Más vale tarde que nunca.

Finalmente Javier Duarte levantó la voz y tras hacer pública su declaración patrimonial, exigió al fiscal general del Estado que vaya a fondo en las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que tiene contra él mismo y contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Que se les mida con la misma vara.

Eso, a final de cuentas, es lo que demandan los veracruzanos.

Son muchos los señalamientos por el irregular manejo de las finanzas en la actual administración estatal, pero también se cuentan por centenas de millones los bienes que se le atribuyen al gobernador electo.

Todo aquel que sea o haya sido servidor público tiene el deber de transparentar el origen de sus posesiones.

La presunta corrupción de Javier Duarte ha sido tema recurrente en los discursos de Yunes Linares al menos los últimos tres años. Conforme se acercaba el proceso electoral del 2016 el tono del neo-panista se endureció. Pasó de exigir a las autoridades que se actuara en contra del Gobernador de Veracruz, a prometer que sería él mismo quien lo metería a la cárcel.

Una vez confirmada su victoria, Miguel Ángel Yunes arreció sus ataques contra el mandatario estatal, al grado de amenazar al Fiscal General del Estado con proceder en su contra en caso de que no le diera celeridad a las denuncias presentadas por el propio Yunes Linares contra Javier Duarte.

Cada denuncia, cada acción contra su enemigo político fue acompañada de todo el ruido mediático posible. El objetivo era no sólo echar a andar la maquinaria de la justicia contra Duarte, sino que dicha ofensiva fuera acompañada por el mayor desprestigio posible.

Pero Javier Duarte no estuvo cruzado de brazos todo ese tiempo. Muchas veces él mismo, pero en otras sus más cercanos colaboradores, se encargaron de revivir las múltiples denuncias que existen contra el hoy gobernador electo. Desde las inconsistencias detectadas a su paso por el ISSSTE, hasta su presunta participación en la primera fuga de «El Chapo» Guzmán, del penal de Puente Grande, Jalisco. Desde los señalamientos por su vinculación con pederastas, hasta la cuantiosa fortuna que ha acumulado su familia.

Hasta hoy ninguna de las denuncias contra Javier Duarte ha concluido en una sentencia. En las mismas condiciones están las denuncias presentadas contra Miguel Ángel Yunes Linares.

La norma jurídica en México establece como principio básico la presunción de inocencia (Artículo 20, apartado B, fracción primera: «De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».

Esa es hoy la circunstancia. Dos políticos veracruzanos, dos personajes que han alcanzado muy altas responsabilidades en el servicio público, se acusan mutuamente de robarse el dinero público que ha estado bajo su custodia. Ya se acabaron las campañas políticas, ya no es tiempo de promover linchamientos mediáticos. Es la hora de que ambos sustenten sus acusaciones, que prueben sus dichos, so pena de ser señalados como embusteros y difamadores.

Lo que ambos deben tener claro es que ya no hay marcha atrás. La decisión de su futuro ya no está en sus manos. Será el aparato de justicia el que defina si alguno de ellos (o los dos) se ha robado aunque sea un peso del tesoro público.

Ya deben quedar a un lado los insultos y las campañas de lodo. Aquel que reciba sentencia condenatoria habrá de asumir las consecuencias de sus actos.

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