A Javier Duarte todo le estaba saliendo a pedir de boca. Iniciativa que mandaba al Congreso era convertida de inmediato en ley por los dóciles e inútiles diputados priistas (salvo honrosas excepciones).
Lo mismo perdonaba impuestos que asignaba tasas fijas para dar presupuestos históricos desde 2017; igual obligaba al siguiente gobierno a pagar los adeudos del actual, que se buscaba donar a título gratuito propiedades del gobierno; de la misma manera se proponía pagar la deuda con el IPE mediante la cesión de propiedades estatales, que se basificaba a 5 mil empleados para obligar al próximo gobernador a trabajar con ellos.
Pero su buena zancada se acabó cuando él mismo se dio una inesperada zancadilla. El miércoles pasado le salió el tiro por la culata. Le tendió una trampa a Miguel Ángel Yunes Linares en la sede del Congreso local, utilizando a la banda de los 400 Pueblos, pero en lugar de mostrarlo en graciosa huida por la puerta trasera (como le ocurrió a Peña Nieto en la Ibero durante su campaña), provocó que las huestes del torpe César del Ángel reaccionaran violentamente cuando lo vieron salir por la puerta de enfrente.
Las pedradas lanzadas por los alcoholizados arietes de César del Ángel fueron captadas en cientos de imágenes fijas y de video, que se viralizaron de inmediato en redes sociales y en portales informativos del país y el extranjero y, como consecuencia, tuvieron reacciones fuertes en los ámbitos políticos y de gobierno. Duarte había quedado ominosamente atrapado, al punto que de inmediato se sintieron las reacciones de las altas esferas del poder.
Ya veremos este martes (en que el Congreso vuelve sobre el tema), si desde el altiplano presionaron suficientemente como para retirar la propuesta de nombrar un fiscal anticorrupción (ya se le cayó Francisco Portilla Bonilla) y un consejero del IVAI, donde parece que no tiene oposición Gabriel Deantes Ramos, si bien su fama pública lo invalidaría si en el Congreso hubiera diputados pensantes.
En efecto, tras los destrozos que causaron los miembros de la banda de César del Ángel tanto en los vehículos del gobernador electo como en la alicaída credibilidad del gobernador en funciones, pareciera que todo se vino abajo, si bien habrá que esperar esta semana para corroborarlo.
El mensaje enviado por la dirigente nacional interina del PRI, Carolina Monroy del Mazo, en el sentido de que el nombramiento por el gobernador saliente de un fiscal anticorrupción, si bien era legal, no era ético, pudo haber tenido efectos entre los diputados locales de su partido, al punto que debió posponerse la discusión del tema porque no se hubiera zanjado a favor de Duarte ante la falta de los votos necesarios para lograr mayoría calificada.
Durante el fin de semana se habló incluso de que en estos días se podría dar el caso de que se retiraran todas las iniciativas absurdas (y sin aprobar) enviadas por el Ejecutivo al Congreso, y se acabara con el obsesivo afán legislativo que busca poner en jaque ya no al próximo gobierno, maniatándolo presupuestalmente, sino a los mismísimos veracruzanos, que han sufrido los peores embates que puede vivir desde un gobierno que, constitucionalmente, está obligado a prodigarle bienestar y protección.
El nuevo ánimo botaratas
Lo que ha ocupado no solo a los empleados del gobierno en el Congreso, perdón, a los diputados, sino también a la población, a los políticos locales y nacionales, a quienes tomarán el relevo en diciembre próximo, a los empresarios, a los comunicadores y a los artistas, a todos, es el ánimo donador que ha embargado a Javier Duarte.
No solo se trata de resarcir el daño financiero infringido al Instituto de Pensiones del Estado mediante la donación de inmuebles que solo de palabra serán del IPE porque no se pueden vender para reintegrar el fondo de contingencia. El ánimo donador ha cobrado otras peculiaridades, en particular, la de despojar al próximo gobierno de bienes muebles e inmuebles que pudieran servirle mejor que como le han servido al actual gobierno.
Lo primero fue transferir el usufructo de dos helicópteros a la Fiscalía General, pero lo que ha seguido ha adquirido un cariz extravagante, por decirlo de una manera amable. Lo más destacado es la pretendida donación de la Casa Veracruz, que se quiere adjudicar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la Comisión Estatal de Apoyo y Protección de Periodistas (CEAPP) y a la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral de Víctimas, tres organismos inservibles para los propósitos que les establece la ley.
Pero en el caso del IPE, los inmuebles puestos a consideración de la Legislatura son variopintos: desde el World Trade Center de Boca del Río hasta el Velódromo de Xalapa, pasando –aunque usted no lo crea– por el predio del Jardín de las Esculturas (administrado por el Instituto Veracruzano de Cultura), además de terrenos adyacentes, que podría enajenar el IPE para recuperar el monto extraído por las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Sobre el tema del Jardín de las Esculturas, nadie se ha pronunciado. En cambio, el inmueble que ha causado más ruido es el del World Trade Center (WTC), tanto por los empresarios de la zona conurbada (que verían en la administración del inmueble por parte del IPE un camino seguro a su fracaso como dinamizador turístico), como de diputados priistas, inclusive.
En efecto, varios diputados del PRI propusieron a la Comisión de Hacienda del Congreso que no se entregue el WTC al IPE y, en cambio, proponen crear un Fondo de Actividad Turística para que siga siendo un centro de actividad turística que beneficie a la zona conurbada. El diputado Raúl Zarrabal Ferat dijo que el WTC es uno de los activos por su función y su manera de operar que ha fortalecido a la zona, por su carácter de centro de convenciones.
Habrá que ver si el rechazo social a la donación de la Casa Veracruz tiene repercusiones en las sesiones de la Legislatura esta semana.
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