Luego de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) validara de última hora la candidatura independiente de Juan Bueno Torio, el representante de Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya, aseguró que la alianza PAN-PRD presentaría ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud de remoción de los cuatro consejeros locales que votaron a favor de otorgarle el registro al ex panista cordobés.
López Zumaya afirmó que los consejeros del OPLE no respetaron los plazos marcados ni el marco normativo, acusándolos de que en esta decisión cambiaran tres veces el proyecto de dictamen y que en cada uno hicieron una interpretación distinta de la ley.
El representante del partido blanquiazul afirmó que según consta en un dictamen del INE, Bueno Torio no cumplió con el requisito mínimo de entregar 165 mil 578 firmas de apoyo ciudadano, pues sólo se le validaron 162 mil 549 firmas.
¿Lograrán echar abajo la candidatura independiente de Bueno Torio? Se duda. Y es que coincidentemente, una semana después del polémico acuerdo del OPLE, el reportero Rafael Meléndez Terán, de la página web “Alcalorpolitico.com”, dio a conocer que seis militantes panistas habían promovido ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra del acuerdo de la Comisión Permanente Nacional del PAN con el que se aprobó la designación directa de Miguel Ángel Yunes Linares como candidato a gobernador de Veracruz.
En el recurso presentado ante el TEV, los panistas Antonia Sánchez Durán, Jessica Santiago Sánchez, Abel Murrieta García, Adolfo Martínez Zamudio, Miguel Darío Ramos Ladrón de Guevara y Norma Morales Martínez argumentan que era necesario que el ahora candidato declarara “que cumple con los requisitos de elegibilidad y que no se encuentra ni constitucional ni ilegalmente impedido para la candidatura en caso de resultar designado, que no ha sido condenado por sentencia ejecutoria por la comisión del delito doloso y que no tiene ni ha tenido relaciones económicas, políticas, personales y análogas con personas que realicen o formen parte de organizaciones que tengan como fin o resultado cualquiera de las actividades a las que refiere el Artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”.
Los promoventes aducen que “el acuerdo de la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del PAN nos causa agravios a los suscritos militantes, toda vez que por un lado Miguel Ángel Yunes Linares omitió informar al órgano partidista correspondiente la existencia entre otras averiguaciones previas de la Procuraduría General de la República por la comisión de delitos estipulados en el Código Penal Federal en relación a la Ley Federal en Contra de la Delincuencia Organizada, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
“En específico, el aspirante a Gobernador omitió señalar la existencia de averiguaciones previas en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y falsificación de moneda, dependiente de la PGR, con número de expediente PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/114/2013 y PGR/UEIDXSPCAJ/FECCSPF/M-VII/077/2015.
“Asimismo, omitió informar diversas investigaciones en proceso en su contra en la Unidad de Inteligencia Financiera y dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Posteriormente resumen que “en conclusión a este punto podemos afirmar que el agravio reside en la omisión en grado de complicidad de la Comisión Permanente Nacional” ya que
“omitió realizar la investigación a la que la misma Comisión se obliga a conducir y que estipula en el numeral 6 de las prevenciones generales. Procedimiento de investigación que debe conducir ante el cúmulo importante de indicios de que el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares tiene nexos con grupos de la delincuencia organizada o también él mismo ha realizado actividades que sancionan la ley en contra de la delincuencia organizada en la relativa de identificación y sanción de actividades con recursos de procedencia ilícita”.
Y como agravio segundo, los promoventes exponen que “en esta parte consideramos que el cumplimiento del requisito que establece el Capítulo dos, numeral cinco, fracción XXI, correspondiente a la recolección de firmas de no menos del 10% y más del 12% de los militantes inscritos en el Listado Nominal Definitivo es material, humanamente y jurídicamente imposible de cumplir en los términos que aduce el candidato a Gobernador”.
Explicaron que es “materialmente imposible” recabar las 4 mil 439 firmas que corresponden al 10% del apoyo total del listado nominal del PAN (que en el estado de Veracruz está conformado por 44 mil 385 militantes), pues sólo contaron con menos de 17 horas (casi mil 20 minutos, en total), a partir de la emisión de la convocatoria para el proceso de designación (20:00 horas del día 30 de enero) hasta el registro de Miguel Ángel Yunes (31 de enero a las 13:00 horas), tomando en cuenta que las firmas debieron obtenerse entre la militancia de los 212 municipios del estado.
O sea que, en promedio, cada militante supuestamente otorgó su rúbrica a Yunes Linares ¡en un tiempo record de 22 segundos!, un fraude que motivó que la ex diputada federal panista Alba Leonila Méndez Herrera se registrara como candidata del Partido del Trabajo a la gubernatura, y que por su parte el ex dirigente estatal del PAN, Alejandro “El Pipo” Vázquez Cuevas, haya decidido hacerlo también por el Partido Encuentro Social (PES).