El número de secuestrados en Veracruz durante el primer semestre del año fue de 100, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); para julio, la cifra había crecido en más del 10 por ciento, al contabilizar 111, y colocado a la entidad como la segunda en el país con mayor número de víctimas.

¿Por qué entonces el procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo, se empeña en aminorar el impacto de la inseguridad aduciendo supuestas bajas porcentuales, si los datos del SNSP se basan en los que la propia dependencia del Ejecutivo estatal le aporta sobre delitos de alto impacto?

Que estemos muy lejos de Tamaulipas, donde para julio se registraron 121 casos de secuestro, lo que hizo que sola acumulara el 60 por ciento de los expedientes reportados en todo el país en ese mes, es una cosa, pero que el titular de la PGJ trate de proyectar una percepción de mejora parece reprochable e infructuoso.

Amén de que los datos de la entidad vecina podrían derivarse de acciones puntuales que permitieron la liberación de migrantes que habían sido plagiados, en nada ayuda que las autoridades judiciales de Veracruz traten de convencer de que la incidencia delictiva ha disminuido y que vamos por el camino correcto.

¿Cómo ha tratado de hacer magia en la numerología? Mientras el SNSP habla de los datos globales del primer semestre, y ahora habla de lo observado en el mes de julio, Luis Ángel Bravo ha preferido analizar las cifras por mes. De esa manera encuentra que de abril a junio, la incidencia del delito de secuestro muestra una reducción de casi 60 por ciento.

Según el comunicado de prensa que da fe de sus declaraciones, el titular de la PGJ señaló:

“Así lo demuestra el comportamiento delictivo durante los primeros seis meses, que tuvo su pico más alto en el mes de abril con 24 eventos, para disminuir a 14 casos en mayo, sostenerse en la misma línea para junio y descender a 10 en julio, cifra que representa un descenso de casi 60 por ciento en relación con el mes de referencia”.

¿Fue entonces un error del gobernador Javier Duarte de Ochoa reconocer el martes pasado que Veracruz muestra un incremento en la incidencia del delito de secuestro? ¿Por qué el procurador tuvo que analizar el tema desde otro punto de vista para bajar el volumen a las declaraciones del mandatario estatal?

El secreto es que el análisis debe ser global. Es muy posible que de un mes para otro, la incidencia disminuya, pero en cualquier momento esto se puede revertir y, entonces, don Luis Ángel quedará en el ridículo.

Lo verdaderamente trascendente es que, de 2013 a 2014, la incidencia del delito de secuestro en Veracruz para los primeros siete meses experimentó un ominoso crecimiento del 69 por ciento y, ante esas cifras, aportadas por el SNSP, los juegos demoscópicos de Luis Ángel Bravo deben calificarse como una burda tomadura de pelo.

El SETSUV, en el limbo legal

Juan Mendoza Gutiérrez, quien lideró la Planilla Oro y resultó vencedor en el proceso electoral interno para obtener la dirigencia del SETSUV, ha debido bregar contra toda adversidad desde su campaña.

Nadando contra la corriente roja, esa que estuvo cercana a Eloína Vargas Cerdán, dueña del sindicato universitario hasta su muerte, y que buscaba la reelección de Pedro Reducindo Villalba, a Juan Mendoza no le resultaron legales los votos que deberían tenerlo gobernando al poderoso gremio.

En efecto, la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad Laboral (STPS), en un hecho inédito, ha dejado en total vulnerabilidad al SETSUV.

El departamento del Registro de Asociaciones de la STPS, a cargo de la abogada Yazmín Vargas Hernández, le negó la toma de nota, pues argumentó que se presentaron irregularidades en el proceso de elección que obligan a su nulidad.

Gracias a ello, la organización sindical carece de representatividad legal, por lo que cualquier actividad que tenga planeado realizar estará al margen de la ley en tanto el SETSUV no logre corregir las irregularidades que la autoridad le está señalando.

¿Cuál es el meollo del asunto? El sindicato falló a su propia normatividad interna en materia de elección de su dirigencia estatal. Ha sido la autoridad laboral la que le ha negado legalidad al proceso que, en apariencia, llevó al poder a Juan Mendoza, y esa misma autoridad le ha ordenado reponer el proceso para que las aguas retornen a su cauce.

¿Y a quién acusan las huestes del SETSUV? A la Universidad Veracruzana.

No solo se han confrontado con la rectora Sara Ladrón de Guevara sino que han emprendido una infructuosa y ruidosa batalla dentro de la casa de estudios por un tema que deben resolver internamente y ante las autoridades laborales de la entidad.

El problema para los ‘dirigentes’ y sus representados es que hasta en tanto no enfrenten legalmente la determinación de las autoridades laborales y repongan el proceso, seguirán sin capacidad jurídica incluso para disponer de las cuotas sindicales, ya no digamos para emprender acciones legales de defensa de los trabajadores técnicos, manuales y administrativos de la UV.

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