Si los diputados locales priistas actuaran con inteligencia y apego a lo que la mayoría de actores políticos y sociales de Veracruz piensan sobre la vacilada panista de proponer un periodo bienal para la próxima gubernatura de Veracruz, ya estarían saliendo a los medios para decir que, en el debate para ajustar los procesos electorales locales a la reforma federal en la materia, esa propuesta no pasará.

¿Qué les impide acabar con esta crispación que tan torpe iniciativa está generando en la mayoría de los sectores políticos de la entidad, particularmente entre quienes han levantado la mano para procurar sus candidaturas al gobierno veracruzano en 2016?

Es lamentable que tanto priistas como panistas en el Congreso quieran convertir su santa alianza en una barrera contra la opinión pública y se comporten como en un Estado autoritario, cuando solamente representan el sentir de electores cada vez más alejados de sus prioridades políticas.

Y doblemente lamentable cuando el 6 de enero de 2012, luego de que fuera aprobada en dos consecutivos periodos ordinarios de sesiones y la votación a favor de 133 ayuntamientos, se puso en marcha la reforma que ampliaba de tres a cuatro años la gestión de los ayuntamientos de Veracruz, bajo el principal argumento de que en tres años las autoridades electas no lograban concretar sus programas de gobierno.

Por supuesto, aquella reforma tuvo otras motivaciones, como la de evitar que en 2016 se juntaran en un mismo proceso las elecciones de Gobernador del Estado y de Ayuntamientos, con lo que se evitaría que el PRI tuviera una elección complicada y conflictiva que pusiera en riesgo la unidad necesaria, indispensable, para mantener el gobierno estatal en sus manos, en unos comicios cada vez más competidos.

Si en tres años, los gobiernos municipales no tenían el tiempo requerido para aplicar grandes obras (se hablaba de un primer año de aprendizaje, un segundo de real impulso y el tercero para levantar la charola), mucho menos le servirá a Veracruz un gobierno estatal de dos años.

Reformas legislativas nos hunden

Por desgracia, en la entidad los procesos electorales nos han empobrecido económica y políticamente. Muchas de las reformas legislativas en la materia están basadas en caprichos personales o partidistas, van al Congreso adornadas de grandes transformaciones que Veracruz necesita cuando en realidad tienen como resorte una necesidad electoral imperiosa, y son aprobadas al vapor por legisladores inexpertos y borreguiles.

La vacilada, presentada por el PAN (pero inmediatamente respaldada y retomada por el PRI, como si de ahí hubiera salido la idea), no tiene el menor sustento legal ni político. Se presenta como una forma de compactar procesos electorales en una misma fecha y con ello ahorrar dinero público destinado a partidos y procesos electorales, de manera que en 2018 sean simultáneas la elección presidencial y la elección de Gobernador, cosa que no es exigida en la reforma electoral federal con la que se busca armonizar la local.

A todos ha quedado claro que el PRI busca ganar tiempo. En primer lugar, despresurizar el proceso ya en marcha en pos de las candidaturas al Gobierno de Veracruz, tanto en el PRI como en el PAN, desalentando a los más avanzados proponentes.

Ya sabemos que estos son los tres Yunes (Héctor y José, del PRI, y Miguel Ángel del PAN), y por otro, aprovechar un escenario en que hipotéticamente el PRI llegaría fortalecido a la elección presidencial con un candidato de arrojo que llevara en su propia ola al candidato priista al gobierno veracruzano.

¿Quién se atrevería a ir a una elección desgastante para solo gobernar dos años? Efectivamente, ninguno de los que ya están en la carrera sucesoria; los aspirantes priistas incluso ya han opuesto sus argumentos contra la desdichada reforma. Pero hay muchos que le entrarían a la aventura con tal de tener dos años para enriquecerse.

Ya sabemos que abundan los dirigentes partidistas que no tendrían la fortaleza para enfrentar un proceso en serio, pero no tendrían empacho en postularse para una competencia a la que ningún contrincante de calendas se registraría.

Y, entonces, como he comentado líneas arriba, a Veracruz le va mal con la democracia. Cada que se acercan comicios, se contraen las inversiones públicas, los presupuestos se esfuman en la compra de objetos perecederos orientados a la promoción de candidatos oficiales, hay una desbandada de funcionarios que buscan cobijarse con fuero constitucional e, incluso, se han ligado estos periodos con un incremento en la comisión de delitos de alto impacto como secuestro y extorsión.

Y, de aprobarse la ocurrencia panista, habría en Veracruz procesos electorales en 2016, 2017, 2018 y 2019, lo que dejaría exhausta a la población y vacías las arcas públicas.

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