Un gobierno fuerte no es aquél que ejerce el poder de manera autoritaria sino el que mejores resultados da a la población con su buen funcionamiento institucional.

Hoy en Veracruz, por ejemplo, no sólo son cuestionadas las dependencias estatales encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia –pese a los campanazos que acaba de pegar hace unos días la Fiscalía General del Estado con el esclarecimiento del secuestro y homicidio de la joven Columba Campillo, en Boca del Río; del hallazgo y rescate de Melissa Espinoza, una estudiante universitaria “desaparecida” que finalmente fue localizada con su novio en el puerto de Acapulco, Guerrero; y con la detención de los homicidas del abogado Genaro David Bermejo Orozco, de Coatzacoalcos– sino que también están en el ojo del huracán los órganos centralizados y autónomos encargados del control y fiscalización de los recursos financieros, así como diversas secretarías de despacho implicadas por la propia Auditoría Superior de la Federación en el presunto desvío de miles de millones de pesos que se han vuelto recurrentes en cada ejercicio fiscal desde finales del sexenio anterior.

Ahora, por si fuera poco, en el municipio de Úrsulo Galván ha vuelto a ocurrir otro ecocidio dejando malparadas a las burocracias federales y estatales responsables del cuidado y preservación del medio ambiente.

Entrevistado por la reportera Ángeles González Ceballos, del diario digital Alcalorpolitico.com, el presidente de la Cooperativa de Pescadores “La Perla” de la Barra de Chachalacas, José Mateo Tejeda Peña, declaró que la mortandad peces se da cada seis meses desde hace muchos años y que a pesar de las denuncias que han interpuesto, “alguna autoridad, quién sabe cuál”, protege al ingenio azucarero “El Modelo” que es el causante de este repetido desastre ecológico. “Cada vez que inicia la zafra y cada vez que termina pasa esto, y como tarda seis meses la zafra, pues al inicio (…) es la mortandad por la limpieza que hacen y al término igual, para dejar limpios los fierros vuelven a aventar los desechos al arroyo que está ahí en la laguna Cabana”, acusó.

Cuestionado por la periodista si han denunciado este daño ambiental ante alguna autoridad, el pescador exclamó: “¡Señorita, no una, varias! Siempre hay quien apapacha a los ingenios”. Tejeda Peña aseguró que alrededor de mil familias veracruzanas dependen de la pesca en la zona de Chachalacas y Loma de San Rafael.

Este lunes 11, se trasladó a la zona del desastre Dalos Ulises Rodríguez Vargas, quien este mes cumple dos años de estar al frente de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente. El funcionario se reunió con los líderes y socios de tres cooperativas pesqueras del municipio de Úrsulo Galván. Ahí corroboró la misma versión de los afectados. “La causa es la misma que ha sido por muchos años. Al término de la zafra la sosa cáustica, que es con lo que lavan la factoría, provoca una inmediata intoxicación a los peces; por supuesto se revuelven con las aguas negras por falta de planta de tratamiento, por falta de inversión del ingenio El Modelo”, expuso.

Sin embargo, en entrevista, el funcionario estatal se lavó las manos al aclarar que atender este problema y aplicar las sanciones correspondientes a la factoría azucarera son competencia exclusiva de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Ellos tendrán que aplicar las sanciones correspondientes al responsable de esta mortandad de peces que hubo”, se deslindó Rodríguez Vargas, quien debe conocer muy bien este caso porque el sexenio antepasado se desempeñó precisamente como delegado de la Profepa en Veracruz, además de que fundó el Colegio de Abogados Ambientalistas y es autor del libro “Marco Jurídico Administrativo de la Protección Ambiental en el Estado de Veracruz”.

El también ex diputado local del PRI lamentó que a pesar de las denuncias que han presentado los pescadores año con año o cada seis meses, no se procede en contra del ingenio azucarero que se ubica a la salida de ciudad Cardel sobre la carretera a Chachalacas. “Efectivamente les asiste la razón porque esta mortandad es recurrente. El gobierno del estado, a través de la Procuraduría a mi cargo, levantará las actas correspondientes y a turnarlas a los responsables que son las autoridades federales, que son las que tienen que aplicar este tipo de sanciones”, apuntó, pues expuso que la dependencia estatal que encabeza perdería los juicios en caso de interponer las denuncias ya que donde ocurrió la mortandad de peces es un afluente de competencia federal.

La soberanía del estado, pues, vale sorbete. Y lo peor del caso es que los delegados de la Conagua y la Profepa, hasta el momento, parecen no estar enterados ni tener conciencia de la gravedad de este ecocidio que cada seis meses se repite impunemente ya que nadie se atreve a clausurar la factoría azucarera ni obliga a sus propietarios a evitar seguir envenenando los cuerpos de agua.

Por su parte, el representante de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Mario Aguilar, declaró que desconocía los motivos de la mortandad de peces en la laguna Cabana, del municipio de Úrsulo Galván.

En una breve entrevista publicada por Alcalorpolitico.com, el funcionario federal señaló que ayer personal a su cargo se trasladó al sitio para realizar la evaluación de daños, como el conteo de fauna afectada y las posibles causas. Pero acotó que en caso de que haya sido por contaminación serán las dependencias en materia ambiental las que actúen.

El delegado de Conapesca dijo que se enteró de este caso por reportes de los pescadores de la zona y por las notas periodísticas publicadas anteayer. Y resignadamente refirió que no es la primera vez que se registra una mortandad de peces, pues comentó que en otras temporadas ha pasado en lagunas de la zona del puerto de Veracruz y de Alvarado.

¿Hasta cuándo pondrán un “¡hasta aquí!”? ¿O así seguiremos sexenio tras sexenio?