Durante los seis años de su gobierno, López Obrador nos recetó algo así como 110 mil mentiras, datos falsos o información imposible de verificar. También desaparecieron al INAI y se apropiaron de la información pública y nuestros datos personales. Reservaron información –en realidad la ocultaron- que mostraba en toda su magnitud la corrupción del sexenio.
Pero ahora, ante la andanada de información respecto del enriquecimiento de sus líderes y sus vínculos con la delincuencia organizada, el gobierno de Claudia Sheinbaumexige que los medios digan la verdad.
Pero no cualquier verdad, sólo la que sale del púlpito de la mañanera y de los despachos de comunicación social. La verdad que ha construido el gobierno, no la que viven millones de mexicanos frente a la violencia, la corrupción, la salud o la educación.
En efecto, el gobierno no pretende hacer alguna reforma a la Constitución o cosa parecida para garantizar su ‘derecho a la censura’; lo que pretende imponer, eso sí, es una serie de disposiciones que van más allá de la propia Constitución y que significan un censor de ‘buena conciencia’ a los medios electrónicos. Las redes sociales es un asunto pendiente.
El régimen que ha mentido de manera sistemática, que ha ocultado información, ahora exige que se diga su verdad.
¿El gobierno exige que los medios electrónicos digan siempre la verdad y que se eviten opiniones tendenciosas y mal intencionadas? Estamos completamente de acuerdo.Podemos empezar porque desclasifiquen la información que debe ser pública y los mexicanos podamos conocer.
La información más sensible que el Gobierno de México ha clasificado como reservada por plazos de entre 5 y 10 años abarca áreas críticas de seguridad nacional, operativos contra el crimen organizado, finanzas de megaproyectos y expedientes de corrupción en curso, en los cuales estarían involucrados personajes del círculo más íntimo del ex presidente López Obrador.
Es esto una especulación. Sí. Entonces lo que deben hacer para saber la verdad es abrir el expediente, no de la investigación judicial, sino de la información que tiene el carácter público y demostrar que las filtraciones hechas por ellos mismos, son falsas.
Clasificar la información sólo es una argucia para ganar tiempo y que la prescripción los beneficie. Bajo la justificación legal de no comprometer la seguridad pública o las relaciones internacionales, las dependencias federales resguardan con estricto celo, por ejemplo, los siguientes rubros:
Inteligencia Militar y Seguridad Nacional. Casos de Alto Perfil y Cooperación con EU, incluidos los operativos de detención de Ryan Weedding, quien supuestamente se entregó voluntariamente y luego se supo que las fotografías presentadas en la mañanera eran falsas.
Se mantiene bajo estricta reserva por cinco años (hasta 2031) toda la documentación, notas diplomáticas e intercambios con agencias estadounidenses sobre investigaciones de presuntos nexos entre el crimen organizado y actores políticos. Esto incluye comunicaciones de la SRE y la FGR ligadas a capturas y traslados de capos como Ismael «El Mayo» Zambada.
Operativos Críticos: Los informes detallados y bitácoras de incidentes militares de alto impacto (como los detalles del «Culiacanazo«) permanecen bajo candado para evitar revelar tácticas de las Fuerzas Armadas.
Protección de Exmandatarios: La Sedena reservó la información sobre el número de elementos, rangos y costos del dispositivo militar que resguarda la seguridad de Andrés Manuel López Obrador.
Finanzas y Logística de Grandes Obras Públicas. Mediante decretos de seguridad nacional, el gobierno federal y diversas secretarías blindaron la información de sus proyectos insignia: Tren Maya y AIFA: Los planes maestros, estudios de aeronavegabilidad, proyecciones financieras y contratos con proveedores se mantuvieron ocultos bajo el argumento de proteger infraestructura estratégica.
Megafarmacia y Vacunas: Los contratos de adquisición y costos reales de las vacunas contra el COVID-19, así como la cadena de distribución de medicamentos, fueron clasificados para no entorpecer las negociaciones comerciales o logísticas. Pero resulta que la megafarmaciaya desapareció y nadie sabe cuánto nos costó la ocurrencia.
Redes de Corrupción e Investigaciones Financieras. En el caso Segalmex, los documentos relacionados con auditorías internas, desvío de recursos y el rastreo de empresas fachada se reservaron bajo la premisa de no afectar las carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas.
Expedientes de Pemex: Informes técnicos y financieros sobre siniestros o pérdidas patrimoniales (como las investigaciones de la explosión en Tlahuelilpan) están protegidos temporalmente para salvaguardar la estabilidad de la empresa estatal.
Si en verdad quieren proteger el derecho de las audiencias a saber la verdad, pueden empezar por derribar la montaña de información pública que han ocultado.
UNAM: el problema no fue el examen sino el virus morenista que la infectó.
La UNAM vive uno de los mayores escándalos de su historia en un tema sumamente sensible: su proceso de ingreso mediante el examen de admisión.
Pero el problema no es que miles de estudiantes hayan hecho trampa durante la primera prueba aplicada en línea, sino que demostró que el virus morenista ha alcanzado sus entrañas. La Máxima Casa de Estudios, distinguida por la calidad en su educación ahora empieza a ser vista como un modelo similar al de las Universidades del Bienestar.
¿Qué fue lo que pasó? Que la Universidad sigue pagando caro el desliz del escándalo de la ministra Yasmín Esquivel.
Después de un ‘profundo análisis’, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó que la tesis de fin de grado de la ministra de la Suprema Corte de Justicia es un plagio de la presentada un año antes por otro estudiante, Édgar Ulises Báez. El trabajo académico, supuestamente redactado por Esquivel en 1987 para conseguir la licenciatura en Derecho, “es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho [Báez]”, según un comunicado difundido por la universidad en enero de 2023.
Entonces, a pesar de la evidencia contundente, un tribunal federal resolvió que la universidad no puede emitir más resoluciones ni actuar en contra de la ministra sobre este caso. La UNAM y la SEP dijeron no tener atribuciones para cancelar o retirar el título universitario y el Pleno determinó que la ministra no tiene impedimento para participar en asuntos legales relacionados con la casa de estudios.
Hoy Yazmín Esquivel sigue siendo ministra de la Corte, sin sanción alguna y sólo con la vergüenza pública a cuestas.
El mensaje para millones de estudiantes fue muy claro: en este país, incluso en la máxima Casa de Estudios, puedes hacer trampa y no habrá consecuencias, no importa si se hace público. Fue la semilla que infestó el árbol…
¿Cómo exigir a los estudiantes que no hagan trampa en su examen de admisión cuando se hace público que se puede plagiar una tesis y ser ministra de la Corte sin consecuencia alguna? ¿Con qué autoridad pretende la Universidad sancionar a los tramposos cuando ha dejado pasar a una de ellas?
Los estudiantes sólo repitieron lo que los morenistas les han enseñado.
El virus morenista infectó a la UNAM. La educación es un trámite prescindible. No se necesita de formación académica y preparación para alcanzar los más altos cargos en el gobierno de Morena. Basta con profesar el cuatroteísmo y adorar al mesías tropical.
Y si no, que le pregunten a la propia ministra YazmínEsquivel y a miles de morenistas que hoy ocupan espacios en las Cámaras legislativas, en los gobiernos federal,estatales y municipales, y todos aquéllos que se han hecho millonarios al amparo del poder.
En Veracruz sobran los ejemplos…
El miércoles, el desafuero de los alcaldes de MC.
El Congreso local ha convocado a sesión extraordinaria el próximo miércoles 5 de agosto por la mañana, en la que seguramente se votará el desafuero de los alcaldes emecistasRaúl González Martínez (Ixhuatlán del Sureste) y Bertín Bravo Montero (Úrsulo Galván), acusados por la Fiscalía General del Estado por presuntos nexos con delitos graves.
Raúl González Martínez, Alcalde de Ixhuatlán del Sureste, es investigado por presuntamente ordenar la privación de la libertad y asesinato de la periodista Roxana Guzmán. Por su parte, Bertín Bravo Montero: Alcalde de Úrsulo Galván, es señalado por su supuesta relación con la desaparición de un empresario minero y su escolta.
Los dos perderán su fuero el próximo miércoles y estarán a disposición de la Fiscalía del Estado. Con ello, el gobierno construirá una narrativa de que Movimiento Ciudadano es un partido que ha dado cobijo a delincuentes, de cara al inicio del proceso electoral local del año próximo.
En su defensa, González Martínez aseguró que la Fiscalía General del Estado de Veracruz lo implica en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez con una fotografía realizada con inteligencia artificial (IA), luego de que ésta solicitó su desafuero. Y dice, algo que resultaría muy fácil de comprobar, que nunca tuvo trato alguno con la periodista.
La Fiscalía basa su acusación en que medios locales refirieron que la periodista tenía en su poder una fotografía de Raúl González en la que aparecía armado, situación que presuntamente habría motivado al alcalde a actuar en contra de ella para evitar su difusión.
Por su parte, al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, se le acusa de estar relacionado con la desaparición de Héctor Ramos Sánchez, empresario minero de Veracruz, y de Ignacio López Torres, su escolta, ambos hechos ocurridos en mayo del 2026. El último lugar donde se reportaron con vida fue la casa del alcalde. (La Silla Rota)
De acuerdo con la Fiscalía, se cuenta con videograbaciones, datos de telefonía, testigos, así como inconsistencias en algunas declaraciones del edil que lo ligan con las desapariciones, según la misma fuente.
El alcalde, a diferencia del de Ixhuatlán del Sureste, no ha emitido alguna postura sobre las acusaciones en su contra y este 30 de julio fue su primera aparición pública luego de que se iniciara el procedimiento en su contra.
Haiga sido como haiga sido, la Comisión Instructora ya tiene listo el dictamen que se votará el próximo miércoles. Los casos tendrán una repercusión electoral con el propósito de debilitar a Movimiento Ciudadano que hoy se presenta como la principal oposición a Morena.
La suerte de los alcaldes emecistas está echada.
Los 285 mil millones de “El Mayo” se quedan en Estados Unidos; nada para México.
¿Qué haría usted con 285 mil millones de pesos? Pues eso mismo se está preguntando el gobierno de Estados Unidos, quien se quedará con los 15 mil millones de dólares de la fortuna que tuvo Ismael “El Mayo Zambada”, mientras que México sólo cargará con las heridas, los soldados caídos y los miles de muertos y desaparecidos.
La sentencia de cadena perpetua dictada por el juez Brian M. Cogan en el Tribunal Federal de Brooklyn tras declararse culpable, incluye el decomiso de 15 mil millones de dólares, los que superan la sanción impuesta previamente a Joaquín «El Chapo» Guzmán. La orden judicial establece que los recursos confiscados pasarán a ser propiedad exclusiva de Estados Unidos.
Cualquier cantidad que obtenga el gobierno de Estados Unidos como pago de sus crímenes por parte de El Mayo, no está sujeta a compartirse en partes iguales con el gobierno mexicano.
La división de 50% de todo lo que se confisque a un narcotraficante y a otros miembros del crimen organizado tanto en Estados Unidos como en México solamente se reparte en proporción equitativa si el sujeto fue extraditado a cualquiera de los dos países. Esto lo establece el Tratado Bilateral de Extradición.
El gobierno de México ya olvidó que se lo llevaron en sus narices y que el piloto que los trasladó a Estados Unidos lo tenían detenido y lo entregaron sin tener la más peregrina idea de quien se trataba. Hoy, con ese mismo nivel de conocimiento, pretenden reclamar parte del botín al gobierno gringo.
La Fiscalía General de la República (FGR) analizará si el país puede acceder a parte de los bienes y recursos de su patrimonio construido con el narcotráfico. “Vamos a pedirle a la Fiscalía que revise”, dijo hace un par de semanas la presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre la reparación impuesta al Mayo en su sentencia por los daños causados durante décadas de tráfico de drogas.
La presidenta no detalló los mecanismos que podrían utilizarse ni confirmó que México tenga derecho a participar en el decomiso. Y no lo dijo porque no tiene la menor idea –o al menos trata de ocultarla- de cómo podrían dividir la inmensa fortuna.
La ratonera
Lo que inició como un conflicto interno entre compañeros de profesión, terminó en la entrega absoluta de una organización de periodistas (ACOVER) al proyecto personal de un personaje, ni siquiera al gobierno de Rocío Nahle. Como a muchos políticos que cambiaron de camiseta, no les cumplirán las promesas, sólo les compartirán de las migajas a cambio de ríos de tinta de halagos y consideraciones.
La honrosa trayectoria y el prestigio de alguno de ellos les obliga a demostrar que NO estarán al servicio del poder.
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