Veracruz se encuentra en un estado crítico. En lo político, se han destruido todos los canales de diálogo para la transición gubernamental. En lo económico, se ha roto toda posibilidad de que en 2016 se establezcan bases reales para crecer, lo que se manifestará en los indicadores económicos, de por sí mermados en los últimos años, tanto en inversiones como en empleos. En lo social, los niveles de pobreza e inseguridad se han disparado, sin que haya la más mínima voluntad para atenuarlos con políticas públicas.

La grave confrontación política (y judicial) entre el gobernador ‘en funciones’, Javier Duarte de Ochoa, y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, ha obligado a este último a transitar por senderos paralelos en la elaboración de un plan de gobierno que, con el apoyo de la Universidad Veracruzana, tendrá mucho de carácter aspiracional.

Los grupos sociales, empresariales y políticos que se encuentran fuera del ámbito gubernamental tendrán la oportunidad de proponer el camino por el que desean que transite el próximo gobierno de dos años pero, hasta que tome las riendas dentro de 106 días aciagos, Yunes Linares no tendrá datos duros de los efectos desastrosos de la gestión duartista y las posibilidades presupuestales reales para atender las necesidades de cambio que le urgen a Veracruz.

Aunque las maniobras (per) judiciales tomadas por Javier Duarte solo parecieran afectar políticamente al gobernador electo, hace ya mucho tiempo que las leyes y medidas tomadas por este joven dinosaurio (con la complicidad de un Congreso local sometido y vergonzante) están afectando e hipotecando el futuro de la entidad, al punto de que muchos analistas prevén que los efectos negativos para Veracruz no podrán resolverse en el mediano plazo, es decir, en 20 años por lo menos.

Para colmo, aunque Javier Duarte se lave las manos y predique en el desierto su evangelio de honestidad y transparencia (al mismo tiempo que busque con desesperación amarrarle las manos al próximo gobernador anclando en puestos claves de fiscalización a cómplices que lo defiendan), la situación se le ha salido de las manos.

No solo ha sido la publicación de sus supuestas propiedades inmobiliarias en el país y el extranjero, que él ha negado reiteradamente, sino también de sus más cercanos colaboradores, como el temido exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, señalado en una investigación periodística del equipo de Aristegui Noticias, de tener varias casas en Texas por valor de 2.4 millones de dólares, lo que él ha aceptado, aunque señalando que son producto de su trabajo gubernamental y de empresas personales, a las que el gobernador elector Miguel Ángel Yunes ha acusado de hacer negocios con el gobierno y, más particularmente, con la dependencia que tuvo a su cargo desde junio de 2011.

Amén de un posible conflicto de intereses, Bermúdez Zurita compareció por más de dos horas este lunes ante la Fiscalía General del Estado, donde hasta donde sabemos no ha habido ninguna denuncia específica por enriquecimiento ilícito, y ha salido con una imperturbable sonrisa, custodiado discretamente por elementos policíacos del estado, evitando hasta donde pudo responder a los reporteros, justo el día en que el Mayor José Nabor Nava Olguín era nombrado como nuevo titular de la SSP, en su sustitución.

“Cabalmente he cumplido con todos los requisitos que marca la ley en claridad de las cosas, estoy aquí porque no tengo nada que temer y vengo a hacer mi trámite legal”, dijo mientras caminaba sin detenerse a los reporteros.

Peña Nieto lo deja solo

“La forma es fondo”, habría dicho don Jesús Reyes Heroles, tuxpeño, uno de los políticos mexicanos de los que ya no existen, y que parece acuñada para describir la orfandad política de Javier Duarte de Ochoa. Aunque este ha tratado de justificar el desplante y desprecio sufrido del presidente Enrique Peña Nieto en su pasada visita a Alvarado, aduciendo una supuesta mascarada para evitar que el Mandatario mexicano cargue con su pleito ranchero con Yunes Linares, lo cierto es que el desdén institucional marcado por Peña es indicativo del hartazgo presidencial ante un gobernador que se ha salido de todas las formas políticas.

Que en el comunicado oficial de la Presidencia y en las más de 100 fotografías subidas al portal oficial no aparezca ni el nombre ni la figura del gobernador Duarte es una clarísima señal de deslinde, que captaron todos los medios periodísticos locales y nacionales (incluso el portal de Yahoo) y todas las fuerzas políticas del país, y supongo que el propio Gobernador del Estado, quien ha debido lanzar algunas señales explicativas que seguramente enconarán aún más el distanciamiento entre ambos personajes.

Pero no fue la única ocasión en que el gobierno federal quiso mostrar el desprecio ante un personaje que ha decidido hace ya tiempo jugar por la libre.

El sábado pasado acudió a Veracruz el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribeña, para entregar directamente apoyos de la dependencia federal por 3 millones 600 mil pesos del Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI), a 2 mil 700 familias afectadas por el paso de la tormenta tropical Earl en comunidades de Coscomatepec, Tequila y Huayacocotla.

Para ello, se trasladó a este último municipio, y visitó la comunidad de Zilacatipan, donde murieron 5 veracruzanos por el deslave de un cerro, que forman parte de los 13 fallecidos como producto del meteoro, y hasta donde se trasladó (podríamos decir que por primera vez luego de su campaña electoral) el gobernador Duarte, quien solo había acudido días después de las afectaciones a caminar por comunidades afectadas por el desbordamiento del río Jamapa.

Si Meade Kuribeña no hubiera venido a Huayacocotla, Duarte jamás habría tenido la intención de ver de cerca el drama de sus gobernados en esa zona serrana colindante con el estado de Hidalgo, porque él ha ‘gobernado’ una extensión muy acotada del territorio veracruzano.

El asunto es que, de nueva cuenta, el área de prensa de la Sedesol federal lo convirtió en convidado de piedra. En prácticamente ninguna foto oficial, salvo en aquellas donde no hubo manera de evitarlo, aparece el recién espigado gobernador, y en el comunicado de prensa no se le menciona ni por mínima cortesía política, y la única veracruzana que aparece es la delegada en la entidad, Anilú Ingram Vallines.

Por cierto, los delegados federales han debido pintar su raya respecto al mandatario veracruzano, y han realizado su labor por su cuenta, sobre todo porque en casi todas las acciones del gobierno federal en Veracruz (sin contar los recursos enviados a la Sefiplan y que han desaparecido misteriosamente), el gobierno estatal se ha llevado todas las glorias, sin dar crédito al gobierno peñista.

Este evidente distanciamiento político profundiza gravemente la crisis de Veracruz.

En los últimos meses, grupos sociales y empresariales prácticamente se han amotinado contra el gobierno estatal. Desde el anuncio de que no pagarán el impuesto del 3 por ciento a la nómina por parte de sectores empresariales porque se ha decretado destinarlo al pago de deuda (apoyado por Yunes Linares, quien ha anunciado que no cobrará recargos ni multas), hasta de organizaciones tradicionalmente alineadas con el Gobernador, además de grupos sociales, quienes han exigido que los apoyos a damnificados sean entregados directamente por el gobierno federal porque todo lo que pasa por la Sefiplan no llega a sus destinatarios, son expresiones de absoluta desconfianza.

Y es que nadie le puede amarrar las manos a Duarte. Ya la Auditoria Superior de la Federación parece desesperada por la forma en que se han perdido miles de millones de pesos entregados por la Federación al Gobierno de Veracruz, y ha metido cuanta denuncia penal le parece sustentada sin que la Procuraduría General de la República (PGR) haya hecho nada para investigar al menos.

Y en ese sentido, sí, Duarte todavía cuenta con el último apoyo que le conviene de parte del presidente Enrique Peña Nieto, a quien le urgiría una acción contra sus correligionarios de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua para demostrar que va en serio su Sistema Nacional contra la Corrupción, ahora que los medios internacionales lo tienen contra las cuerdas por conflictos de interés y actos de corrupción con empresas constructoras internacionales que estarían pagando boleto para ingresar al paraíso de los multimillonarios contratos de obras del gobierno federal.

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