados de fundaciones y asociaciones, como pago de favores.

Durante el debate que culminó en la aprobación de la iniciativa de Duarte para destinar al pago de deudas los recursos que se recauden por el impuesto al 3 por ciento a la nómina, el diputado Eduardo Sánchez Macías bregó por la justeza de la medida. Él mismo es uno de los fuertes acreedores por espacios publicitarios contratados con sus medios para alabar la gestión gubernamental, y no dude que esta medida fue un mecanismo para saldar la deuda.

Apenas el 12 de julio pasado, el diputado por Martínez de la Torre justificó la modificación en el objeto del impuesto a la nómina para que se destinara al pago de adeudos gubernamentales, luego de reconocer que sus empresas también estaban en el paquete de acreedores. Confirmó ante reporteros que lo recaudado por ese impuesto se utilizará para el pago a medios de comunicación, aunque confió en que el gobierno del estado “no solo pagará a los medios sino a todos los que estén en el anexo”.

El grave problema es que, en los siguientes días, la Legislatura tiene pendientes muchas de estas donaciones inexplicables y sospechosas, que buscarían –según la legisladora blanquiazul– que familiares de diputados locales reciban predios como un favor político, pago de facturas o de deudas, como es el caso señalado.

En el caso de Stalin Sánchez Macías, la donación la ha recibido a nombre de la organización Transformando el Campo Veracruzano, registrada mediante el acta constitutiva 2446, inscrita en el libro XXX, y emitida por el fedatario adscrito a la Notaría Pública 12, Miguel de la Fuente Maciel, el pasado 13 de enero. Además de Stalin, figuran como integrantes Bárbara Castro Rosas, Nayra Aldape Morales, Roxana Morales Escobar y Aridahi Herrera Caballero.

Baste señalar que desde hace muchos años, a la población de Martínez de la Torre le urge contar con otro centro de salud, puesto que los que operan están sobre saturados y no tienen capacidad para atender a todos los pobladores que deben acudir a las instituciones públicas a recibir tratamiento. La donación de un terreno de esas magnitudes para la construcción de un centro hospitalario pudo haber saldado parte de la enorme deuda social que dejará el gobernante.

La diputada Ana Cristina Ledezma criticó el desmantelamiento de los bienes del estado y reveló que, en los últimos meses, Javier Duarte ha entregado, con el aval del Congreso, una serie de predios a asociaciones civiles y particulares.

Un caso parecido al pago de deudas mediante la entrega de bienes inmuebles es la que pretendía el gobierno estatal con la donación al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) de terrenos y edificios que no iban a poder ser vendidos por esta institución para recuperar miles de millones de pesos de los que ha sido despojado y de aquellos que no se le han transferido. Entre ellos, se mencionaba el World Trade Center de Boca del Río y el Jardín de las Esculturas, que pertenece al IVEC, en la ciudad de Xalapa.

Se perderán más recursos para el campo

Una nota perdida en los medios da cuenta de una declaración del subdelegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Veracruz, Luis Alejandro Chavarría Galindo, que se suma al caos y al deterioro sufrido por Veracruz durante la gestión de Javier Duarte. Según dijo a los medios, el Gobierno del Estado no ha recibido 450 millones de pesos para el campo debido a que no se ha solventado la cuenta pública de 2015.

Tal cantidad resulta de la suma de cerca de 230 millones de pesos de gasto normal más cerca de 170 millones del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), que debieron haber llegado a los productores rurales, tan necesitados de apoyos del gobierno federal (habida cuenta de que la Sedarpa ha cerrado desde hace años los flujos en apoyo a la producción agropecuaria), porque la administración estatal no ha comprobado recursos del 2015.

Chavarría Galindo dijo que lo recursos para siembra sí llegaron a tiempo para el cultivo de cerca de 5 mil hectáreas de maíz, así como los de apoyo de diésel y de maquinaria para los campesinos con más de cien millones de litros del combustible, con un presupuesto de más de 500 millones de pesos.

Sin embargo, los 450 millones de pesos pendientes muy difícilmente aterrizarán. A Javier Duarte no le cuadra ninguna cuenta pendiente con el gobierno federal. Las investigaciones que realiza la Auditoria Superior de la Federación, ya sabemos, lo tienen muy ocupados en su virtual oficina, mandando mensajes mediante Twitter mientras Veracruz se cae a pedazos. Otra más que le debemos a este muchacho.

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