En efecto, la vida política de Javier Herrera Borunda ha transcurrido la mayor parte del tiempo en el Partido Verde, cuya alianza con Morena le ha permitido escalar responsabilidades de alto rango. Sin embargo, ha olvidado el origen de su apellido y de la inmensa fortuna de la que hoy goza: el PRI.

Este sábado, el partido en el que Fidel Herrera Beltrán militó toda su vida, le rindió un homenaje a él y a su esposa Rosa Borunda, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Javier Herrera decidió no asistir, justificando que hoy se encuentra en “una ruta política distinta, desde el Partido Verde Ecologista, donde hoy formo parte de un proyecto que comparto y en el que creo: el de la Cuarta Transformación”.

No conforme con eso remató diciendo que “somos aliados del trabajo de la gobernadora de Veracruz, Ing. Rocío Nahle García, y de la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con claridad y de frente”.

¿Qué tenían que ver Sheinbaum y Nahle con el homenaje? ¿Por qué tanta sumisión? ¿Una candidatura vale más que la dignidad? ¿Quién engañó a Javier Herrera diciéndole que asistir a un evento lo convertiría en priista? Qué rápido se olvidó que Morena se deslindó públicamente del homenaje a su padre organizado en el Congreso local hace un año.

“Eso era mi padre: resolver lo que parecía imposible, sin buscar reflectores, pero dejando huella”, dijo hace un año. Nunca se refirió a la militancia priista de su padre, pero esole permitió iniciar una carrera política y amasar una cuantiosa fortuna económica que, por supuesto, no proviene del Partido Verde ni de Morena, sino de los años que Fidel Herrera estuvo en el PRI.

Como su partido, Javier Herrera mostró estar bastante verde para la política y para lo que parece ser su máxima aspiración: gobernar Veracruz a partir del 2030.

Javier Herrera no tiene ninguna posibilidad de ser Gobernador de Veracruz. Vaya, ni siquiera de ganar la diputación federal de Cosamaloapan en caso de enfrentarse a Eric Cisneros, quien cumpliría con gusto la encomienda de borrarlo de la carrera por la sucesión.

Se trata de un político nacido en pañales de seda, sin estructura propia, salvo aquéllos que añoran los tiempos idus del polémico nativo de Nopaltepec. Pero la nostalgia no gana campañas.

Aunque lleva su apellido, nada heredó de su padre salvo su fortuna. No tiene su inteligencia, su memoria privilegiada ni la agudeza de su instinto. No es un orador que emocione, ni un político a ras de tierra. Su único mérito es ser amigo personal de los dueños del Partido Verde.

Si las circunstancias le favorecen en la elección de 2030, podría ser el candidato del Partido Verde en una eventual alianza con Morena, si es que ese partido sobrevive al tsunami que lo devora. De eso a que sea Gobernador hay un abismo.

El sábado, Javier Herrera no sólo despreció a los priistas que organizaron un homenaje a su padre, sino que tomó distancia de los pocos grupos que aún se identifican con el legado del exgobernador. Mientras que en Morena ni siquiera lo ven como uno de los suyos.

Demostró de qué está hecho.

Rubén Rocha y su disyuntiva: la cárcel o la muerte.

Mientras la presidenta bailaba alegremente acompañada de un grupo de pequeños estudiantes que asistieron a Palacio Nacional el jueves pasado con motivo del Día del Niño, la hecatombe crecía de manera vertiginosa desde Washington hasta Palenque.

A esa misma hora, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya negaba categórico que fuera a renunciar al cargo tras las acusaciones por parte de la justicia estadounidense de tener nexos con el crimen organizado, junto a varios de sus colaboradores.

“No”, respondió al ser cuestionado por periodistas si renunciaría para enfrentar la investigación de la Fiscalía. Hasta entonces, el mandatario estaba seguro de que la protección de la presidenta Sheinbaum y del apoyo incondicional de López Obrador eran suficientes para salvar el pellejo.

Y parecía tener razón luego de que la mismísima FGR aseguró que el gobierno de Estados Unidos no habría presentado pruebas “contundentes e irrefutables” para detener a Rocha Moya y extraditarlo a ese país.

Pero las cosas dieron un vuelco sospechoso. Para la noche del viernes, Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, ambos de Morena, estaban fuera de sus cargos, sin la protección del fuero y totalmente expuestos a la acción de la justicia, lo mismo en nuestro país que la deportación inmediata a Estados Unidos.

El propio Arturo Zaldívar, el ministro de la 4T, aseguró que tanto gobernadores como presidentes municipales con licencia pueden enfrentar una detención como cualquier otro ciudadano, toda vez que la inmunidad procesal “resulta inaplicable en estos casos”. Es decir, el fuero protege la función y no al funcionario. Hoy Rocha Moya ya no desempeña la función.

En estos días, todos los medios han recordado sus palabras como candidato a gobernador de Sinaloa, sobre si el gobierno debía coordinarse con los cárteles de la droga. En plena campaña, Rocha Moya admitió entonces la necesidad de entablar puentes. “Hay que buscar una forma de hacerlo”, respondió en entrevista.

“Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o plática con los delincuentes, sin embargo, hay una cosa: los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico… en ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de Estado”. ¿Una política de Estado en coordinación con el crimen organizado?, ah cabrón.

Irónicamente, en ese momento el candidato Rocha elogió la firmeza de Estados Unidos para castigar a los criminales, subrayando que la coordinación debía reflejarse “como se refleja en Estados Unidos en las leyes”. Hoy esos mismos tribunales están por echarle el guante.

El nombre de Rocha Moya, de 76 años, encabezó las acusaciones de un fiscal de Nueva York y de la DEA, en las que también fueron señalados otros nueve altos cargos sinaloenses, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán. Todos ellos morenistas.

El gobernador con licencia ha dicho que tampoco dará la cara por los otros inculpados: “Cada quien por sí mismo”, cuando la mayoría de ellos estaban bajo sus órdenes. ¿Entonces? Como Adán Augusto, ¿tampoco sabía nada?

Los caminos de salvación de Rocha Moya son cada vez más estrechos. El ex gobernador podría enfrentar una pena de 40 años de cárcel o una cadena perpetua. En ambos casos, su destino sería morir en la cárcel. Sólo la figura de testigo protegido, compartiendo toda la información que conoce, podría salvarlo.

Por cierto, otro de los acusados, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Insunza, también habría dicho que no renunciaría al cargo y que esperaría el llamado de la Fiscalía para contribuir a las investigaciones.

Pero el tsunami también lo alcanzó. La madrugada del sábado habría pedido licencia ya que su intención es entregarse en cualquier garita fronteriza para ser testigo protegido de los Estados Unidos. Así lo habrían planteado sus abogados a las autoridades de justicia de ese país. ¿A quién más piensa empinar el senador?

Con Rocha Moya, el destino ha puesto a uno de los amigos más cercanos de López Obrador en la peor de las disyuntivas: la cárcel o la muerte.

La narco elección que alcanzó a Veracruz (2024).

Los señalamientos de Estados Unidos suponen el mayor golpe contra la narcopolítica en México, al ir dirigida contra funcionarios que aun se encuentran en el cargo, la mayoría de ellos surgidos de una elección marcada por la intervención del crimen organizado.

Hoy las viejas heridas se vuelven a abrir y se convierten en evidencia.

Tras la contundente derrota en la elección presidencial y en la mayoría de los gobiernos estatales, la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que las elecciones de 2021 y las de 2024 estuvieron marcadas por la presunta intervención del crimen organizado.

Esto sucedió en al menos siete estados en disputa, donde —según el documento— se replicó un patrón de coacción, violencia y control territorial para influir en los resultados.

Con el control de los organismos electorales (INE y tribunales electorales), así como del Poder Judicial, las denuncias de la oposición no pasaron de ser simples anécdotas, producto del sabor amargo de la derrota. Sin embargo, hoy se han convertido en prueba firme en los tribunales de Estados Unidos.

Según un informe entregado a la OEA “la democracia mexicana fue arrollada por comandos armados”, y describe una serie de “operaciones quirúrgicas” que habrían favorecido triunfos políticos en estados como Sinaloa, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí, además de incidir en elecciones municipales en el Estado de México, Veracruz y Guanajuato.

La coalición «Va por México» denunció ante la OEA que la presunta interferencia del crimen organizado, violencia y control territorial se replicó en siete entidades durante los comicios de 2021 y la presidencial de 2024.

Testimonios refieren que funcionarios fueron amenazados y despojados del control de actas, como ocurrió en cientos de municipios en todo el país “¿Quiénes (…) son los representantes de oposición? (…) Si valoran su vida, se largan”, advirtió uno de los agresores, según el expediente.

Además, se advierte que en diversas regiones se instruyó a la población sobre por quién votar, con presencia de sicarios en casillas para verificar el cumplimiento de estas órdenes. Un testimonio citado refiere: “o te ‘bajas’ de la candidatura o te ‘bajan’ (…) te asesinan”.

En Veracruz, durante la administración de Cuitláhuac García, se registraron 51 eventos de violencia política, incluida la ejecución del candidato René Tovar en Cazones de Herrera horas antes de los comicios. El informe acusa una presunta omisión de las autoridades estatales ante estos hechos.

En marzo de 2024, los partidos de oposición denunciaron que en total 46 candidatos declinaron de participar en las elecciones del 2 de junio. Al desglosar el dato, planteó que son 22 son del Partido Revolucionario Institucional, 14 de PAN y 10 del PRD los que decidieron ya no participar en las elecciones, ni aparecer en las boletas electorales ante las amenazas del crimen organizado.

En este contexto, hace más de un año, se informó que Estados Unidos entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum una lista de investigados que incluye a Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Américo Villarreal (Tamaulipas), Mario Delgado, y otros, reportando la revocación de visas.

Pensaron que todo quedaría en un mero trámite consular que dejaría a los implicados sin la posibilidad de llevar a sus hijos y nietos a Disneylandia. Hoy algunos de ellos ya no necesitarán visa para acudir a la corte de justicia en Nueva York.

Morena pide hoy pruebas contundentes e irrefutables; ayer aprobaba congelar cuentas y prisión oficiosa sin pruebas.

Hágase la justicia en la yunta de mi compadre y la impunidad en el sombrero de mis cómplices.

Es curioso que el gobierno de México exige pruebas irrefutables para extraditar al narco gobernador Rocha Moya y que, al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera pueda congelar tus cuentas bancarias bajo cualquier sospecha, sin necesidad de pruebas ni orden judicial.

Curioso también que Morena y sus aliados hayan promovido con terquedad la prisión preventiva oficiosa pero hoy se nieguen a detener y extraditar a Rocha Moya -y a muchos otros funcionarios que seguirán en la lista- bajo el argumento de que las pruebas no son contundentes.

Curioso que la Presidenta cuestione a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos por permitir operaciones conjuntas con autoridades de Estados Unidos para combatir al narco -incluso le quisieron iniciar un juicio por traición a la patria- pero salga en apasionada defensa a quien a sido uno de los vínculos principales de Morena y el crimen organizado en Sinaloa.

La 4T ha impulsado la reforma para mantener y ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México, con la justificación de combatir la impunidad, lo que implica cárcel automática y luego la investigación, violando la presunción de inocencia.

En cambio, Estados Unidos no está violando ninguna presunción. Está pidiendo la extradición del ex gobernadorcomo marca la ley y los tratados internacionales. Pero hoy no se trata de un adversario sino de uno de los hombres más emblemáticos de Morena.

A Morena lo está devorando el huevo de la serpiente que incubó con esmero. El discurso es insostenible y la justicia está cada vez más cerca, así sea la de Estados Unidos. La principal contradicción no es jurídica, sino moral y política. Morena impulsa un Estado fuerte para perseguir, pero garantista para protegerse.

Si se defiende que la UIF pueda afectar patrimonio sin sentencia, o que la prisión preventiva sea una herramienta válida aun antes de condena, entonces ese criterio debería aplicarse con la misma vara a todos, incluidos sus propios funcionarios. Pero la complicidad es más fuerte que la justcia.

Ya lo dijo Marco Rubio, el Secretario de Estado de EU, antes de detener a Nicolás Maduro: “No vamos a permitir que un cartel se haga pasar por gobierno dentro de nuestro hemisferio”.

Al igual que en Venezuela, en el caso de México y los políticos señalados de estar vinculados al narco “hay pruebas, hay cargos y hay una red criminal detrás suyo”. El círculo se cierra.

Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum y su gobierno están más ocupados en defender a los suyos -si caigo yo, caemos todos, es una frase cada vez más recurrente- que en perseguir a sus adversarios, muchos de los cuáles, ya han tejido fuertes vínculos con los Estados Unidos.

Al parecer, la cárcel de Estados Unidos se abre para Morena y sus más connotados narco políticos.

La ratonera

“Mi renuncia obedece a que el partido hoy se encuentra secuestrado por un personaje impresentable que pretender seguir decidiendo por décadas el futuro del PRI. Alejandro Moreno no sólo ha fracturado al partido, sino que ha alejado a sus más distinguidos militantes, reduciendo al PRI a una minoría sin proyecto, ni futuro”, le sorrajó Héctor Yunes a Alito Moreno este domingo al anunciar su renuncia al PRI.

¿Le soltarán los perros a Héctor Yunes? ¿Quién es el siguiente? El PRI cruje.