Ahora que el presidente Enrique Peña Nieto vino a inaugurar un pedacito de tramo carretero en Coatepec y a volver a anunciar millonarias inversiones para Veracruz en obras y proyectos que llevan casi dos años sin arrancar, algunos radicales correligionarios del jefe del Ejecutivo federal se preguntan por qué no, en aras de levantar su decaída imagen presidencial y el rating electoral de su partido, el PRI, ante la proximidad de los comicios de diputados federales, el mexiquense ordena mejor a la Procuraduría General de la República fincar responsabilidades y proceder penalmente contra los responsables no sólo del quebranto de las finanzas públicas del gobierno de la entidad sino también por haberles abierto las puertas del estado a los cárteles del crimen organizado, agravando la inseguridad que hasta la fecha agobia a los veracruzanos.

El comentario tiene sustento porque se ha visto que a Peña Nieto no le ha temblado la mano para hacer comparecer ante la ley a otros influyentes personajes de su propio partido.

El caso más reciente es el de Rodrigo Vallejo Mora, hijo del ex gobernador priista de Michoacán Fausto Vallejo, a quien el lunes pasado el juez cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, le negó la libertad provisional bajo fianza, por lo que el proceso que se le sigue por presunto encubrimiento del cártel de Los Caballeros Templarios lo deberá enfrentar recluido en el Centro de Readaptación Social “El Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, donde fue internado este domingo 3 luego de que el Ministerio Público federal lo consignó formalmente por el delito que se le imputa debido a su aparición en un video, validado por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el que se le observa conversando amenamente con el supuesto líder de ese grupo criminal, Servando Gómez Martínez, (a) La Tuta.

Pero Vallejo Mora no ha sido el único. Antes que él fue consignado por la PGR el ex secretario de Gobierno y ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, también sujeto a proceso penal por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador priista de Tamaulipas, anda actualmente en calidad de prófugo ante el proceso que le fue abierto en Estados Unidos por lavado de dinero y recibir sobornos del Cártel del Golfo y de su brazo armado Los Zetas. Peña Nieto no ha metido las manos por él. Es más, a mediados de junio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la petición deYarrington de atraer el caso de una orden de aprehensión en su contra. La resolución se tomó en sesión privada por la Primera Sala de la SCJN, luego de que ninguno de los ministros hizo suya la petición planteada por la defensa del político priista tamaulipeco para evitar ser detenido y extraditado a Norteamérica.

En cambio, el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, sigue muy campante pese a que desde hace más de un año fue involucrado en el juicio iniciado en Austin, Texas, para develar las operaciones de los cárteles mexicanos mediante la cría de caballos de carreras dirigidos desde una hacienda en Oklahoma para lavar dinero.

José Carlos Hinojosa, quien hasta el año 2001 se desempeñó como agente del Ministerio Público federal en Miguel Alemán, Tamaulipas, y luego fungió como contador del Cártel del Golfo, testificó por parte de la Fiscalía en el juicio instruido en Estados Unidos en contra de José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel Treviño, el extinto líder de Los Zetas. Hinojosa declaró que el empresario Francisco Colorado recibió al menos 18 millones de dólares de dicho grupo delictivo entre 2004 y 2005. “De ese dinero, él personalmente envió 12 millones a la campaña del candidato priista a la gubernatura de Veracruz, sin referirse a Herrera por su nombre”, según publicó el diario Reforma.

“En ese entonces yo era el contador del Cártel del Golfo y Efraín Teodoro Torres, ‘Z14’, me instruyó para que enviara el dinero a través del señor Colorado para la campaña del PRI al gobierno de Veracruz”, citó el periódico capitalino. Sin embargo, el testigo aseveró que “una vez que el candidato del PRI obtuvo la gubernatura de Veracruz, Los Zetas pudieron controlar toda la entidad, quedando al mando el capo Z-14 hasta que fue asesinado en 2007”.

Seis meses después de estas revelaciones, a finales de octubre de 2013, senadores de todos los partidos políticos, incluido el PRI, aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por el panista Fernando Yunes Márquez, por el que se exhortaba a la PGR a que a la brevedad les informara si ya se había iniciado alguna investigación derivada de las declaraciones del ex contador del Cártel del Golfo. Además, el punto de acuerdo de la Cámara de Senadores sostenía que en caso de que la PGR aún no hubiera analizado el caso, se le exhortaba para que determinara si era legalmente viable iniciar las investigaciones correspondientes, contemplando, en su caso, solicitar al gobierno de los Estados Unidos, por las vías diplomáticas adecuadas, copia del expediente del juicio antes mencionado.

Ya pasaron diez meses del “respetuoso exhorto” de los senadores y hasta la fecha se ignora si la PGR les informó cuál es la situación legal del ex gobernador Herrera. Ni Yunes Márquez, del PAN, ni los priistas Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla han vuelto a tocar este asunto. ¿A poco Fidel será “testigo protegido”?