El escándalo provocado por el diario digital Animal Político el 24 de mayo pasado, cuando denunció en un amplio y documentado reportaje la operación de más de 30 empresas fantasma en Veracruz, hoy investigadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a las que se habrían adjudicado más de 645 millones de pesos para acciones destinadas a población vulnerable no hizo sino destapar uno de los mecanismos de los que se han valido gobiernos estatales (aunque puede incluir al federal y a los municipales) para desviar recursos públicos etiquetados originalmente para programas sociales.

Destinados a combatir la pobreza y la pobreza extrema, estos programas se han convertido en fáciles fuentes de dinero público que termina en acciones electorales y, principalmente, en los bolsillos de funcionarios, desde el Gobernador del Estado hasta el operador de mediano calado, encargados de realizar verdaderas operaciones de lavado de dinero. En el caso de Veracruz, el descubrimiento de las empresas fantasma es apenas el cabo de un hilo que, si se le siguiera jalando, llegaría a varias acciones más que datan de la anterior administración.

En efecto, aunque nunca se hizo una investigación que permitiera comprobar esta práctica, fue famosa la sed insaciable del gobierno de Fidel Herrera Beltrán por lograr, de los gobiernos federales panistas, cuantiosos recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), orientados en teoría a atenuar las graves afectaciones sufridas por familias veracruzanas tras el paso de fenómenos meteorológicos (principalmente ciclones, aunque también sequías), y que nunca se reflejaban en las comunidades afectadas.

Todavía hoy, tras casi seis años de haber dejado el poder, por todos los rumbos de la entidad se escuchan protestas de campesinos y colonos a los que se les cayeron puentes, se les destruyeron sus caminos de acceso, se les perdieron cosechas y viviendas o se les desaparecieron muebles y enseres domésticos, y que nunca recibieron el apoyo del gobierno de Fidel Herrera (lo que se ha recrudecido en la actual administración), pese a que el gobierno federal envió recursos etiquetados para ello.

Su famosa frase “no tienen llenadera”, arrojada con cinismo a los pobladores de Tlacotalpan, durante meses bajo las aguas desbordadas del río Papaloapan, pareció acuñada justamente para describirlo. Fidel acostumbraba repartir dinero en cash al damnificado que se lo pedía, mientras él se lucía mojando sus pantalones en las calles inundadas, hasta que llegó el momento en que esas migajas no fueron suficientes para los sufridos habitantes. Ellos necesitaban soluciones perecederas, para las que por cierto el gobierno federal destinaba fuertes sumas (que se añadían a los recursos estatales por la fórmula del pari passu), pero no se realizaron porque desaparecían a través de enormes boquetes difíciles de detectar.

En ese sexenio, cobró celebridad el entonces Secretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, encargado de inventar miles de damnificados aún en áreas apenas tocadas por el chipi-chipi, para lo que disponía de fotografías, formatos y peticiones que, en muchas ocasiones, eran redactadas antes de que siquiera se suscitara un chaparrón. Las reuniones de protección civil, en que se reúnen autoridades federales, estatales y municipales para dar seguimiento a fenómenos meteorológicos, son desde entonces la gran fábrica de mentiras para justificar la petición de recursos del Fonden.

En Veracruz, opacidad y rapiña en programas sociales

Un análisis de Rogelio Gómez Hermosillo, consultor internacional en programas sociales, publicado por El Universal revela no solo la multiplicación de programas sociales en México, tanto en el gobierno federal como en gobiernos estatales y municipales, sino la inexistencia de mecanismos que permitan, uno, medir el impacto de sus acciones, y dos, tener un control sobre el destino de los cuantiosos recursos a ellos destinados.

Según Gómez Hermosillo, quien es coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el país funcionan 6 mil 751 programas y acciones en materia social, registradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, lo que habla de una gran dispersión (el anterior inventario registraba poco más de 5 mil 900), que “genera serios problemas de efectividad, de transparencia y rendición de cuentas, de clientelismo, de dispendio”.

Señala que México (a diferencia del caso de Honduras al que se refiere en su artículo y donde funciona un solo padrón de beneficiarios) tiene recursos para reducir pobreza y resolver carencias. “Entre 200 y 300 mil millones de pesos se dilapidan en este tipo de acciones supuestamente sociales de muy baja efectividad, con graves sesgos de clientelismo, con enfoques paternalistas y con casi nula rendición de cuentas”.

Especifica que los estados con mayor número de programas son Chiapas y Veracruz, con 253 y 241 respectivamente. “El 0% (ninguno) de los programas del gobierno de Chiapas reporta información presupuestal, según el inventario de Coneval. Sólo 35 programas, o sea, el 14%, tienen un documento normativo. Y sólo nueve, o sea el 4%, reportan a la cuenta pública del gobierno estatal. El caso de Veracruz es muy similar: sólo uno de cada diez programas no  tienen un documento normativo. Y siete de cada diez programas no reportan en la cuenta pública estatal”.

Esta opacidad en el manejo de los recursos destinados a programas sociales, tanto los provenientes del gobierno federal como los derivados del presupuesto estatal, ha permitido el desvío de grandes presupuestos que originalmente estaban destinados a educación, salud, mejoramiento de la vivienda e infraestructura. El caso conocido más patético es el que denunció Animal Político en Veracruz. El procedimiento para desviar recursos mediante empresas fantasma, señala, es simple:

“Al arranque del sexenio se selecciona a promotores del voto del PRI, se les pide su firma sin decirles para qué la quieren y éstas se usan para crear nuevas empresas. A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna autoridad revisa.

“Una vez creadas, las empresas se registran como proveedoras del gobierno, capaces de vender desde pañales hasta cemento. Un pequeño grupo de funcionarios, cercanos al gobernador, se asegura que se les otorguen contratos, vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas.

“En esos contratos se finge la compra de productos, que debían distribuirse en zonas populares, pero de los que no hay constancia que hayan sido entregados. Después de obtener el dinero, la empresa cierra.

“El gobierno de Veracruz utilizó ese mismo procedimiento una y otra vez para desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013. En esos años, funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz firmaron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel, serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos. Pero no hay constancia de que fueron entregados”.

Tal es el mecanismo. ¿Alguna dependencia verificó si se entregaron, por ejemplo, miles de pares de zapatos, útiles escolares, láminas de zinc, cacerolas o bolsas de cemento para pisos firmes? Absolutamente ninguna. Si no se ha hecho para el caso de obras como puentes o caminos, menos para saber (y comprobar) que bienes perecederos como los señalados están en posesión de los supuestos beneficiarios.

Derivado del reportaje del diario digital (elaborado con el apoyo de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad), el 11 de julio el Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció que había presentado ante la PGR 32 denuncias contra 31 empresas fantasma, derivado de lo cual, el 5 de julio esta dependencia había iniciado formalmente una investigación penal. El propio SAT había emitido órdenes de auditoría fiscal contra 26 empresas, propiedad de 34 contribuyentes, por realizar operaciones simuladas.

Por estas acciones de flagrante corrupción, por más dinero que se destine en el país y en Veracruz a programas sociales, los pobres seguirán siendo pobres, mientras que los funcionarios pasarán de muertos de hambre a multimillonarios. Algo tenemos que hacer para terminar con estas prácticas.

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